Por
José Alvear Sanín*
“Las
dos caras de la paz”
(Bogotá: Planeta, 2009), de Néstor Humberto Martínez Neira, es un libro muy
bien escrito, sólido y revelador, que he leído cuidadosamente. Sin omitir
glosas, recomiendo su lectura.
En
primer lugar, hay que destacar la preparación y experiencia del autor: superintendente
bancario, miembro de la junta del Emisor; gerente jurídico del BID, ministro de
Justicia (1994), embajador en Francia, ministro del Interior con Pastrana
(1998), y con Santos, ministro de la Presidencia (2014); fiscal general bajo
Santos a partir de agosto 1° de 2016, hasta el 15 de mayo de 2019, bajo Duque.
En los intervalos entre grandes puestos públicos, unos quince años, ha ejercido
la abogacía con inmenso éxito económico.
En
consecuencia, no se trata de una persona crédula ni mal informada. Como
ministro de Pastrana tuvo personal y profundo conocimiento de la perversidad y
mala fe de la cúpula guerrillera, como recuerda cuando narra episodios y
conversaciones en el Caguán. Además, en el capítulo 5 no solo explica mejor que
nadie las estrategias que llevaron a Chávez al gobierno, sino que nos permite
observar cómo se repiten ahora en Colombia.
También
revela hasta dónde el acuerdo con las FARC ha sido concebido por ellas
únicamente como mecanismo para alcanzar el poder, porque nos dice que sus
dirigentes son fanáticos comunistas, intransigentes, obcecados, refractarios,
impenetrables, etc., lo que los hace indignos de toda presunción de inocencia o
buena fe.
Por lo tanto, creo que
las Farc nunca capitularon, sino encontraron una oportunidad (…) para hacer de
la opción negociada una vía para crear condiciones que les permitieran acceder
al poder (p. 233).
En el
epílogo volverá a desnudar a los guerrilleros, lo que me obliga a preguntar:
¿Cómo es posible que, al enterarse del contenido de los acuerdos, como fiscal,
un eximio jurista no denuncie la incontable cantidad de violaciones a la
Constitución que ellos contienen?
Y
luego, después de la negativa del plebiscito, cuando el gobierno procede a la
aprobación dolosa del Acuerdo Final (AF), contrario a la Carta y las leyes,
¿cómo es que no hace las denuncias penales correspondientes? ¿Ignoraba que,
cuando fue fiscal, Alfonso Valdivieso denunció al presidente Samper penalmente
por infracciones, veniales si se quiere, frente a las cometidas por Santos?
El
exfiscal disimula, entonces, y finge creer en las bondades de la “paz” …, pero
cuando ya se ha consumado esa cadena de golpes de Estado, empieza a tratar de
mitigar los peores atropellos autorizados en la ley estatutaria de la JEP. Su
sólida argumentación jurídica tiene un éxito provisional, porque el Congreso
aprueba algunos correctivos a ese estatuto aterrador, pero pocos meses después
la Corte Constitucional derogará para que esa ley quede igual al proyecto presentado
por las FARC y el gobierno.
Esta triste
historia se repetirá con las tibias objeciones de Duque a seis artículos de esa
ley, que ¡solo tenía otros 154 inconstitucionales e inconvenientes!
A lo
largo de todo el libro Néstor Humberto se cuida de alejarse de Santos, aunque
deja entrever (p. 83) que no ignoró las maniobras fraudulentas para birlarle la
presidencia a Óscar Iván Zuluaga; y algo todavía peor: en las páginas 129 y
siguientes narra cómo engañó Santos a Uribe Vélez cuando este último intentaba
algunas reformas a los acuerdos con las FARC para hacerlos menos
inconvenientes. Lo anterior me lleva nuevamente a señalar que nunca se debió conversar
con Santos nada distinto a su renuncia, después de la negativa del pueblo al
AF.
