Por John Marulanda*
“Resistencia” es la remozada piedra filosofal de los alquimistas comunistas
castristas. En “resistencia”, cubanos entrenan a agricultores en Saravena,
Arauquita, Arauca, Tame y regiones fronterizas con Venezuela. Las FARC apertrechan una “resistencia campesina” con pobladores de Magüi
Payán en la frontera con Ecuador. Y allí, el gobernador de Nariño amenaza con
declararse en “resistencia”, cuando el gobierno reinicie la fumigación de
cultivos ilícitos.
Los resguardos indígenas del suroccidente colombiano, rebosantes en coca y
marihuana, son territorios independientes de donde la fuerza pública fue echada
a escupitajos. Tienen autonomía administrativa, corrupta por supuesto; justicia
propia, a punta de fuetazos y cepos; economía autógena basada en narcotráfico y
en minería ilegal, y seguridad autonómica a cargo de las guardias indígenas y
estructuras paramilitares garroteras, legalizadas en los acuerdos habaneros,
reclutadoras de niños a quienes disciplinan a punta de formaciones y de gritos
y entrenan para odiar a la policía y al ejército.
Estos resguardos son soberanías de la ilicitud habitados por tribus en
mingas con explosivistas de dotación y que tratan de darle valor político a sus
desmanes ritualistas con el mismo argumento del gobernador Romero: “$450.000
pesos recibe una familia que siembra coca. Esa es la oferta de la criminalidad.
¿Y cuál es la del Estado? Ninguna”. Principio explicativo y justificativo
de la prostitución y el mercenarismo mafioso. Y de la “resistencia”. La región
Cauca-Nariño, con más cultivos de coca que el Perú, amenaza con convertirse en
una narcoautonomía si el Estado con la legitimidad que posee, bajo parámetros
legales y con severidad, no somete al imperio de la ley a todos los
colombianos y extranjeros que delinquen allí.
En la esquina nororiental, en Santander, el procaz alcalde de Bucaramanga
ridiculizó la legitimidad pensional de quienes tienen que, 24/7, sacrificar la
propia vida si fuere necesario en defensa del país, además de ser los únicos
que incurren en el delito de cobardía “en presencia del enemigo o
delincuentes”, dice la ley. Hernández, no acomete con igual saña a los
educadores, miembros del otro régimen pensional especial. ¿Ese descomedido
embate forma parte de la andanada que con oscuros intereses, soporta nuestra
institución bicentenaria?
La posterior reunión del burgomaestre con algunos simpáticos reservistas
sin representación alguna no resarce su maltrato a nuestros soldados y
policías. Ojalá en su frenesí, a ese folclórico personaje no se le ocurra darle
un cocotazo a ningún suboficial u oficial. Podría encontrar la horma de su
zapato.
