miércoles, 4 de septiembre de 2019

Objeción de conciencia


Por José Alvear Sanín*

José Alvear Sanín
Nada hay más “políticamente incorrecto”, en estos tiempos de neocatarismo, que la defensa de la vida humana, sea intrauterina, sea la de los ancianos que entran, en tantos países, a hospitales convertidos en antesala de la funeraria, donde se les niegan los tratamientos requeridos, porque su vida ya es improductiva. No olvidemos que tanto madame Lagarde como el primer ministro japonés, algo dijeron sobre la inutilidad de estas existencias.

La monumental y proficua industria de la muerte también está globalizada.

No es solo la eutanasia demandada por pacientes conscientes, sino también la ordenada por parientes afanosos, por enfermeros y médicos “piadosos” o por jueces entrometidos. No olvidemos tampoco la celeridad con que se decreta la “muerte cerebral”, para poder extraer órganos urgentemente requeridos en quirófanos cercanos para trasplantes en pacientes ricos…

El aborto, convertido por cortes macabras en derecho superior a los demás, y protegido por legisladores indignos hasta extremos tan aterradores como la creación del délit d´entrave a l´avortement, por parte del Parlamento francés, el 15 de febrero de 2017. Esta inusitada figura castiga con dos años de prisión y 30.000 euros de multa los sitios de “desinformación” que traten de “disuadir” a las mujeres que buscan información sobre esa manera de eliminar la vida, en un pobre continente donde hay más abortos que alumbramientos, condenado al envejecimiento y a la miseria en el futuro cercano…, para no hablar de la China del segundo hijo prohibido, y del Japón, que agoniza.

Esta ley francesa, como tantas otras en Europa, Canadá, varios Estados norteamericanos y Gran Bretaña, sumada a las incontables contra la “homofobia y los delitos de odio”, impide la enseñanza religiosa, sustituida hoy por la ideología de género, que desde la más tierna infancia prepara para la banalización del aborto cuando llega la febril adolescencia.

En muchos países, los médicos que se niegan a practicar abortos pueden ser destituidos y hasta encarcelados, así como los clérigos que recuerden el sexto mandamiento.

Colombia ya ha “avanzado” también hasta aceptar las late term abortions, porque aquí no hay límite de tiempo que proteja al feto.

Muchas personas, especialmente las que tienen creencias religiosas, no están todavía dispuestas a violar sus principios más profundos, derramando sangre inocente. Nada, entonces, más repugnante que obligar con sanciones económicas y penales al personal sanitario, para que ejecute acciones contrarias a la conciencia. En esta situación las “democracias” modernas no superan, en lo tocante al respeto a las libertades religiosa, de conciencia, de expresión y de pensamiento, a los peores regímenes totalitarios, nazis o comunistas.

Ante la ausencia de normas que garanticen el derecho a la objeción de conciencia, la senadora María del Rosario Guerra ha presentado un valioso (y valiente) proyecto de ley para garantizarla, de tal manera que los profesionales y las instituciones sanitarias comprometidas con el respeto por la vida no sean obligadas a prestar “servicios” contrarios a sus convicciones o a su razón de ser.

Bienvenido ese ético proyecto de ley, que ya empieza a ser atacado por el lobby de la muerte, orientado por las fundaciones Gates, Rockefeller, Ford y Soros, Profamilia, la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y la totalidad de la izquierda colombiana.

Ojalá los partidos democráticos y las iglesias, empezando por la Católica, apoyen esa iniciativa que refleja sus doctrinas, las de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. ¡Esta lucha hay que darla, como tantas otras, porque quien no quiere vencer ya está derrotado!

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Tiene toda la razón el presidente Duque cuando afirma: “No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla” (porque son las mismas FARC), pero no acierta cuando añade: “(…) sino frente a amenazas criminales de una banda de narcoterroristas”, como si esta “banda” de Márquez y Santrich pudiera ser distinta de su matriz, dentro del gran cartel narco-político al que pertenece.

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No sé si sea posible “desestigmatizar” a las FARC, ni si la colaboración del gobierno en tan difícil empresa sirva de algo distinto a perjudicarlo. Mientras tanto continúa, sin la menor resistencia oficial ni particular, la diaria estigmatización del doctor Uribe, el Centro Democrático y del propio y aquiescente presidente Duque. Los niveles de mendacidad, grosería y violencia que se emplean contra ellos están creando el clima de odio necesario para atemorizar, desprestigiar y desmoralizar las fuerzas del orden, y para hacer tolerables, por parte de la opinión pública, todos los desafueros y desmanes, mediáticos y judiciales, contra sus cabezas visibles.