Por John Marulanda*
El hecho de que una impresionante mayoría de ciudadanos haya apoyado al
médico que mató –y no asesinó, para ser precisos– a tres asaltantes, llama a
reflexión. La ciudadanía aprueba lo sucedido por sentirse representada en una
situación cotidiana en la que los delincuentes parecen llevar la delantera y
resultar siempre gananciosos, frente a las víctimas, muchas veces fatales, que
caen en el anonimato de la estadística.
Más allá de los aspectos legales de la legítima defensa, lo que se ve es
una sociedad a punto de reventar ante fuertes presiones: desempleo, corrupción,
impunidad e inseguridad. Esta última es el problema número uno en las
principales capitales del país y en determinados sectores rurales, justo donde
están los cultivos ilícitos de coca. La vigilancia privada, los carros
blindados, el porte de armas, los frentes de seguridad ciudadana y de seguridad
industrial, son medidas que buscan auto proveer la seguridad que el Estado no
alcanza a garantizar. Comunidades de comerciantes organizados, dispuestos a
defender sus negocios y bienes a garrotazo limpio, son indicadores de la
ruptura social en la que podríamos estar entrando. El linchamiento parece
convertirse en un desahogo frecuente y generalizado, mientras aumenta la
presión para la tenencia y porte legal de armas de fuego.
A las armas se oponen gobernantes responsables que entienden que esta
cultura de sangre caliente, de irresponsabilidad y de “cheveridad” no es la
misma norteamericana. Pero las estadísticas lo demuestran: países con porte de
armas regularizado tiene bajas ratas de homicidio, Uruguay, por ejemplo,
mientras otros con severas restricciones como Venezuela, muestra altos índices
de muertes por armas de fuego y el tráfico ilegal de armas aumenta entre los
delincuentes, tan hábiles con el puñal como con el revólver, o lo más
aterrador, con el fusil.
La facilitación de armas de fuego para la defensa personal debe ampliarse,
empezado por los miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro –al fin y
al cabo, pasaron toda su vida en medio de las armas–, y a civiles previo
entrenamiento registrado y obligatoriedad de polígonos periódicos. Junto al
salvoconducto respectivo, la persona deberá portar el decálogo de seguridad con
las armas, su tarjeta de tiro actualizada y las reglas de “enganche” para el
uso de su arma.
Sería necesaria también, una campaña educativa intensa y permanente que
genere buenas prácticas de seguridad personal preventiva y responsabilidad en
la tenencia y uso de armas de fuego.
