Olvidamos los colombianos los grandes temas que
afectan al país para dedicarnos a las estériles discusiones puntuales sobre los
personajes, sus intrascendentes discusiones, o, simplemente, para dar rienda
suelta a nuestros pasionales odios o afectos en materia política.
Hablemos, por ejemplo, de la soberanía
nacional. El concepto de soberanía es, desde la época de Jean Bodin, el poder
absoluto y perpetuo de una república; y soberano es quien tiene el poder de
decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está
sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.
Nuestra carta política lo consagró en su
artículo 3º. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual
emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece”.
Es, ni más ni menos, que el fundamento de la
existencia de Colombia como país independiente y, como tal, debemos preservarlo
por encima de otras consideraciones.
Sin embargo, no ha sido así en la última
década, lo cual, ha contribuido en forma determinante en la crisis política que
ahora nos golpea.
El pueblo, depositario por mandato de la
Constitución del poder soberano, rechazó en el plebiscito de 2016 la
negociación adelantada por el presidente Santos y la guerrilla de las FARC. No
obstante lo anterior, una mayoría del Congreso se abrogó la facultad de
ratificar el acuerdo que el pueblo soberano había rechazado y una Corte
Constitucional prevaricadora avaló semejante engendro jurídico, con la
complicidad de la izquierda nacional e internacional.
Luego, mediante un procedimiento no contemplado
en nuestra normatividad, el fast track, se incorporaron normas espurias
a nuestra carta política, como la que dio origen a la llamada Justicia Especial
para la Paz (JEP). Nuevamente se violentó nuestra soberanía al permitir que un
grupo de extranjeros (curiosamente de ideología marxista-leninista) designaran
los magistrados de este exótico tribunal y que expertos juristas extranjeros
intervengan en sus procesos (Art. 7º. A. L. 01 de 2017). Desde la época
colonial los colombianos no habíamos sido juzgados por extranjeros.
Un Estado soberano no permite la injerencia de
otros países o de organizaciones internaciones en sus asuntos internos.
Después de la sesgada actuación de los
comisionados de Naciones Unidas permitiendo toda clase de engaños al Estado
colombiano en la desmovilización de guerrilleros y en la entrega de armamento, esta
organización se ha dedicado a exigir estricto cumplimiento de los acuerdos a
una de las partes (el Gobierno) obviando el incumplimiento de la otra (la
guerrilla). Como premio, el presidente Duque le prorrogó los contratos de
asesoría a los delegados de esa “cueva de mamertos” en que se ha convertido la
ONU. De otro lado, la CIDH de la OEA se convierte en altoparlante de los
movimientos subversivos declarando que ha habido violación de derechos humanos
por parte de la fuerza pública en la toma guerrillera de las ciudades
colombianas, sin mencionar para nada los crímenes de lesa humanidad cometidos
por los vándalos alentados por los movimientos de izquierda.
Sobra mencionar, porque es de todos conocida,
la abierta intervención de la dictadura cubana impulsando la subversión en
nuestro territorio desde hace varias décadas. No hace mucho asiló a los autores
del genocidio cometido contra alumnos de la Escuela de Policía y se niega
sistemáticamente a extraditarlos pasando por encima de la debilidad de nuestro
gobierno en materia de defensa de la soberanía.
Para rematar, nos informan de un acuerdo
celebrado por el presidente Duque con la Corte Penal Internacional, según el
cual el Gobierno se compromete a blindar hacia el futuro a la JEP, a cambio de
que la CPI cierre unos procesos iniciados contra nuestro país. Se hipoteca
nuestra capacidad de dictar nuevas normas para modificar esa fábrica de
impunidad, entregando de paso nuestra soberanía a este organismo.
Ya es hora de contar con un Gobierno con el
carácter requerido para defender nuestra soberanía, cuya conquista representó
muchas vidas y mucha sangre derramada. Al parecer, no es un tema que interese a
nuestros gobernantes ni a los candidatos a la Presidencia. Entonces, ¿quién
podrá defendernos?
