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Concluimos, con el
valioso aporte de nuestros contertulios, que el origen de la catástrofe que
vive Colombia no reside en los acontecimientos previos a la campaña electoral.
Más bien es el resultado de un proceso de descomposición del país en general y,
en especial, del rotundo fracaso de nuestro fallido sistema político.
Una sociedad es lo
que su clase gobernante quiere que sea. Siguiendo a James Burnham podemos
afirmar: “la fuerza o la debilidad de una nación, su cultura, su capacidad
de perdurar, su prosperidad y su decadencia dependen, en primer lugar, de la calidad
de su clase gobernante” (BURNHAM, James, Los Maquiavelistas, Emecé Editores,
1945, pag. 118)
A la vista tenemos
el resultado que nos dejan estos años de “dañado y punible ayuntamiento” de
nuestra clase gobernante con la extrema izquierda que sólo busca la destrucción
de nuestra Nación, con los carteles de la droga, y con los beneficiarios de la
corrupción instaurada en los más altos niveles de los poderes públicos.
No olvidemos que
han sido nuestros gobernantes con sus coaliciones mayoritarias en el Congreso,
quienes, incurriendo en el mayor prevaricato de nuestra historia judicial,
desconocieron la voz del pueblo que rechazó mayoritariamente en un plebiscito
el acuerdo con los terroristas de las FARC.
Ha sido nuestra
clase gobernante la que ha permitido que se lave el cerebro de nuestros
estudiantes con los ponzoñosos brebajes del marxismo-leninismo, el materialismo
y la destrucción de la familia tradicional. En el pasado gobierno, elegido por
una coalición de “centro”, se ordenó editar una cartilla para enseñar la
ideología de género a nuestros niños y jóvenes.
¿Quién, sino
nuestra clase gobernante, ha permitido en los últimos 12 años el crecimiento
desaforado de los cultivos ilícitos, suspendiendo la fumigación aérea y los
bombardeos a los campamentos de los capos de la guerrilla narcoterrorista, y
beneficiando a estos con impunidad y beneficios económicos?
¿No es nuestra clase
gobernante la responsable de las reformas constitucionales que otorgaron
excesivos poderes a la “dictadura judicial” que ahora cogobierna, legisla y
falla políticamente o según le convenga al mejor postor?
¿Acaso el cúmulo de
irregularidades en la contratación de las empresas que manejaron los
escrutinios en las pasadas elecciones, la descarada compra de votos y las miles
de inconsistencias denunciadas no son imputables a un organismo electoral
diseñado por nuestros gobernantes y legisladores para falsificar la voluntad de
los electores?
En ocasiones
nuestros gobernantes han abdicado de los legítimos poderes que la legislación
les otorga para el mantenimiento del orden y la protección de los ciudadanos y
sus bienes, apelando a procedimientos hipócritas o a humillantes acuerdos con
los enemigos del Estado, mostrando vergüenza de ejercer la autoridad o temor
frente a la crítica de sus adversarios. Como consecuencia de su cobardía hemos
llegado a una deplorable condición de inseguridad y de injusticia y a la
decadencia económica y cultural que atravesamos.
Para nuestra clase
gobernante ha sido prioritario actuar de conformidad con sus intereses
personales, no con los de la comunidad o la nación. Priman los intereses
materiales, los del presente, no lo que afecte a mediano y largo plazo a la
sociedad. Por ello, los temas de las campañas están limitados a aquello que en ese
momento pueda mover a las masas a apoyar sus candidaturas, no lo que pueda
beneficiar a la comunidad en general.
Colombia está
regida, estimados amigos, por un fracasado sistema político, que ha abandonado
los principios tutelares de nuestra identidad nacional para acoger extrañas
ideologías que han fracasado en el resto del mundo.
Carecemos de un
sistema verdaderamente democrático, pues las camarillas que se eligen no
representan ni siquiera a los ciudadanos que las eligieron. Juan Manuel Santos,
por ejemplo, se hizo elegir para continuar el programa de gobierno de la
Seguridad Democrática y. tan pronto se posesionó, rompió su promesa y lanzó al
país al abismo de la entrega del poder en los brazos del narcoterrorismo. El
Presidente Duque prometió modificar el acuerdo con los guerrilleros y fumigar
los cultivos ilícitos, dos promesas que se quedaron sin cumplir.
Nuestro sistema
democrático se fundamenta en la compra de votos, es decir, está corrupto desde
sus raíces. Los partidos políticos son empresas electorales para llevar a unos
individuos a posiciones donde buscarán alcanzar sus propios intereses, no los
de sus electores.
No es confiable
para nada, como se ha demostrado palmariamente en las últimas elecciones
presidenciales, el sistema electoral, ni lo son los organismos encargados de su
manejo y control.
Con una clase
gobernante corrompida, un sistema que no representa a la gente, una democracia
fallida en sus resultados y una absoluta falta de credibilidad en los
funcionarios electorales ¿no es hora de que pensemos con inteligencia y
decisión en cambiar esa deleznable estructura política?
¿Seremos capaces de
convertir nuestras pacíficas y multitudinarias marchas en la semilla de un gran
movimiento cívico a que aglutine a los colombianos, sin la intermediación de
los políticos? ¿Por qué, en lugar de esos artificiales movimientos políticos
inventados para engañar al pueblo, no nos manifestamos a través de comités de
nuestra profesión u oficio, en cada región y ciudad para convertirnos en una
verdadera avalancha democrática, cívica y popular?
Parece tarea de
titanes, pero existen en la historia muchos ejemplos en los que el hombre se ha
levantado para hacer valer sus derechos. El derecho a ser gobernado con arreglo
a la razón y a la equidad es connatural al hombre. Por lo tanto recurro de
nuevo a Marco Aurelio: “No pienses, si algo te resulta difícil y penoso, que
eso sea imposible para el hombre, antes bien, si algo es posible y connatural
al hombre, piensa que también está a tu alcance” (MARCO AURELIO, Meditaciones,
Editorial Grados, 1977, pag.118).
