Por José Alvear Sanín*
El DRAE define la prioridad como “la anterioridad de algo respecto de otra
cosa, en tiempo o en orden”.
Comúnmente se habla de “primera prioridad” y de
las “prioridades”, aunque en realidad solo hay una prioridad y lo demás es la
serie de asuntos importantes a los cuales se les da un orden descendente en la
escala de las urgencias. La determinación de esa escala tiene mucho que ver con
el buen gobierno, y este, con el alcance de ciertos fines.
No parece que actualmente en Colombia estén
claros la prioridad, ni el orden de precedencia en los asuntos. Por esa razón,
y a pesar de lo anterior, se me ocurre, hasta con peligro de incurrir en
pleonasmo, hablar de la prioridad de prioridades, que sin duda alguna consiste
en la preservación de las libertades individual, de pensamiento, de religión,
etc., que asociamos con la noción de democracia liberal, dentro de un modelo productivo
de economía mixta, con tanta libertad como sea posible y tanta intervención
como sea necesaria.
Desafortunadamente, esa no parece ser la
prioridad de los políticos. Cuando este modelo enfrenta la más severa amenaza,
no solamente por la entrega de amplios sectores a sus incansables enemigos,
sino también por las secuelas de miseria que deja el covid-19, no se traza (ni
por el gobierno ni por los partidos) la línea roja e infranqueable entre los
demócratas y los totalitarios.
A medida que se acorta el tiempo que nos separa
de las elecciones más importantes y decisivas en la historia de Colombia, las
fuerzas democráticas se dividen y subdividen en varias clientelas rapaces,
transaccionales y dialogantes, mientras las opuestas se compactan y se hacen
más agresivas e intransigentes.
En vez de percatarse de la gravedad de la
situación y del riesgo inminente de caer en el abismo, la prioridad para el
establecimiento parece ser la del grado de cumplimiento del “acuerdo final”
entre Timo y Santos, para el cual no hay cortapisas legales, presupuestarias ni
fiscales. ¡Esa es la gran discusión política!
El presupuesto nacional hace años que viene
bien desequilibrado. Su principal capítulo de ingresos es el del permanente
endeudamiento: y nadie en el gobierno ni en la dirigencia política considera la
necesidad de imponer la austeridad que se requiere, tanto para la recuperación
de la economía como para la preservación del modelo democrático.
Tal como se ven las cosas, de la pandemia
saldremos para seguir con un endeudamiento inercial, hasta que llegue el
batacazo al estilo de Grecia o Argentina, pero entretanto se seguirá gastando
sin freno ni medida, y, además, “cumpliéndoles” a las FARC” con unos 130
billones en los próximos cuatro años, mientras se marchita el gasto militar y
la policía corre el riesgo de ser emasculada y politizada, como lo exige el
clamor mamerto.
El país que sale del covid-19 estará más
necesitado que nunca de orden público, porque el hambre, el desempleo y la
miseria, causarán mayor inseguridad.
La reforma de la policía tiene que ser en el
sentido de un mayor pie de fuerza, mejor capacitación, mayores medios
operativos y reafirmación del principio de autoridad y de la unidad de mando.
El bobby con una pequeña porra era posible en la era victoriana, pero ya ni en
Inglaterra es viable. Menos aun en la Colombia presente ni en la venidera.
Por otro lado, un país inundado de coca y de
minería ilegal no puede aceptar ni la reducción de unos 60.000 efectivos en su
pie de fuerza, ni el cambio de la doctrina militar para convertirla en un
gaseoso equilibrio de poderes entre el Estado y la gran delincuencia, mientras
las FARC, el ELN y los carteles nacionales y mexicanos siguen ampliando su control
sobre vastos territorios.
También son muy preocupantes el deterioro y la
obsolescencia de nuestra aviación militar, no solo por la amenaza del
madurismo, sino también por el creciente rearme de las guerrillas, capaces ahora
de derribar helicópteros.
Más que nunca, ahora es verdad aquello de que, si quieres la paz, prepárate para la
guerra. La adecuada dotación de ejército, marina, aviación y policía, es muy
costosa, pero más conducente a la paz que el “cumplimiento” (es decir, la
entrega a las FARC)…
Aunque lo absolutamente prioritario es la
preservación de la democracia y el estado de derecho, nada estamos haciendo en
ese sentido. En cambio, privilegiar, so capa de progresismo, unos acuerdos
espurios, por encima de la Constitución y de la racionalidad económica, es tan
absurdo como cruzar los brazos mientras avanzan el desorden, el vandalismo, la
asonada y el terror en la calle, los narcocultivos en los campos, y el
clientelismo, la indecisión y la infiltración en un gobierno asediado por las
cortes de la línea revolucionaria.
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¡Triste el país donde la corte suprema de
justicia se transformó en cartel de la toga!
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“La
tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”.
—Thomas Mann
