José Alvear
Sanín*
Tempus fugit
La democracia tiene que considerar el veloz
paso de los días. Estamos adormecidos y apenas faltan 25 rapidísimos meses
antes de junio de 2022, cuando se jugará la suerte definitiva de la república
entre democracia y totalitarismo, entre libertad y colectivismo, entre
civilización y barbarie…
En los últimos años, sobre todo después de la
imposición, sobre la voluntad popular, de un orden supraconstitucional diseñado
cuidadosamente para la transición al socialismo revolucionario, se ha tolerado
en Colombia, de manera culpable, que toda la iniciativa política corresponda a
la extrema izquierda, que no encuentra la menor resistencia por parte de las
cada vez más débiles fuerzas del orden.
El avance de la subversión, admirablemente
planificado, perfectamente ejecutado y generosamente financiado —tanto por el narcotráfico
como por el acuerdo final con las FARC—, les ha permitido el control absoluto
de la educación, la justicia, los medios masivos y de grandes partidos
políticos. Además, se han infiltrado en el ejecutivo y solo les falta alcanzar
la presidencia de la república…
Con frecuencia, altos funcionarios se ufanan
del cumplimiento del Acuerdo Final por parte del gobierno, mientras las FARC,
sistemáticamente, se burlan de ellos y del país. Centenares de agentes cubanos
actúan a lo largo y ancho, y dentro de tupidas sombras sigue la Cesivi, con
representantes de Venezuela y Cuba, monitoreando los actos del gobierno
nacional.
Por otro lado, las fuerzas armadas no pueden
estar más desmoralizadas y desorientadas, como lógicamente sucede con una institución
debilitada y socavada sistemáticamente durante ocho años, mientras se asistía a
la comedia de La Habana, que duró todo el tiempo necesario para convertir ejército,
armada y fuerza aérea, en tigres de papel.
No existe voluntad de resistencia: la clase
política se ha resignado a esperar la toma electoral del país dentro de 25
meses. Piensan, quizás, que ese día se podrá alcanzar un modus vivendi con el narcocastrismo del “Foro de Puebla” y que
todos podremos seguir tan contentos…
Cuando finalmente salgamos de esta crisis, el
aparato productivo estará destrozado y el hambre y la miseria se habrán
incrementado hasta niveles nunca soñados para la propaganda electoral,
irresponsable y demagógica, de Claudia y Petro.
No es difícil, entonces, predecir que los dos
primeros puestos en la elección de 2022 serán para la energúmeno y el señor de
las bolsas. O para ella y Fajardo, candidato, al parecer, de Santos, si
seguimos al garete…
Por lo tanto, hay que trazar la raya. A partir
de ahora hay que trabajar solo para la derrota de la subversión. Ese tiene que
ser el único y fundamental propósito de la política. De ello depende la
salvación nacional, porque esta no puede lograrse aferrándose a un gobierno que
llegará agotado al 2022.
Es urgente, entonces, que alguien levante desde
ahora la bandera de toda la inconformidad y la preocupación nacionales, con
programas adecuados al momento, por encima de partidos y movimientos caducos,
con voluntad irrestricta de ganar las lecciones para Congreso y Presidencia en
el año definitivo de 2022.
***
—Ante una
togada rabieta. Pocas situaciones son más alarmantes, para la preservación
de los vestigios del estado de derecho en Colombia, que la cooptación del poder
judicial por parte de la extrema izquierda revolucionaria. Desde hace décadas,
el personal judicial subalterno está sindicalizado en una central de obediencia
comunista; y a partir del 2010, las “altas” cortes fueron colonizadas por ese
mismo movimiento revolucionario.
Así se llegó a politizar la rama, hasta llegar
al punto de que las cuatro “altas” cortes están coordinadas dentro del plan
revolucionario y fallan en cómplice seguidilla todo lo que se les ordena en
favor de la toma del poder, o de la persecución a quienes se hayan opuesto a
ese plan. Suponer imparcialidad en ellas es la mayor ingenuidad.
Es difícil saber cuál de las cuatro cabezas de
la hidra judicial es más subversiva. Sin embargo, hay momentos en los que es
imposible prevaricar plenamente con los subterfugios, sofismas, fraseología y
fárrago habituales. Así acaba de ocurrir con la decisión de la Corte Constitucional,
que permite la revisión de la sentencia del doctor Andrés Felipe Arias.
El exministro únicamente solicitaba la segunda
instancia, a la que
tiene derecho, reconocido hasta por la ONU, ante un tribunal imparcial. Pero la
Corte Suprema de Justicia se manifestó inmediatamente con un comunicado rabioso
y grosero, que indica con total claridad que de ellos no se puede esperar probidad
ni justicia.
El texto de ese inaudito pronunciamiento,
aprobado por todos sus magistrados, permitirá recusarlo. Otra cosa es que esas
judiciales raposas acepten separarse de la revisión del juicio del doctor
Arias; o que alguna vez fijen fecha para realizarla, porque al fin y al cabo, a
Arias, que sigue detenido, se le niega el goce de los demás principios
fundamentales de derecho penal por parte de la ladina Corte Constitucional… lo
que, en realidad, no debe sorprender a nadie, en un país donde reos de delitos
atroces y de lesa humanidad son congresistas.
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