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Por:
Luis Guillermo Echeverri Vélez
Agradezco
al doctor Carlos Enrique
Moreno Mejía quien nos compartió la importante y bien lograda contribución del doctor Néstor Raúl Correa al análisis de
coyuntura actual, titulado “La captura del pasado”,
que contiene un magnífico análisis de obligada lectura para quienes dedicamos
tiempo al estudio
de cómo entender las realidades y tratar de volver a reestructurar un “balance de país” positivo y sostenible
en lo económico, social y político.
De
manera respetuosa, me permito algunos comentarios personales a este importante
escrito:
1.
Es muy bien lograda la conclusión y la lógica del escrito. El informe de la tal
“Comisión de la Verdad”, termina siendo una narrativa a medias y por tanto
sesgada y embustera. Adolece totalmente de equilibrio lógico, humanitario y
analítico. Definitivamente se soporta en una selección parcial y acomodada de
testimonios que tapa gran parte de la totalidad del espectro de la verdad tal y
como aconteció. Por tanto, la Comisión de la Verdad le faltó a la verdad.
2.
El artículo del doctor
Correa, estriba en la premisa correcta de que sólo se entra en procesos transformadores
si se construye reconociendo errores, pero sobre la base sólida de los
principios fundacionales éticos y morales que asisten en derecho, al pacto
social que le dio entidad y libertad a una nación. Por el contrario el reporte
de la Comisión de la Verdad, como se hizo bajo los criterios orientadores de la
“sastrería De Roux”, hace parte de una ideología que históricamente soporta
procesos revolucionarios comunistas, que parten siempre de la premisa de destruir
conceptual y físicamente todo lo existente y por tanto adolecen de fundamentos
afines al desarrollo sostenible y la función del Estado de generar bienestar
equitativo, más no necesariamente igualitario, en función del sistema de
garantías sociales y libertad de empresa y mercados. Entendamos que el uso de
narrativas acomodadas es el eje esencial del estupro populista y su dialéctica
demagógica inversa que pulula hoy por la región. Un ejemplo es toda la retórica
Castro-Chavista y el discurso de Lula promocionando de frente todo tipo de
narrativas sesgadas, a medias y falsas.
3.
El proceso cultural educativo y evolutivo de los pueblos equivale a una de las
acepciones de lo que se conoce como la formación de una civilización, y ello, de nuevo, es un camino largo y difícil que
implica errores y logros, que deben reconocerse y corregirse con objetividad,
con sensatez y entendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin el
sesgo propio de los odios de clase, y con el propósito de ir eliminando la
violencia en función de la sana y constructiva convivencia.
El
análisis del artículo del doctor
Correa en ese sentido es excelente. A diferencia de la sana convivencia, de “La
Paz” como concepto se abusa todo el día, sin respetar que se trata de un ideal loable
y al que toda sociedad tiene que aspirar, pero que tal vez es inalcanzable de
forma total y no relativa, en la medida que existan diferencias y hechos como:
la violencia y el terrorismo y narcoterrorismo de organizaciones ilegales e
incluso ejercido por el propio Estado o por colectividades políticas, y
mientras la sociedad presente variables de comportamiento humano individual o
colectivo (crimen organizado), que demandan la existencia de la coercibilidad
del derecho como estabilizador del funcionamiento del pacto social.
4.
Es claro que toda generación pagará los errores de los antepasados y también
por los propios, pero el costo de ello no debe incluir, ni permitir que se
obstaculice el proceso evolutivo de un pueblo o nación y su sociedad, en función
del desarrollo sostenible sobre las bases fundacionales del derecho
constitucional que asiste su pacto social, con odios, resentimiento, violencia
conceptual, verbal o física, terrorismo ejercido por ideólogos o ejecutores de
actos punibles, ni tampoco con habilitadores como la teoría que empieza por el
perdón y el olvido, pero que en el fondo conlleva a un cambio doctrinario de
las realidades históricas en función de “X o Y” ideología política.
5.
El artículo destaca cómo el reporte de la Comisión de la Verdad ,resulta
parcializado y, por ende, con vicio de falsedad pues está dirigido y elaborado
por un grupo que no es imparcial pues no está compuesto por personas
caracterizadas por su ecuanimidad o que siquiera representen diferentes
ideologías, y esto convierte el extenso e incompleto reporte, en una
herramienta elaborada a conveniencia de la narrativa de justificación
revolucionaria destructiva, y claramente acomodada y parcializada de la
historia, ignorando cientos de miles de hechos violentos, denigrantes actos
dolosos y degenerados contra la dignidad humana y crímenes atroces y de lesa
humanidad, tal y como sucedieron y se reportaron en tiempo real.
