Por Antonio Montoya H.
El gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque,
rompió esta Navidad la seguidilla de varios años sin lograr acuerdo en el
incremento del salario mínimo, lo cual se logró en la mesa de concertación pactándose
un incremento en el salario del 10.07% a partir del 1 de enero de 2022, lo cual
es un buen augurio.
Salen como siempre las voces contrarias al acuerdo; unos
dicen que con el millón no se logra satisfacer la canasta familiar mínima y que
el subsidio de transporte apenas compensa el valor de los traslados del hogar
al trabajo y el regreso a casa. Son opiniones que no afectan el impacto
positivo del aumento salarial, más de dos millones de personas tendrán con ello
incremento en sus primas, vacaciones, cesantías, intereses a la cesantía, lo
cual al final, teniendo en cuenta el factor prestacional, el salario queda en
promedio en un millón quinientos cuarenta mil pesos m/l ($ 1,540.000.oo), que
en suma ayuda fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Además, la educación básica primaria, el bachillerato y la
superior es gratuita, pagada por el Estado. Ya pasó el tiempo del sufrimiento
de las familias colombianas para pagar matriculas anuales, pensiones mensuales
y otros gastos generados en la educación, y si se suma ello a un mejor salario,
pues sin duda estamos favoreciendo a miles de familias y personas en nuestro
país.
También debemos recordar que casi el 94% de los ciudadanos
colombianos tienen protección en salud, al estar muchos de ellos protegidos por
el Sisbén, y otro tanto hacen parte del sistema de salud tradicional, esto hace
que los costos de vida también se reduzcan.
Se debe reconocer la política constructora del país para
facilitar la compra de vivienda a los estratos sociales de menor capacidad
económica, otorgando subsidios para que puedan acceder a casa propia y así con
el techo asegurado haya más paz y alegría en las familias, disminuyéndose el
impacto en la canasta familiar.
Hago hincapié en estos avances del país, porque no se puede
desconocer que hemos crecido más que cualquier otra nación latinoamericana, consecuencia
de que el Estado con sus políticas sociales llega a muchos hogares colombianos.
Es tradición de los enemigos del desarrollo social de
Colombia, de los detractores de los grandes avances sociales que se logran cada
día, desconocer el cambio de Colombia desde la reforma laboral del año 1991;
allí se dieron las normas del cambio en materia laboral, facilitando la
contratación y quitando límites a la duración en los puestos de trabajo.
Los gobiernos, en los últimos treinta años, a pesar de las
adversidades, de la lucha contra la subversión en la cual se tuvo que disponer
de grandes sumas de dinero para dotar al ejército de tecnología, equipos,
hombres y municiones, invirtió en salud, educación, vivienda, y recreación; no
ha sido estéril la lucha por mejorar las condiciones de vida de los
colombianos.
Se debe reconocer el notorio incremento en el presupuesto
para la educación superior, cada año, y a partir del 2022, tendrá un mayor incentivo,
que permitirá mayor capacidad tecnológica, científica y docente en la formación
académica y, además, podrán construirse nuevas aulas y mejorar las existentes.
Lo que sí debe tener es una política de protección frente a los bienes públicos
cuando son deteriorados y destruidos por estudiantes vándalos y delincuentes de
la calle.
No rotundo a aquellos personajes de la vida política, que
desconocen estos desarrollos sociales, económicos y normativos; que no se deben
a gobiernos de izquierda, se deben a gobiernos democráticos protectores de la
vida, la honra y bienes de los ciudadanos; que no hablan por hablar, sino que
van paso a paso generando nuevas opciones de trabajo y de formación para el
empleo y para que todos tengamos formas de darle vida a las ideas, innovaciones
y creaciones.
Debo, a pesar de todos estos grandes cambios, sugerir que
la mesa de concertación analice, estudie:
(a.) Una alternativa nueva de establecer un salario en el que,
sin tocar el mínimo legal, se incremente el salario en un porcentaje del 15%, y
no haya lugar, a la terminación del vínculo contractual, del pago de indemnización.
(b.) Incentivar el trabajo del agro con un salario mínimo
superior, porque es allí donde tenemos que volver a vivir y a trabajar. Hay que
dotar a los municipios de colegios, justicia, salud y empleo, de manera que sea
más fácil construir un mejor país, en donde las regiones y municipios sean
generadores de bienestar.
Por último, debemos reconocer el trabajo del presidente
Duque que, en épocas de adversidad con pandemia y crisis social, fue capaz de
revertir los difíciles momentos, facilitar un crecimiento económico del 9.7 % y
un ajuste en el salario del 10.07, además, como ñapa de aguinaldo, logró el
pago del seguro en Hidroituango y la continuidad de los contratistas; esa sí es
gestión.