La Justicia Especial
para la Paz, otro de los engendros de los acuerdos habaneros a los que la
mayoría de los colombianos les dijo NO en el 2016, emitió el comunicado 071[1] en el que imputa
crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general y a varios coroneles y suboficiales
del ejército.
Lo que dice Acore
La Asociación Colombiana
de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, Acore[2], replicó a tal informe con
un comunicado corto y sencillo, que pone de manifiesto cómo la JEP, al amparo
de su autoridad judicial ‒uno de los cinco aparatos de justicia existentes en
el país‒ promueve los lemas que desde los 60 han propalado las organizaciones
narco criminales de las FARC y el ELN. Según la JEP, el Ejército de Colombia ha
desarrollado un “ataque generalizado y sistemático contra la población
civil”. La gravedad de tal aserto reside en la desmotivación que quiere la
JEP sembrar en el que ha sido el dique de contención durante más de medio siglo
frente a los embates de la extrema izquierda para imponer en Bogotá un gobierno
enfusilado. Los fiscales y jueces de esa espuria estructura no tienen ni remota
idea de lo que es una operación militar y mucho menos de lo que sucede en un
combate. Académicos ideologizados, lectores ocasionales de manuales militares,
argumentan lo que leen en sus cartillas políticas y lo que les cuentan sus
amigos. Ni pensar que alguno haya prestado servicio militar, algo indigno según
se colige de su comunicado, pero útil cuando se trate de que se les asegure su
vida, villa y billetera y las de sus familiares. Ingrato oficio eso de ser
soldado en medio de tanto ignorante en asuntos castrenses. Trasplantar a
Colombia la práctica militar norteamericana del “bodycount” en Vietnam,
es otra de esas fantasías propagandísticas de acusar a los aliados y amigos de
US de lo que no es cierto. El Ejército colombiano ganó en el campo de batalla
una guerra irregular de las que US no ha ganado ninguna en su historia. Además,
aún hoy, en medio del asedio de comunicadores fletados unos e ideologizados
otros, de las Fuerzas Militares, el Ejército nacional sigue siendo la
institución de mayor confiabilidad en el país. Pero la consecuencia mayormente
crítica de este comunicado es la debilitación a la moral y del espíritu de
combate que puede llevar a soldados y policías, estos últimos también bajo
terrible asedio para cambiarles su naturaleza, a ceder en su empeño de cumplir
la noble tarea que les asigna la constitución.
Si flaquean los
militares
Si el Ejército y la
Policía Nacional, merman su espíritu de combate al ser catalogados todos como
miembros de una estructura de asesinos, Colombia descenderá al primitivismo
social y serán las tribus urbanas, ahora llamadas primera línea, expresión
usada por Fidel Castro en 1948, las que empiecen a gobernar en las ciudades, al
mejor estilo de los colectivos chavistas sobre los cuales los ciudadanos
venezolanos pueden testimoniar mucho. Se desatará una guerra urbana en la que
también entrará en escena la Guardia indígena, una estructura paramilitar que
irá a Bogotá el día nacional del 20 de julio, a demostrar por qué es la
encargada de la seguridad de los mayores cultivos ilegales de hoja de coca en
el mundo.
Otro grupo de
militares retirados encabezados por el general Jorge Mora Rangel[3], polémica figura de
los acuerdos habaneros, ha emitido un comunicado en el cual advierte graves
amenazas y peligros para Colombia. Es un sentimiento generalizado. Se percibe
en el ambiente la desazón de los momentos críticos y no es para menos. Un intento
de asesinato contra el presidente, la destrucción de una ciudad como Cali y los
actos vandálicos en muchas otras ciudades, el entrenamiento de niños en
técnicas de combate callejero contra la policía, la connivencia de alcaldes con
jóvenes enmascarados que bloquean calles y destruyen bienes públicos y
privados, en fin, un inventario continuo de hechos violentos, preocupan y
plantean una perspectiva poco halagüeña, más aún cuando la comisión de la CIDH
que visitó por una semana el país, ahora avala tales desafueros. Claro, son
burócratas que viven en Washington y no tienen que soportar este permanente
riesgo.
Un minucioso artículo publicado en el diario El Espectador[4] el martes 6, que relaciona una serie de declaraciones, incidentes y hechos, prefiguran un panorama de seguridad muy complicado para Colombia y por extensión para la región. Eso de que “la guerra se la vamos a hacer su territorio” como lo dijo Diosdado apuntando al país neogranadino, es un pronunciamiento irresponsable porque dadas las circunstancias actuales, cualquier eventual conflicto será regional: el sueño dorado del marxista-leninista castro chavismo-madurismo, para ocultar y legalizar todas sus embarradas, pero que se puede transformar en su peor pesadilla.
[1] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx
[2] https://www.acore.org.co/noticias-2/comunicado-a-la-opinion-publica-sobre-reciente-comunicado-de-la-jep/
