miércoles, 3 de febrero de 2021

La cultura de la muerte

José Alvear Sanín
Por José Alvear Sanín*

Mientras avanza la “cultura de la muerte” se procura no hablar de ella, ni de los regímenes políticos que la propician, ni de los que se fundan sobre su capacidad de causarla. Si bien el nazismo fue derrotado militarmente, sus vencedores no siempre han sido amigos de la vida. Desde luego, el comunismo está edificado sobre cien y más millones de cadáveres, pero de un tiempo a esta parte las democracias han cedido a la misma tentación macabra.

Siempre me ha impresionado aquella lapidaria afirmación de Antonio Aparisi y Guijarro (1815-1872), en el sentido de que el Imperio Romano resolvía los problemas económicos con guerra e infanticidio, porque cuántas veces no se repite esa maldición en nuestros tiempos de aborto masivo, de interminables guerras y de la próxima eutanasia mandatoria, que ya viene ambientándose…

La pena de muerte para los culpables ha sido derogada en la mayor parte de las democracias. En Gran Bretaña, país donde fue defendida con pasión, su abolición data de 1965, aunque hasta 1998 se la conservó para la traición. Pero igual respeto no se extendió para la vida intrauterina inocente, ni para enfermos terminales, condenados judicialmente, con frecuencia, a la muerte.

El tema anterior es aterrador, no solo en lo que dice a ese país, pero hoy debo referirme únicamente a un asunto que para el lector colombiano trae el blog Colombian News, que dirige el gran periodista, historiador y politólogo Eduardo Mackenzie, pero que nuestra gran prensa, globalista y progre, omite. Transcribo entonces la nota correspondiente, procedente de una conocida publicación francesa Le Salon Beige, de Michel Janva:

El juez Yonko Grozev, un exmiembro de la Open Society de George Soros, juzgó sumariamente un caso de eutanasia, desestimándolo sin dar una sola explicación.

Su decisión es definitiva y no se publica en el sitio web de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH); el paciente polonés morirá de hambre y sed. El expediente, n ° 55987/20, pronto será destruido. Este paciente polonés -cuyo nombre e imagen no pueden ser revelados, por orden de los tribunales británicos- se encuentra internado en Gran Bretaña, en un servicio que había decidido abandonarlo a muerte. Según la familia de paciente, el hospital en cuestión tomará algunos de los órganos del polonés porque él se había declarado como donante potencial.

Sin embargo, su familia y el gobierno polonés han pedido su repatriación a su tierra natal, para que sea tratado con dignidad. Los obispos poloneses habían declarado asumir todos los gastos. En vano. Los tribunales británicos dictaminaron que él debe morir en el Reino Unido, y Grozev acaba de fallar a favor de esos jueces. El caso vuelve a plantear la cuestión de la parcialidad de los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos.

https://www.lesalonbeige.fr/un-polonais-condamne-a-mort-par-un-juge-soros-de-la-cedh/

Se me dirá que poco aporta esta referencia, porque ya es bien conocida la adhesión judicial, en tantos países, a las directrices del Nuevo Orden Mundial, y que la Corte Europea de los Derechos Humanos es un tribunal tan parcializado como los británicos, en favor de la cultura de la muerte. Pero yo lo pongo en consideración de los lectores por algo aterrador, como es una cruel ejecución judicial que se lleva a cabo en un hospital por personal sanitario, privando al condenado, tanto de agua y alimento como de identidad, porque “su nombre e imagen no pueden ser revelados”, y excluido de la historia, porque “el expediente judicial n° 55987/20 pronto será destruido”. ¡Así que ese tal nunca existió!

¡Cómo es posible que la “justicia” en Europa haya llegado a estos extremos inauditos, propios de la peor época del estalinismo, para llegar a convertirse en extensión de la policía política y en órgano de represión ideológica al servicio de poderes en la sombra!

Cuando me entero de estos (y otros hechos del mismo corte), comprendo horrorizado cómo se perfila la sociedad poscristiana del nuevo orden mundial; y la obligación moral de oponernos, con fuerzas políticas cada vez más debilitadas, a su implantación definitiva en Colombia.

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No llega sola a la cúspide Ms. Kamala Harris, promotora en el Congreso de los Estados Unidos, con Barack Obama, Joe Biden y Nancy Pelosi, especialmente, de la legalización de las late term abortions (hasta 9 meses), y de la muerte para los bebés que sobrevivan a esa atroz “operación”. Ya Obama fue presidente y Biden acaba de ingresar, por algunos meses, a la Casa Blanca, en el triste ocaso de la democracia americana.

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Y en el crepúsculo del estado de derecho, la Jurisdicción Especial Prevaricadora (JEP), en un larguísimo galimatías nos informa que, creando tipos penales que no están en el Código Penal, ha decidido que sus superiores, es decir ocho miembros del Secretariado, no sean “procesados” por secuestro, sino por “toma de rehenes y grandes privaciones de la libertad”. Esta disimulada forma de expresarse carece, desde luego, de importancia: Los supuestos “procesados” (hoy congresistas), a lo sumo serán “condenados a penas alternativas” de naturaleza cívica…; y ni el fiscal, ni la procuradora denunciarán penalmente a los “magistrados” de la JEP por usurpación de funciones legislativas, por inventar “tipos penales” para tergiversar los hechos, desnaturalizar las leyes y cohonestar delitos de lesa humanidad.

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¡Reconstrucción o catástrofe!