Hacia el gobierno de transición

José Alvear Sanín*

Nada puede haber ahora más perjudicial que la actuación políticamente correcta de negarnos a la realidad, describiendo los acontecimientos con eufemismos y expresiones edulcoradas o celebrando triunfos donde solo hay cenizas.

Las FARC nunca han sido ni serán una fuerza democrática. Aunque son el brazo armado del partido comunista clandestino, de obediencia cubana dentro del esquema del internacionalismo proletario que recibieron el país. Esa entrega imperdonable fue rechazada en dos ocasiones por el pueblo “soberano”: la primera, cuando el NO, contra todas las trampas, triunfó en el plebiscito. Pero esa providencial decisión fue desconocida; y en vez de exigir la renuncia del presidente, se le permitió continuar maniobrando hasta que, mediante una ratificación espuria, pudo entregar el poder al partido clandestino cuyo nombre es tabú.

Más tarde tuvimos una elección presidencial que elevó la ventaja de las fuerzas democráticas, de 50.000 a 2.5 millones de votos; y la volvimos a desperdiciar porque el nuevo gobierno decidió dar cumplimiento estricto al acuerdo con las FARC, en vez de reformarlo para hacer posible la supervivencia de nuestra democracia. Su única repulsa en 15 meses ha sido la de objetar tres artículos de una ley sobre la JEP, que solo tenía otros 63 artículos inconstitucionales.

Si Petro hubiera llegado a la casa de Nariño, a partir del día siguiente habría empezado a plena marcha el gobierno de transición previsto en el NAF. En cambio, el doctor Duque adoptó una lánguida actitud, más de Santos que de Uribe, especie de limbo político, que ha ocasionado crecientes inseguridad e ingobernabilidad, sin que las ingratas izquierdas se lo agradezcan…

La anterior indeterminación es la principal causa del desastre electoral del CD, sin que dejemos de reconocer la pésima preparación de las elecciones en Bogotá, y aun en Medellín.

La duplicación de votos en regiones marginales, sobre todo en territorios antes dominados por las FARC, no puede consolar al CD.

En cambio, la caída de Bogotá y de Medellín en manos de la extrema izquierda es ominosa. Los alcaldes de esas ciudades adquieren el control sobre unos 50 billones de pesos anuales, y sobre varios centenares de juntas de acción comunal. Hay allí dos elementos insuperables para organizar una eficiente maquinaria electoral que, unida a la incapacidad legislativa y al dominio de la judicatura y los medios masivos por parte de la izquierda, la ubica en pole position para ganar las elecciones de 2022, para no hablar de los dineros de la industria del narcotráfico, estrechamente vinculado con la izquierda castro-madurista.

No más eufemismos (= mentiras): ni Claudia López es una mujer de “centro - izquierda”, ni Daniel Quintero es “independiente”. Ambos son actores de primera fila dentro del elenco revolucionario.

Además, en Bogotá, tanto Claudia como Hollman y Carlos Fernando se presentaron como fervientes partidarios del NAF, lo que indica el grado de desinformación de un electorado capaz de votar por ellos, sin tener en cuenta ni la situación de Venezuela, ni el “huracán” que ufano anuncia Diosdado.

En estas aterradoras circunstancias, un gobierno maniatado por la camisa de fuerza del NAF puede verse tentado a pasar de “acatar” a pisar con fuerza el acelerador que lo convierta en un eficaz “gobierno de transición”, sin oposición en el Congreso ni en las Cortes, aceptado por los medios y elogiado por toda la progresía mundial, para dejar atrás el triste papel que hasta ahora ha asumido.

Ante el atroz escenario político hay dos posiciones: la primera, la resignación, la espera de un futuro ineluctable como el presente de Venezuela, en el cual ni siquiera podríamos emigrar caminando. La segunda, iniciar desde hoy la resistencia, con determinación, coraje, energía y convicción.

Como no tenemos ni el Churchill ni el De Gaulle, hay que encontrar al líder capaz de enderezar el rumbo, antes de que llegue el momento en que clamemos por un cabecilla militar cuando ya no sea posible encontrarlo.

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Claramente inspirado por las fundaciones de Soros, el proyecto de resolución para “regular el aborto” pone a Colombia como el país más “avanzado” en esa industria macabra. Sin restricción de tiempo para el feticidio, niega también la objeción de conciencia, obligando a los médicos a matar o perder su empleo; y a las instituciones sanitarias confesionales a colaborar en la masacre…, pero al “ministro de Salud” nadie le pide la renuncia. Al contrario, se lo apoya, desconociendo que de la Constitución solamente surgen facultades para la vida, jamás para la muerte.