Existe consenso en relación con el voto
electrónico. Sabemos que su introducción incrementa la posibilidad de un fraude
monumental, indetectable y, por lo tanto, de imposible impugnación, razón por
la cual los países democráticos han rechazado, en general, su implantación. Los
conocedores del tema citan siempre la opinión desfavorable de Bill Gates —
¡nada menos! —, en el sentido de que ese sistema no es confiable ni
conveniente.
Sin embargo, en Colombia avanzamos hacia la
adopción del voto electrónico para las elecciones 2022. El registrador del
Estado Civil se ha comprometido en ese sentido, y ni el gobierno ni el CD se
pronuncian en contra de su entrada en funcionamiento.
Los recientes acontecimientos en los Estados
Unidos demuestran la infinita gravedad de carecer de sistemas confiables. En
ese país hay 50 organismos electorales altamente politizados y desconectados de
los poderes federales. Y mientras más politizado esté el mecanismo de conteo de
los votos, menos garantías de veracidad ofrecen los resultados.
La terrible sentencia de ¡quien escruta,
elige!, resuena ahora con la mayor intensidad. Si los Estados Unidos descienden
a niveles venezolanos o bielorrusos de confiabilidad electoral, ¿qué esperanzas
quedan para la democracia representativa en el mundo?
Tanto el voto por correo como el emitido en ese
país a través de máquinas electromecánicas presentan enormes riesgos, pero el
problema no radica tanto en los mecanismos como en el asunto del escrutinio,
del cómputo, de los sufragios.
En principio conviene privatizar las
actividades que presta el Estado de manera menos eficiente que los
particulares, pero hay ciertas funciones que no puede dejar de prestar, como la
defensa del orden público, la integridad territorial, las relaciones
exteriores, la emisión de moneda, la administración de justicia, etc., y entre
ellas debe estar la rama electoral, pero en algunos países se ha privatizado el
recuento de las elecciones, con el funesto resultado de la perpetuación de
dictaduras infames. El ejemplo más notorio es Venezuela; y la compañía
SmartMatic, cuyos verdaderos dueños permanecen en el anonimato más oscuro, es
famosa por los fraudes que ha cometido en ese desventurado país. Esa empresa es
titular de programas, algoritmos y software patentados, para arrojar resultados
predeterminados y diferentes a los reales.
Ahora bien, en 27 estados de la Unión, hasta
donde sabemos, el cómputo de las pasadas elecciones fue realizado por una
extraña compañía, Dominion Electoral Services, incorporada en el Canadá (país
donde las elecciones se ciñen a los procedimientos manuales más tradicionales),
que empleó, según se ha sabido, la “tecnología” de SmartMatic y que realizó el
cómputo a través de equipos electrónicos ubicados en España y Alemania,
violando leyes de los EEUU.
Todo esto es muy preocupante, porque los
abundantes indicios de fraude masivo en los EEUU no se van a disipar con
facilidad. La reciente elección presidencial debilitará la fe de millones de
ciudadanos en su sistema político y reducirá la influencia de ese país a escala
global.
Volvamos a Colombia, donde pocos se dan cuenta
de que el sistema electoral tradicional, confiable hasta hace pocos años, ya no
lo es, porque el escrutinio se ha privatizado. La firma Thomas Gregg, de
propiedad de personajes estrechamente vinculados a una camarilla política
siniestra, realiza el conteo de votos. En las últimas elecciones (2018), esa
firma se hizo a unos 600.000 millones de pesos por ejecutar esa labor. Nadie ha
analizado si esa astronómica cifra es razonable o si es excesiva, y más grave aún,
si es aceptable privatizar el escrutinio electoral.
Colombia es ahora el país del mundo que conoce
resultados consolidados más rápidamente. Poco más de una hora después del
cierre, ya se ha publicado la suma del
98% y pico de los votos emitidos. ¿Serán confiables esos resultados? ¿Será
posible para la firma escrutadora escoger al ganador, engañando al electorado?
Ya tenemos, entonces, escrutinio electrónico y
privatizado en cabeza de una firma sesgada, y pronto tendremos también la
emisión de los votos a través de terminales de computador. Habrá que adquirir
cerca de 100.000 de ellos, un contrato apetitoso e inmenso para un gasto
innecesario, que además facilita el fraude indetectable e irreversible. Y cada
cuatro años será necesario reponer parte considerable de esos equipos por
deterioro, mala conservación u obsolescencia.
En los tiempos del PRI, los mexicanos hablaban
del “dedazo”, porque el presidente nombraba su sucesor y luego “las elecciones”
confirmaban obligatoriamente su candidato. Un solo dedo elegía en ese país.
Temo entonces la llegada de una era de “dedazo
electrónico”, determinado por camarillas sigilosas al servicio del nuevo orden
mundial, en muchos países, empezando por Colombia, donde estamos a 21 meses de
caer en el peor de los abismos.
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Al terminar esta columna nos enteramos con
especiales sentimientos de dolor del fallecimiento del escritor, politólogo y
jurista Jaime Jaramillo Panesso, quien en sus últimos años fue un denodado
defensor de la democracia y de las instituciones colombianas.
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¡Reconstrucción nacional o catástrofe!