Ahora
bien, como fiscal, Martínez Neira realizó una gran labor que la historia le
reconocerá, evaluando y cuantificando la actividad criminal de las FARC, para
transmitirla a la JEP. ¡Otra cosa es que esa jurisdicción haga caso de esa
documentación!
Para el efecto, el 8 de
noviembre de 2016 formé el Grupo para la persecución de activos ilícitos,
integrado por 300 personas (…) 100 del CTI, 100 de la Dijín y 100 del ejército,
que durante más de un año analizaron 13 millones de archivos electrónicos, 15.000
entrevistas y 286 inspecciones, labor que permitió establecer que el patrimonio
ilícito de las FARC alcanzó una suma cercana a los 10 billones de pesos (…) y
que entre 1996 y 2012, recibieron 1.2 billones de dólares por secuestros y 7.7
billones de pesos por narcotráfico. (Pag. 235 y siguientes)
Su
Fiscalía trató de lograr la entrega de los bienes de las FARC para la
reparación de las víctimas. Por eso el libro nos recuerda el famoso inventario
de esa organización, que sumaba dizque 823 534 millones de pesos, lo que no
pasó de ser una gigantesca mamada de gallo, porque, inter alia, decían
tener 241.560 hectáreas de tierra, sin identificación catastral o registral,
por la suma de 433.658 millones de pesos, así como 20.724 cabezas de ganado,
sin información de dónde estaban, y de 325 vehículos sin matrícula, etc., para
no hablar de traperos, cirugías de venas várices y de la operación de la
cavidad de un pene, que presentaban como créditos contra la Nación. La realidad
es que, si mucho, a diciembre 31 de 2019 han entregado unos $ 20 000 millones,
según Néstor Humberto, o el 0.38 % por ciento de ese inventario, según la Federación
de Víctimas de las FARC.
El
capítulo 6, dedicado a las maniobras de las FARC para evadir el cumplimiento de
la entrega de esos activos es muy interesante. Ojalá la fecha límite para esa
entrega de bienes, que el gobierno ha aplazado hasta el próximo 20 de julio, no
conduzca a nuevos plazos, concesiones o engaños.
El
gobierno siempre le cumple a las FARC, mientras ellos jamás lo hacen, pero
insisten en que nada se les ha cumplido, aunque de nuevo acaban de ampliar los
términos para seguir sosteniendo a millares de “cumplidores” del AF.
Como
están frescos los episodios de la confabulación de la JEP con Santrich y su
fuga, no es necesario referirnos a ellos. En toda esa comedia bufa la única
actuación seria fue la del fiscal, que tuvo que renunciar el 19 de mayo de 2019
para no tener que cumplir con la orden arbitraria e ilegal de la JEP de
excarcelar al narcoguerrillero.
Para
finalizar, llamo la atención sobre el terrible epílogo del libro, que retrata
de nuevo la índole de las FARC y la infamia del acuerdo que les entregó el
control del Estado, aunque el autor —todavía— sigue creyendo indispensable “concertar
una política que acelere el cumplimiento del Estado”…
En la
página 361 nos informa que 99 114 investigaciones de delitos de las FARC
dejaron 72 146 víctimas (…), que desde luego —acoto— nadie está actualmente
detenido por esos hechos, ¡mientras por 4 110 investigaciones contra agentes
del Estado, hay 11 664 procesados! Frente a miles de secuestrados (pag. 266)
solamente 275 terminaron en condena, y por reclutamiento de niños solo hay 10
sentencias, pero utilizaron 5 252 menores, y de ellos, solamente entregaron al
ICBF 124 (pag. 367).
Al
cerrar el libro no puedo dejar de pensar que si el fiscal Martínez Neira, en
vez de seguir confiando en un pacto con delincuentes que él bien conocía,
hubiera cumplido con el deber de denunciar los delitos que rodearon su
fraudulenta aprobación, el epígrafe de su libro, “Como testimonio de fe en
las libertades y el orden institucional”, tendría mayor validez.
