Por John Marulanda*
En agosto de 2010, el saliente Uribe
encargó al entrante Santos que cuidara su herencia, tres huevitos que definió
claramente: la confianza inversionista, los avances sociales y la seguridad.
Desde mayo de ese año electoral, el candidato del Polo Democrático Alternativo,
Gustavo Petro, obtuvo el noveno lugar con mas de 1 millón 300 mil votos, un
poco más del 9% del balotaje total. Durante su permanencia de 8 años en el Congreso,
había hecho oposición durante los dos periodos de Álvaro Uribe, y terminó por promover
el voto en blanco en la justa electoral de aquel entonces.
Algo debió haber asimilado ese
aprendiz de brujo pues 12 años después, siendo ya presidente, reunido con sus
equipo ministerial y administrativo en la hacienda Hatogrande, enfatizó que
tres son los pilares de su gobierno: Justicia social (avance social de Uribe)
Justicia ambiental (seguridad de Uribe) y Justicia económica (confianza
inversionista). Lo anterior son solo elementos básicos de una triada que busca
lograr el cambio dentro de una Paz Total, según el presidente actual.
Paz Total que se intuye llena de nubarrones.
Y como si el remedo estructural a la
política tradicional fuera poco, ahora la esposa del exguerrillero, Verónica
Alcocer, ha viajado como embajadora especial, emulando a las exprimeras damas
que representaron “los altos intereses de la patria” María Juliana de Duque (14
veces), María Clemencia de Santos (9 veces) y Lina María de Uribe (5 veces). De
nuevo, la tríada mágica de la política criolla aparece en escena. En el entretanto,
las masacres continúan, persiste el silencio sobre la producción mundial de
alucinógenos, y más de 22 bandas criminales buscan su acceso a las propuestas
para su inserción en un nuevo proyecto de ley que facilita ese procedimiento,
tal y como lo hicieron los presidentes anteriores en su momento.
Al mejor estilo del político
latinoamericano tradicional, Petro plantea horizontes revolucionarios
prudentes, y con su propuesta de Paz Total, corre el riesgo de quemarse en su
intentona de dejarle el 10 % de sus propiedades a los narcotraficantes, que
incluyen al ELN y las FARC, condenarlos solamente a 10 años de prisión efectiva
y enviarlos a cárceles comunitarias, algo opuesto a la propuesta del presidente
Bukele, de El Salvador.
El aire de cambio aún no se percibe
en el ambiente, como no sea la depreciación del peso, la más crítica del
continente y la desaceleración de la dinámica económica. El plan de gobierno,
más allá de la dialéctica de las tres justicias, busca un cambio fundamentado
en un bloque de integración económica y política, tipo Unasur, difícilmente
excluyendo a Estados Unidos, el replanteamiento de la guerra contra las drogas,
causante de toda la violencia estructural de Latinoamérica y la defensa del
Amazonas a través del Tratado de Escazú o un tratado de cooperación amazónica,
propuesta que Blinken alabó.
Con un llamamiento a la democracia
participativa, el actual presidente y sus áulicos han amenazado con una marcha
popular, para contrarrestar las recientes multitudinarias protestas, algo que
nos llama la atención porque si esa convocatoria se convierte en realidad, será
de las masas populares del senador Bolívar, quejosas debido a la escasez y
carestía a las que este gobierno está convocando para integrar un país de por
sí pobre, aunque con muestras claras de recuperación en la post pandemia, que
esta gobernanza está ralentizando. Nos estamos emparejando con nuestro vecino
Venezuela.
Adendo: no es claro que
Colombia haya jugado un papel evidente en el intercambio de detenidos entre
Caracas y Washington, como le propuso el canciller al dictador nicaragüense en
su momento, y dudo que pueda jugarlo en un futuro inmediato. Venezuela, sí
puede, con la asesoría estratégica cubana, ayudar a que el ELN deje de
disparar.
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