Por Antonio Montoya H.*
Por causa de la pandemia, el gobierno ha tomado muchas decisiones amparado en el estado de emergencia social, económica y ambiental, que han contribuido a minimizar los impactos en los trabajadores, familias, empresarios y en general en los ciudadanos colombianos. Algunos de esos decretos expedidos en la emergencia no pasaron la evaluación jurídica en la Honorable Corte, que los ha declarado inexequibles, otros han pasado, pero sin duda alguna el interés del gobierno y su equipo de trabajo ha sido proactivo y, aunque se dude, ha logrado que el desastre sea menor de lo esperado.
Si bien
es cierto que las empresas colombianas están en dificultades y que cada día
será peor a pesar del levantamiento de las medidas a partir del 1° de
septiembre de 2020. Muchos buscarán regresar al puesto de trabajo y no lo
lograrán, serán despedidos, otros ya lo fueron porque los negocios cerrados
tanto tiempo no aguantan, los costos son altos y la liquidez empresarial poca. No
soportaron más las cargas y otros están llegando al límite de sus
posibilidades, por ello reiniciar labores es lo mejor, eso sí, cumpliendo
protocolos de bioseguridad y con la conciencia individual de protegerse y no
tomar riesgos innecesarios.
Pero
aquí viene algo que me preocupa y es que el gobierno emitió un decreto en el
que aquellos que devenguen menos de un salario mínimo no tienen que estar
sujetos al sistema de seguridad social en Colombia, lo cual es gravísimo. Regresaremos
a viejas épocas de inicios de siglo pasado, año 1915 y siguientes, cuando se
dieron las primeras normas laborales en nuestro país. Es retroceder. Han pasado
más de cien años y no podemos mirar hacia atrás, debemos pensar de manera
diferente, buscando la protección, bienestar y seguridad del trabajador
colombiano, que a la hora de la verdad casi todos lo somos.
Sé que
es necesario generar empleo, incentivar el empresarismo, facilitar el ingreso
de los industriales a créditos blandos para organizar las empresas, flexibilizar
normas para que el empresario y las personas naturales se acojan a la ley de
insolvencia, en fin, se busca normalizar la economía, pero no a costa del
trabajo.
Para formalizar
el trabajo, no es necesario que las nuevas generaciones pierdan beneficios adquiridos,
o que le cambien las reglas a aquellos que tienen que recurrir nuevamente a
emplearse después de la pandemia. Formalizar se debe entender en el sentido
profundo de la palabra. Ya desde las reformas laborales del año 2002, se habla
de un sistema laboral de seguridad social, entendiendo que quien se vincula
laboralmente a una empresa tenga seguridad social (EPS, pensión, ARL); para él
y su familia, el derecho a las cesantías, prima de servicio, vacaciones
anuales, horas extras cuando se den, recargos nocturnos y dominicales cuando se
den, y estos grandes avances se deben garantizar, proteger y propender por que
ese cincuenta por ciento de trabajadores colombianos que están en la
informalidad logren beneficiarse de la formalidad.
No a
las ideas de generar trabajo sin protección social, no a las normas que
retroceden los avances laborales, y esto no es para unos pocos es para todos. Avanzar
en estos temas laborales es lo que nos hace verdaderos demócratas, protectores
de los trabajadores.
Como
siempre debo plantear propuestas para generar empleo verdadero, serio, que sea
protector y que garantice el acceso a la salud, bienestar, recreación y a la
posibilidad de recibir una pensión alta, mediana o baja, al final de la vida
laboral, porque de lo contrario será el Estado benefactor el que tendría que
proteger a los ancianos en sus últimos años.
La
solución podrá ser temporal o definitiva dependiendo del análisis de los
resultados que se obtengan y por lo tanto invito a que se piense en que todo
nuevo trabajador en Colombia desde el momento de su vinculación tenga todos los
beneficios laborales y sociales que del contrato se desprendan. Lo único es que
no tendrían derecho a la indemnización los que se vinculen a partir de una
fecha determinada, el derecho de los vinculados con anterioridad no se pierde. Como
lo he expresado en otros artículos, a las empresas no les interesa despedir
trabajadores, les interesa mantenerlos por experiencia, conocimiento y valor
del trabajo, y si se perdiese el empleo, fácilmente serían contratados en otro
lugar por que al empresario lo que le da temor es la indemnización.
Pensemos
distinto, avancemos, protejamos los derechos laborales y creemos empleo. No nos
dé miedo retirar la indemnización, todos los trabajadores formales e informales
se beneficiarán.
