Por Pedro Juan González Carvajal*
Se ha vuelto costumbre que, de manera facilista, cada
gobierno de turno haya logrado sacar adelante reformas tributarias para
compensar los déficits propios que se presentan cuando se aprueban de manera
irresponsable, por parte del ejecutivo y del legislativo, presupuestos no
balanceados, como es el caso consuetudinario en Colombia.
De igual manera nos cobran una de las tarifas de
combustibles más altas del planeta, a pesar de que somos autosuficientes en la
producción de hidrocarburos, como una figura alternativa a la de los tributos
tradicionales, es decir, nos cobran un impuesto disfrazado.
Paralelamente, ante la crisis financiera producto de
factores internacionales o de la inoperancia de la Superintendencia respectiva,
se les ocurre hacer aprobar un impuesto temporal para lanzar un salvavidas a
las entidades financieras en dificultades, hace ya casi 20 años, conocido en su
momento como el 2 por mil, que después se convirtió en el 3 por mil, hasta
llegar hoy al 4 por mil, engañando de manera afrentosa a todos los ciudadanos,
ya que lo presentado inicialmente como temporal, se ha convertido en algo definitivo.
Se quejan, y con razón, los empresarios, pues Colombia es
uno de los países con mayor cantidad de cargas tributarias, lo cual desmotiva
la inversión, afectando la necesaria generación de empleos nuevos.
Las continuas modificaciones al marco tributario también
desalientan a los inversionistas por la pérdida de estabilidad tributaria, lo
cual es una de las principales condiciones que debe ser garantizada para poder
hacer adecuados análisis de riesgos.
Suenan las piedras de algunos ríos en el sentido de que
es posible que al gobierno se le ocurra la luminosa idea de presentar un
proyecto de ley para generar una estrategia, desde lo tributario, para
financiar el tema de la debacle de Electrocaribe y por qué no, los desfalcos de
escándalos como el de Odebretch.
¡No nos crean tan pendejos!
En vez de seguir esquilmando el bolsillo de ciudadanos y
de empresas, que los gobiernos se pongan a trabajar y saquen jugo a las
riquezas propias de nuestro exuberante territorio y se dediquen a combatir y
erradicar la corrupción.
Mientras exista este flagelo de la corrupción, que nos
está comiendo como un cáncer agresivo, la motivación de los ciudadanos para
pagar impuestos es ninguna. ¿Se imagina usted amable lector lo que sucedería si
tuviéramos un pueblo que ejerciera una verdadera ciudadanía, y en un acto
legítimo de desobediencia civil nos propusiéramos no pagar más impuestos hasta
que se vieran resultados contundentes contra la corrupción y se recuperara un
alto porcentaje de lo robado?
Antes de siquiera sugerir la creación de más impuestos o
figuras asociadas para compensar lo robado por malos colombianos, se debería
entonces pensar en términos gerenciales en controlar los gastos inoficiosos, y
cerrar todos los órganos de control a todos los niveles, pues sus resultados
reales ante el fenómeno creciente de la corrupción son inocuos.
Por ahora, ¡Alerta Cachirí! no nos vamos a dejar meter
las manos a la boca. No seamos tan güeboludos.