Por José Alvear Sanín*
El 30 de junio pasado, en un artículo
“políticamente correcto”, Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia,
empieza hablando de “ciudadanos buenos y generosos que protestan por ellos y
por todos”, y en cuyas filas se infiltran vándalos… A continuación, dice:
(…) la indiferencia del
gobierno ante la crisis asombra (…) así han nacido guerrillas en Colombia. Los
bloqueos y actos violentos tan largos podrían llevar a que los vándalos de
tinte político se logren articular y formen guerrillas urbanas (…) en las
ciudades, donde se dice que en más del 40% de los territorios no manda el
Estado (…) los vándalos pueden encontrar espacios abonados para hacer nuevas y
exitosas guerrillas urbanas.
El doctor Pérez Gutiérrez se preocupa entonces
por una posibilidad aterradora para el futuro, en vez de reconocer que hace
años la guerrilla urbana existe; y olvida que incluso a él, cuando era alcalde
de Medellín, le tocó combatirla en la Comuna 13, donde era innegable la
combinación de narcotráfico y subversión.
Desde que existen guerrillas en Colombia, la
posibilidad de su paso de las remotas montañas y selvas a las ciudades
preocupaba a los gobernantes. Para prevenir esa suprema amenaza, ejército y policía
se mantenían preparados.
Todo cambió con el “acuerdo final” entre Santos
y Timo, que consagró el cogobierno entre las autoridades legítimas y la
subversión legitimada. Unos 7 000 guerrilleros bajaron a las ciudades, a
disfrutar de sueldos y prestaciones extravagantes, y a varios centenares de
ellos se los empleó como guardaespaldas muy bien remunerados por el gobierno,
con dotación de armas oficiales y vehículos blindados de alta gama.
Ahora bien, por lo menos 6 000 de ellos que
desde 2016 habitan en los suburbios, no han abjurado de la formación militar,
terrorista y revolucionaria que les inculcaron, ni han dejado de pertenecer al
tal “partido” FARC (ahora “de los comunes”), marxista-leninista y practicante
siempre de la combinación de todas las formas de lucha.
El Secretariado, ahora en el Congreso, nunca ha
renunciado a esa ideología. Por el contrario, han dicho y repetido que su
propósito inmodificable sigue siendo la toma del poder para establecer el
“socialismo”, porque “comunismo” es una palabra que asusta y, por tanto, su
pronunciación es tabú.
A partir de abril 28 los acontecimientos
consisten en una cadena ininterrumpida de actos terroristas de la mayor
violencia, siguiendo una indiscutible estrategia subversiva y revolucionaria,
que cuenta con la eficaz complicidad de alcaldes proclives y de comunicadores,
nacionales y extranjeros, que han inventado aquello de la violencia policial y
de un gobierno represor que atropella y mata al pueblo.
Acabo de escuchar a Miguel Uribe Turbay, quien,
como secretario de Gobierno de Bogotá, sabe de lo que habla cuando denuncia que
hay escuelas de entrenamiento para la formación de los individuos de la
“primera línea”.
Durante estos 65 primeros y horribles días de
la revolución colombiana venimos presenciando todos los actos propios de la
guerra urbana, ejecutados por gentes preparadas al efecto, dirigidas por un
partido leninista profesional, como es el comunista, organización multiforme,
militar y mimetizada, de obediencia castrista y con propósitos continentales.
A todas estas, nadie pregunta acerca de los
miles de reinsertados: ¿Qué han hecho y dónde han estado durante estos dos
largos meses? ¿Habrán puesto sus habilidades y su experiencia al servicio de la
subversión? ¿Habrán entrenado guerrilleros urbanos durante los últimos cinco
años? ¿Cuál es ahora el número de efectivos de las guerrillas urbanas? ¿Qué
relación tienen con la primera línea? ¿Quién financia el eficaz aparato
logístico que está destruyendo a nuestro país? ¿Hasta cuándo se seguirá
ocultando deliberadamente la participación de las FARC en los actuales
disturbios?
A preguntas pertinentes como las anteriores, y a
mil más, deben responder los organismos de inteligencia del Estado, para
prevenir actos, atentados y acontecimientos desestabilizadores, pero esos
mecanismos indispensables fueron —obedeciendo al “acuerdo final”— desmantelados
o marchitados.
Si el gobierno y la sociedad siguen cerrando
los ojos frente a la realidad de la guerra urbana para considerarla una remota
posibilidad, y si continúan negándose a ganarla —como hasta ahora—, no queda esperanza para Colombia.
***
En la celebración de los cien años del PCCh, su
amo absoluto dice que ellos sacaron de la pobreza a centenares de millones. Se
equivoca, porque los primeros setenta años de marxismo-leninismo solo
produjeron revolución, guerra, miseria, y la eliminación de innumerables
millones. En los últimos treinta años no ha sido el comunismo, sino la adopción
del capitalismo, lo que ha enriquecido al país, cuya gente sigue oprimida hasta
extremos aterradores. ¡Cuánto mejor sería tener capitalismo + democracia, en
lugar de comunismo + capitalismo salvaje de la Nomenklatura!