Para
mí, el reporte de la Comisión de la Verdad es una ofensa al periodismo y a la
ética en la comunicación social, que como lo expresa la crítica del doctor Correa, omite los adelantos y progresos
colectivos en matera de desarrollo de nuestra nación, el valor y la solidez de
nuestra democracia, y,
además, ofende profundamente
a muchas de las víctimas, sus familias y sus pares.
6.
En mi opinión, la forma en que se utiliza en Colombia la acepción “conflicto armado”
corresponde al significado vulgar del diccionario, pero no al jurídico en
derecho internacional y, por tanto, no
se usa correctamente. Es, en esencia, un vehículo o herramienta revolucionaria
que significa la apertura de la puerta giratoria que distorsiona la realidad y
habilita este tipo de informes fraudulentos, como apalancamiento de la
impunidad total y modo de evadir, evitar y burlar el necesario cumplimiento de
la legalidad.
¿Por
qué lo digo? Porque reconocer el conflicto armado es un error elemental que
jamás se debe cometer en un Estado de Derecho verdaderamente democrático, pues
ello significa calificar de legítimas o legitimar todas las actividades de las
organizaciones criminales contra el Estado, la sociedad o los ciudadanos y
personas naturales o jurídicas.
Reconocer
un conflicto armado o llamar guerra a las actividades violentas y criminales
contra la ciudadanía y el Estado significa, ni más ni menos, que poder
equiparar el terrorismo y el narcoterrorismo a la legalidad de la utilización
de la fuerza coercitiva del derecho, en manos del Estado.
Por
tanto que se reconozca un conflicto armado –como perniciosamente lo hicieron
Samper y Santos e inocentemente se los compraron gran parte de la comunidad
internacional de ONG y muchos medios de comunicación–, internacionalmente en
derecho, equivale a validar el “estatus
de beligerancia” de las
organizaciones crimínales alzadas en armas y equipararlas a las Fuerzas Armadas
constitucionales del Estado. Pero lo peor y lo real es que al hablar de “conflicto
armado o guerra”, se le da paso a la teoría del derecho internacional que le
otorga reconocimiento del “Derecho de rebelión”, lo cual a su vez da pie para
la barbaridad que representa la apertura a la teoría de la “conexidad de delitos”
en procesos que, en lugar de sometimiento a la justicia, terminan en imposibles
y falaces negociaciones con el terrorismo, que en el fondo terminan siempre en viabilizar
y consolidar la impunidad total.
Esta
secuencia burla el fundamento del derecho penal doméstico e internacional y
garantiza la impunidad de los crímenes de sangre o delitos de lesa humanidad, cuál
fue el caso del ilegal, espurio y tramposo acuerdo del gobierno Santos con las FARC-EP realizado en territorio
jurisdiccional dictatorial, ajeno al derecho colombiano y validado por dos
dictaduras totalitarias y comunistas antidemocráticas y por unos observadores
que sirvieron de idiotas útiles que también violaron conceptualmente el derecho
constitucional colombiano, al asistir el proceso de toda suerte de
narcoterroristas que tenían ya juicios y órdenes de captura en Colombia y en el
resto del mundo.
7.
El escrito del doctor
Correa respalda con su lógica, el hecho de que este tipo de reportes caen en el
espectro viciado de lo falaz y además validan el ejercicio del poder a manos de
delincuentes o exdelincuentes, terroristas o psicópatas que siempre cuestionaron
la legitimidad de la legalidad constitucional, de acuerdo con los fundamentos
del pacto social de una nación y por tanto lo desnaturalizan al abrir la puerta
a la validación de formas anárquicas, que pasan muy rápido a ser autocráticas y
luego dictaduras o regímenes totalitarios disfrazados de democracias, propios
del mal llamado socialismo del siglo XXI, abiertas a todo tipo de abusos a la
libertad y a reformas o cambios de constitución, y a la financiación ilegal de
la política y del propio Estado, que al final se traduce en terrorismo de Estado
y en una nueva forma de esclavitud colectiva a manos de una nueva minoría
ilegítima que controla el poder.
No
tengo duda que el reporte de la Comisión de la Verdad hace parte de una hoja de
ruta narco-comunista, y es el vehículo que habilita las herramientas
doctrinarias con que las minorías desacreditan la legalidad por la vía del
libertinaje y someten la libertad de las mayorías.
