Vigía: abolición, reforma o violencia descontrolada

Por John Marulanda*

Descarnado, contundente e incontrovertible el arqueo que del gobierno Santos hace el abogado Abelardo de la Espriella. Tal cual lo registrará la historia y para dolor de su egolatría, nada o poco se dirá de su Nobel de la Paz, untado de corrupción nórdica envuelta en pudrición odebrechiana. Fatuo en querer hacerse un busto a como dé lugar, Santos es el mejor representante criollo de la maquinación, el cinismo y la ausencia total de patriotismo. Pero que “el tartufo”, como De la Espriella lo llama, logró fracturar la moral de la Fuerza Pública, duele oírlo por quienes en combate defendieron y defienden una historia de 200 años pegada con sangre a su piel y uniforme. Es preferible el término “desmotivación” y no es asunto solo de semántica. Los militares de vocación, no los burócratas disfrazados de soldados, saben de los sacrificios a los que voluntariamente se somete el que abraza la carrera de las armas. Esa permanente negación de uno mismo por la atención a sus tropas y subalternos, el descuido de la familia por su dedicación a su Unidad y el duro vencimiento del miedo cuando las balas chasquean alrededor, solo lo entienden los soldados de la Patria.

Así como ejemplarmente hay soldados que se niegan a arrodillarse, los soldados de verdad se niegan a aceptar que nuestro Ejército logró ser desmoralizado por una palaciega y mal afortunada bigornia. Esa moral, principio activo del honor, no la legalizó Jorge Eliécer Gaitán en el 48, ni la inventó Alberto Lleras Camargo en el 56, ni la vinieron a enseñar europeos en el 2000. Esa Moral está vigente cada día en las operaciones contra narcotraficantes disfrazados de revolucionarios cuando una escuadra, un pelotón, una compañía de soldados y/o policías, trata de cumplir su misión de erradicación soportando escupitajos, pedradas y garrotazos de campesinos e indígenas envenenados con doctrinas de odio y desde cuyas plantaciones ilegales sale la cocaína que enriquece a los cabecillas del ELN, las FARC y del crimen organizado transnacional. Ingrata misión que se cumple con paciencia, prudencia y moral. Y es que por cuenta de esos narcotráficantes y de la protección que les garantizan Venezuela, Cuba y Nicaragua, los enemigos de la democracia, depredadores candidatos a tiranos, están creciendo acelerada y amenazadoramente.  

Pero sí hay un poco de desánimo en las filas. Porque es incomprensible que la JEP, rechazada por la mayoría de colombianos, en el 2016, proclame la consolidación de la paz administrando justicia en favor de criminales farianos de lesa humanidad, mientras lincha a militares, con show mediático incluido. Ese agobio producto de injusticia y escándalo, nos puede estar llevando a límites peligrosos.

Y ante el asomo de un nuevo ciclo de violencia peor que los anteriores, propuestas como la de la senadora Paloma Valencia, se abren paso urgentemente: una reforma a la JEP que permita la creación de una sala especial para nuestros soldados, con jueces ajenos a simpatías mamertas o farianas o a antipatías institucionales. Togados no alquilados que apliquen a nuestros militares el principio universal de la presunción de inocencia, el DIH y el derecho operacional. No es mucho pedir, ya que han perdido su fuero constitucional. Otra propuesta, la mejor, la enuncia claramente Luis Alfonso García: “Abolir el fatídico acuerdo”.

Los retirados, militares y policiales, desde sus más de 270 organizaciones deben enviar un mensaje de solidaridad y apoyo, a los hombres y mujeres que bajo banderas, aún nos dan seguridad a costa de sus vidas. Con más del 85% de los colombianos confiando en sus soldados, la Reserva Activa debe agitar una exigencia social masiva para que se reforme o se disuelva la nefasta JEP, antes de que la JEP ayude a disolver el país. El Bloque de la Reserva Activa de Antioquia, BRANT, está lista a apoyar cualquier acción colectiva en este sentido.