Por John Marulanda*
Documentos y testimonios demuestran que los criminales carteles de la
cocaína, finalmente, no se transformaron en organizaciones extremistas de
izquierda. Al revés, la historia sí ha comprobado reiterativamente que FARC, M-19,
ELN y EPL, se convirtieron en carteles de la droga, eso sí, sin abandonar el
deteriorado argumento político de las banderas marxistas leninistas,
castristas, socialistas del siglo 21. Ahora, todos sin excepción, forman parte
de ese monstruo que nos agobia, denominado crimen organizado transnacional, que
campea en el Pacífico colombiano, principal ruta de exportación de cocaína
hacia los insaciables mercados norteamericano y asiático.
Por eso, llama la atención que los obispos de la región del Pacífico y Suroccidente de Colombia, en una carta al
gobierno traten de manera discriminatoria y viciada a los actores violentos de
esta estratégica región. Todas las bandas que asesinan a los genéricamente
llamados líderes sociales, a policías y soldados, que intimidan, fuerzan el
desplazamiento de comunidades, extorsionan, reclutan y violan menores, están
indefectiblemente ligadas al narcotráfico. Pero para los firmantes del
documento, con el ELN se debe “lograr un acuerdo de paz” mientras que, con las AGC y estructuras similares, se debe posibilitar “un acogimiento
colectivo a la justicia”. Su pastoral pareciera justificar el apostolado
cristiano comprometido con los más pobres, homicidio incluido (Teología de la
liberación). O el Estado los sanciona a todos de acuerdo con el código penal
vigente o negocia con todos, siguiendo el terrible mal ejemplo habanero, que
sumió la moral nacional en la bancarrota. Igualmente, insisten los
purpurados en la existencia de un “conflicto armado”, cuando lo que está
atestiguando la opinión pública son las actividades criminales del ELN, FARC, Clan
del Golfo, carteles mexicanos y otros. No hay ninguna ideología que justifique
lo que está sucediendo.
En el mismo mensaje los firmantes
mencionan “posibles situaciones de connivencia de integrantes de la fuerza pública
con grupos ilegales”, generalización que con la orquestación de algunos
periodistas que amplifican la presencia paramilitar en Bojayá sin mencionar al ELN, debilita la institucionalidad a punta de rumores y verdades a medias. A
este paso, pronto surgirá la idea de entregarle la seguridad de la costa pacífica
a la guardia cimarrona, indígena o campesina, legitimados en Cuba, mientras el
asedio mediático contra nuestros militares llevará a algunos “analistas” de
bolsillo y parlamentarios comunistas, siguiendo el ejemplo de la Ministra de
Defensa de Argentina, a considerar la opción de acabar el ejército
bicentenario. Pesadilla en desarrollo.