Para hablar de este organismo, al que en este
articulo me referiré con su sigla de CIDH,
debemos iniciar explicando de donde sale, el porqué y seguramente cuál era el
objetivo inicial. Me propongo precisar este concepto y su origen porque la
prensa y la radio hablan de él, además de otro organismo que se llama Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se recurre mucho desde la época
de Gustavo Petro, cuando fue objeto de sanción por parte de la Procuraduría
Nacional lo cual implicó su suspensión del ejercicio del cargo de alcalde mayor
de Bogotá. Desde ese momento y hasta la fecha, todos recurren a ese organismo
para que proteja sus derechos.
Son el CIDH
y el CTDH, organismos que pertenecen a la Organización de Estados Americanos
(OEA), conformado por veinticuatro países (24), organismo del cual fue su
secretario general el expresidente Cesar Gaviria. La CIDH, es un órgano
principal y autónomo que pretende la protección y promoción de derechos humanos
y eso está bien. En mi opinión es un órgano que uno puede mirar con
complacencia cuando habla de proteger y promover los derechos humanos, pero me
surge la primera inquietud y es qué entendemos por promover y proteger, cuándo
y a quién. Creo entonces que depende de que profesionales forman parte de la
comisión y cuál es el entorno social en el que se desenvuelven.
Dicha comisión está compuesta por siete (7)
miembros de “alta autoridad moral y
reconocida competencia en materia de derechos humanos” lo cual es, sin duda
alguna, un primer elemento de seguridad y tranquilidad para realizar
adecuadamente su función, pero, debemos analizar si están actuando con la
debida autonomía y trasparencia para dar las sugerencias que emiten, por cuanto
el resultado del informe que emitieron al final de esta semana da la sensación de
que no hubo equilibrio en él y si bien es cierto que visitaron varias ciudades
de Colombia, todo su informe se reduce a mostrar el exceso de la policía en las marchas, que
no hubo bloqueos, sino cortes, en fina demostrar lo que no es real, a
desvirtuar los hechos, y eso realmente molesta.
Partamos de una precisión de parte mía y es que
existe el derecho constitucional de marchar, de mostrar el descontento con el gobierno,
con los opuestos, contra las decisiones de la justicia, contra el Congreso, la
educación y en general, expresarse contra lo que quieran las comunidades. Esto
es sin duda alguna una de la forma de expresión de la democracia.
He leído sobre las grandes manifestaciones que
se han dado en Colombia, una de ellas promovida por el Partido Liberal en la
época del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, el 7 de febrero de 1948, dos meses
antes de su asesinato. Se llamó la marcha del silencio y fue nutrida, con más
de cien mil personas, sin nada marchando por la paz, sin violencia, sin
vándalos, simplemente mostrando el dolor por la persecución. También vale la
pena resaltar las marchas promovidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez,
con asistencia de más de dos millones de personas en todo el territorio
nacional, sin violencia, sin daños a la propiedad privada, expresando su
inconformidad. He visto marchas pacíficas contra el feminicidio, el secuestro,
contra la violencia familiar, en fin, múltiples expresiones de descontento y
dolor que pretenden que el gobierno se dé cuenta de la problemática y genere
soluciones.
Por todo ello, no entiendo que un organismo
internacional ingrese al país no para mirar con objetividad lo que está
sucediendo y lo que ocurrió a partir del 18 de abril de este año. No se
comprende que no se dé un verdadero análisis de contexto, del porqué de la
violencia, de las causas del conflicto y de las razones de los promotores del
paro nacional, de las razones políticas que se valen de la problemática social
para buscar un objetivo electoral. Esto no se puede aceptar.
Cambiar los términos de los sucesos no está
bien, por qué decir cortes en el documento, cuando la realidad es que fueron
bloqueos en todo el territorio impidiendo el libre movimiento de los
ciudadanos, del trasporte, evitando la entrega de alimentos y poniendo en jaque
a las ciudades. No pueden llamarse cortes cuando la verdad es que intentaron
causar una violencia generalizada para forzar la renuncia del presidente y
ellos tomarse el poder, era el caos y jugaron a ello.
Ahora bien, quiero que los miembros de la Comisión,
de frente, mirando a los ojos de Colombia, nos expliquen por qué llegan a la
conclusión de darle la razón a las denuncias de los excesos de la policía,
cuando la verdad lo que se vio es que los atacados sin misericordia fueron
ellos, ni se defendieron o lo hicieron en defensa de la democracia. Establecen
que existen causas legítimas para el paro nacional y que este se ha
desarrollado en cumplimiento de la Constitución Nacional, cuando en realidad,
en cualquiera de los países de donde ellos son originarios hay más razones de
fondo que las que se dan en Colombia. Se les olvida que estamos en una pandemia
que no es frecuente, la última fue hace más de 100 años y que se perdió el
empleo, pero que la gente quiere superar la adversidad y volver a los niveles
de crecimiento y bienestar del año 2019, que esto que hacen ellos no hace bien,
desestabiliza y hace daño.
No se puede aceptar que se separe a la policía
del Ministerio de Defensa para que se le dé un enfoque ciudadano y no militar;
están equivocados, la fuerza es una sola, no hubo desproporción de la fuerza pública,
son las victimas de los vándalos, de la izquierda y de los que quieren
desestabilizar a Colombia. Somos 50 millones de habitantes y los bandidos no
llegan a cincuenta mil, digan quiénes somos más.
El gobierno permitió el ingreso, porque actúa de
buena fe y cumple con el principio de respetar la democracia, pero esto es un
ataque contra la democracia y no se puede aceptar, por lo tanto, no más
intromisión de organismos que no guardan independencia, ni son imparciales.
