Por
Antonio Montoya H.*
No estoy en contra de la tutela, figura jurídica que hace parte del normativo y basto articulado de la constitución del año 1991, la cual, aún treinta años después, la estamos comprendiendo en toda su magnitud, con sus cosas buenas y malas. Tiene sus excesos en la forma de aplicarla, porque no veo límites cuando hablamos de derechos fundamentales y por ello ha proliferado porque al fin y al cabo nuestros honorables jueces caen en la tentación de que todo es un derecho y así proceden a fallar violentando el orden jurídico.
Hoy me voy a referir en forma concreta a la acción de tutela impetrada por un grupo de personalidades del país mayores de 70 años, que se consideran discriminados por las medidas de prevención interpuesta por decreto por el presidente de la República, precisamente para cuidar a esos mayores, y disminuirles el riesgo de contraer el virus.
Muchos
de los firmantes de la tutela, han ejercido cargos públicos, han sido
ministros, vicepresidentes, alcaldes elegidos popularmente, candidatos a la
presidencia, banqueros, negociadores de procesos de paz, han diseñado reformas
tributarias, en fin, han sido parte activa de la política colombiana en los
últimos treinta o mas años, y han tenido que tomar decisiones difíciles que no fueron
del gusto de la mayoría de los colombianos. Acatamos esas normas porque
consideramos que eran convenientes y podrían ayudar a construir un mejor país.
Por
ejemplo, está el caso del exvicepresidente de Colombia y jefe de la comisión
negociadora del proceso de paz con las FARC. Quién más que él conoce que muchos
de los acuerdos no eran del agrado del país y los aceptamos, llegamos a un plebiscito
sin necesidad, perdieron, y aun así persistió y firmó el acuerdo. Ese sí que
fue un acto lesivo para el país, y no hubo tutela, no entorpeció nadie ese
acuerdo, antes, por el contrario, consideramos que era un principio importante
para lograr la estabilidad del país.
El exministro
de Hacienda, promovió una gran reforma tributaria que afectó a los colombianos,
pero la acatamos y hemos visto aprobar otras cinco o seis sin torpedearlas
porque prima más el interés general que el particular.
Exalcaldes
que han tomado directrices de movilidad, de lucha contra la violencia y se han
aceptado sus decisiones por el mismo principio de la civilidad y acatamiento a
las normas.
Podría
continuar refiriéndome a cada uno de los tutelantes, pero llegaría al mismo
final, han ejercido autoridad, han tomado decisiones que abarcan a miles de
personas y nadie actuó contra ellas.
A este
ritmo de no aceptación de las normas, podemos llegar al caso de poner en riesgo
la estabilidad del Estado a punto de tutelas, porque hoy todo es posible, ya
que los jueces actúan más allá del mandato legal y no discriminan, como lo dije
anteriormente.
Tengo
amigos y conocidos mayores de 70 años, que consideran, como los firmantes de la
tutela, que se está violando el principio de igualdad y libre locomoción y que
consideran, que, por ende, no se les debe limitar la posibilidad de moverse y
hacer ejercicio libremente. Bien sé que físicamente están en mejores
condiciones que muchos de los de 50 o 60 años, pero ese no es el punto, y es
aquí donde me debo centrar en este análisis. No es la edad en sí, porque
cualquier persona puede contraer el virus del covid 19, este no es selectivo,
pero sí es obvio que los estudios médicos y científicos determinan que el
riesgo de sobrevivir a este virus es menor en los mayores de 70, porque a pesar
de la apariencia física y del cuidado individual, la mayoría tiene enfermedades
con las que conviven por ser tratadas, pero las defensas son bajas y puede ser
letal el virus.
Es aquí donde estos personajes públicos se equivocan, deberían acatar la norma con tranquilidad, trabajar desde la casa, tener reuniones virtuales, disfrutar el tiempo y no añorar lo que todos, de una u otra forma, perdimos o tenemos limitado en aras de proteger la vida.
