Aquí quién manda

Por Antonio Montoya H.*

Sabemos que Colombia es un país que no es fácil manejar porque todo es objeto de discusión, de interpretación, la disciplina y el orden es lo que menos se acata y se defiende lo indefendible. Se elevan los comportamientos indebidos y se fustiga a quien trata de hacer cumplir la ley, lo que genera un país dividido, polarizado, entre quienes dicen tener la verdad y los otros que aducen el mismo derecho. Así nos vamos yendo en el día a día, de tropiezo en tropiezo, de dolor en dolor, viviendo cada amanecer como una esperanza y en la noche llega nuevamente las hordas de desilusión y el dolor, porque no hay día en que una noticia no opaque a la otra, porque desde cualquier lugar del país salen historias de abuso, maltrato, crímenes, violaciones, violencia intrafamiliar, de personas inescrupulosas que se roban el dinero del pueblo, facturan por encima los auxilios alimentarios, en fin una tragedia de nunca acabar.

Ante este panorama terrible, que genera más muertes y dolor que el propio covid-19, viene otra situación, la más grave, y es la de tratar de entender quién realmente manda en este país, si el presidente elegido democráticamente o el fiscal, o el contralor, o el procurador, o la Corte Constitucional, o los tribunales o los jueces de cualquier lugar que se atribuyen todas las funciones como administradores de justicia.

Este asunto es de debate urgente, de priorización del Estado. Debemos ser conscientes de que para que el Estado funcione debe existir coherencia entre las ramas del poder público y el ejecutivo y excluyo aquí al Congreso porque no está quitándole constantemente atribuciones a la Presidencia como cabeza del ejecutivo y no porque funcione bien, que no lo hace, sino, que, en este caso, no puede ser objeto de queja.

En Colombia cualquier ley, decreto o reglamento dura poco, porque todo es objeto de demanda por constitucionalidad, cualquier decisión presidencial, aunque busque proteger la vida, es objeto de tutela y en esa nos la pasamos, demandas y contrademandas y lo esencial desaparece.

Genera desazón el que, existiendo problemas inmensos desde carcelarios, sociales, de comportamiento, de salud y de convivencia, entre otros, no se pueda tener tranquilidad en las decisiones que se tomen, porque las demandas generan inestabilidad jurídica y por ende se afecta el desarrollo del país.

Creo que aún tenemos vastos sectores de la sociedad que creen que la pandemia, el covid-19 y la cuarentena son un cuento, que se debe abrir todo y que cada cual se defienda como pueda, lo cual es triste y lamentable percibirlo. Se busca el equilibrio económico dando apertura prudente a los diversos sectores de la economía, pero, con cuidados para no incrementar el contagio. El presidente diariamente nos habla del tema, dicta decretos, busca no colapsar la economía aun en contra de las evidencias de contagio, pero no le ayudamos, proliferan las fiestas sin control, sin protección, sin cuidados mínimos y esos posiblemente contagiarán a su padres y hermanos, conllevando a incrementos exponenciales en el virus y colapsando el sistema de salud. Pero hasta sus propios decretos son demandados, tutelas por todas partes y descontrol desde los más cultos e intelectuales, triste servicio al país.

Al final habrá que pensar seriamente quién manda en Colombia, a quién le hacemos caso porque el caos se viene encima sino entendemos que la única forma de prosperar es atendiendo la ley y las normas, que, aunque duras a veces, son las que sirven y protegen a la humanidad.