Por José Alvear Sanín*
No siempre las manos quedan limpias después de
lavárselas, como ocurrió con las de Pilatos, que traigo a cuento porque la
semana pasada las dos mayores autoridades del país, el presidente y el fiscal, sacaron
sigilosamente el cuerpo a obligaciones ineludibles.
Los varios artículos de la Constitución que
consagran la inviolabilidad de la vida, incluyendo el que dice que no habrá
pena de muerte en Colombia, responden a los postulados de una civilización
fundada en el Decálogo, contra la cual la exaltación del aborto como “derecho”
resulta aberrante.
En buena parte del mundo, en los últimos años
se viene imponiendo un dizque “nuevo orden”, en el que se destruye la familia
con un entorno entre malthusiano y hedonista y se despenaliza el homicidio de
los neonatos, mientras se prepara la aplicación universal de la eutanasia para
quienes crucen determinada edad (como lo han insinuado con franqueza tanto
Christine Lagarde como Shinzo Abe). La mayor parte de estos horrores ha sido
impuesta contra el sentimiento popular, por parte de las “supremas” cortes de
justicia, cooptadas por una habilísima neo-masonería transnacional, a cuya
obediencia se someten las colombianas.
Oponerse a este nuevo orden exige creencias y
valentía, porque se incurre en exclusión política y persecución mediática. Por
eso, muchos optan por una actitud de “neutralidad”, que en el caso del doctor
Duque se resume en aquello de que es creyente y provida, pero que no “minará la
actuación de otras instituciones frente al aborto”, precisamente en el momento
que el asesinato de Juan Sebastián ha despertado la indignación horrorizada de
la inmensa mayoría de los colombianos, cuyo clamor será desoído mientras el
campo abortista se refuerza con nuevos nombramientos, de ministro de salud y
directora del ICBF herodianos, y con la solicitud de la Alcaldía de Bogotá para
que se libere y despenalice hasta instantes antes del alumbramiento, y
sentencia ad portas de la Corte
Constitucional, para que se practique on
demand hasta las 12 semanas…
Al lado de lo del aborto lo de la corrupción
parece de menor entidad, pero la respuesta del flamante fiscal a la carta del
expresidente Pastrana es inaceptable. En ella se le recordaba que no se puede
seguir omitiendo la investigación de los sobornos de Odebrecht en la campaña de
Juan Manuel Santos, a lo que el doctor Barbosa, verbal y groseramente, contesta
diciendo que para él todas las cartas son iguales…, lo que nos hace temer que
nunca haya sanción para el indigno expresidente, como jamás la hubo contra otro
de los peores, Ernesto Samper.
La permanente usurpación de funciones y el habitual
prevaricato por parte de la Corte Constitucional son cada día más descarados y
tolerados por los otros poderes públicos, que se inclinan temerosos ante ella.
En esas condiciones la autoridad suprema, en lo legislativo, judicial y
administrativo, recae ahora en nueve personas sin mandato popular, que hacen y
deshacen siguiendo un libreto infame, cuyo primer capítulo fue el de la famosa
“dosis personal”, y que no se detendrá, ni con la “legalización” del aborto, ni
con la proscripción de la objeción de conciencia, para lo cual, además de
llevarse de calle los principios fundamentales de la Carta, desconocen la
Convención de San José —obligatoria como Tratado internacional suscrito por
Colombia—, que reconoce la inviolabilidad de la vida, desde la concepción hasta
la muerte.
