Las dos instituciones más poderosas del país,
el Congreso y la rama judicial, son las más desprestigiadas. La gente las
percibe también como las más corruptas. Una y otra vez las esperanzas de
depuración de ambas se ven frustradas. Cada año, el gobierno presenta rutinariamente
un proyecto anodino de reforma judicial, para corregir apenas uno o dos
viciecitos, y este fracasa en el Congreso o es hundido por la Corte
Constitucional.
El Congreso está formado por cerca de 300
individuos, y cada uno de ellos cuesta algo así como 100 millones mensuales, si
a sus formidables salarios y prestaciones se suman lujosos vehículos blindados
y la paga de una devota servidumbre. Además, los legisladores no tienen que
estudiar los proyectos de ley, porque están obligados a votarlos de acuerdo con
lo que decida la respectiva “bancada”. Por tanto, se podría sustituir el
Congreso por un comité formado por la media docena de caciques que manejan a
sus conmilitones.
Como si lo anterior no fuera ya muy negativo
para el ideal democrático que profesa la mayoría de los colombianos, el
Congreso también dejó de ser representativo, porque hay 10 “legisladores” sin
votación, a quienes se premió con curules en función de su actuación criminal,
y pronto, en la Cámara habrá otros 16 nuevos representantes regalados, de tal
manera que un “bloque” de 21 curules decidirá la suerte de todas las
iniciativas.
En fin, cada día estábamos más lejos de que
nuestro poder legislativo llegara a parecerse al Riksdag sueco, cuyos
integrantes reciben asignaciones modestas y acuden a las sesiones, bien sea en
bus, en bicicleta o a pie. Allá se estudian los temas, y los servicios de
información, mecanografía y mensajería les son prestados a través de la
secretaría general del órgano legislativo; y cuando quieren conocer un país
extranjero, pagan de su bolsillo el viaje.
Ahora bien, por fortuna el Congreso colombiano
va a cambiar definitivamente, porque entrará en vigencia un código electoral
que, además de autorizar el voto electrónico mixto y el sufragio anticipado (de
tan positivos efectos en Venezuela y los EEUU), corrige radicalmente los vicios
del poder legislativo.
En efecto, una norma que ha pasado injustamente
desapercibida ordena que todas las listas de candidatos tengan paridad de
género, y que garanticen la participación de la población LGTBIQ, los
discapacitados y los jóvenes. https://gaceta.es/actualidad/la-mision-de-observacion-electoral-pide-revisar-el-nuevo-codigo-electoral-de-duque-para-garantizar-la-transparencia-de-las-elecciones-en-colombia-20210825-0800/
Ahora sí, como entonces ya en las listas no quedarán renglones para políticos, hacendistas, médicos, economistas, juristas etc., el Congreso, así saneado, impoluto e idóneo, cada 20 de julio se instalará con ¡el desfile del orgullo parlamentario!
