Por Antonio Montoya H.*
Desde
el inicio del blog del pensamiento he venido hablando, escribiendo e
insistiendo en que la disciplina, el orden y el respeto por la norma son vitales
para lograr una convivencia organizada en la sociedad. Por ello, los
columnistas y yo, expresamos las ideas, de forma respetuosa y cuando tenemos
quejas concretas que formular lo hacemos con el único objetivo de que los
funcionarios públicos corrijan sus errores y que quienes ejercen en un momento
determinado funciones de control, de administración y de vigilancia ciudadana,
realmente controlen.
Como
antes de formular una acusación es conveniente tener pruebas de lo ocurrido, de
manera que una sola parte no tergiverse los hechos y lo haga incurrir a uno en
falsedades o en historias contrarias a la verdad, solicité la prueba de lo que
me estaba contando una señora y así es que me envió la copia de la denuncia
penal presentada en la Fiscalía General de la nación en la que narra los hechos
que a continuación describo de una manera sucinta:
Una
noche del mes de mayo, viernes a las 12.30 p.m., va la señora en mención con su
hija menor de edad, de 17 años, para la clínica por cuanto tenía un dolor
abdominal que parecía ser apendicitis. En el camino fueron detenidas por un
retén de tránsito y procedieron a efectuarle la prueba de alcoholemia, la cual
inicialmente dio positiva. Le indicaron que tenían que hacerle otra prueba más
técnica y la encerraron en un bus, alejada de su hija, quien afuera lloraba del
desespero y del dolor. Qué tragedia, un policía de tránsito insensible,
investido de autoridad, se negaba a oír el llanto, los ruegos de la madre y su
hija, nadie más intervenía y había más funcionarios, todos ajenos a ese dolor
humano. Para ellos era más importante la prueba que el acompañar a la señora
con su hija a la clínica, porque también le dijeron que fueran, pero ella se tenía
que devolver a la prueba lejos de la clínica y dejando sin protección a la
menor.
Al
fin de cuentas la prueba no dio positiva, dejaron el carro detenido, y para
acaba de ajustar, cuando días después fueron a recogerlo a los patios del tránsito
estaba chocado y su arreglo tuvo un valor cuantioso, de lo cual existe prueba.
¿Qué
tenemos entonces? un abuso de autoridad, un funcionario plenamente identificado
y denunciado con nombre y número de placa, un procedimiento arbitrario e ilegal,
y más que todo inhumano. Una niña menor de edad, una madre desvalida por causa
del abuso, un carro chocado y un funcionario infame, creyendo que el poder es
una placa y que puede hacer lo que quiera.
Este
y muchos otros casos se presentan a diario en la ciudad de Medellín y en otros
muchos lugares de nuestro país. Es necesario que los funcionarios públicos que
tienen a cargo a estos personajes les hagan entender que una cosa es el orden,
la disciplina y el respeto por la ley, y otra es la forma y manera en que ellos
deben aplicar las normas. Es necesario sensibilizarlos y hacerles entender que
hacen más bien a la sociedad respetando al ciudadano y no abusando del poder y
la autoridad; un buen ejercicio de autoridad hace bien.
Tengo
en mi poder la denuncia, el nombre del oficial de tránsito, su número de
identificación, para que no vengan a decir después que es una denuncia
temeraria. La verdad es una y a ella me someto, no acepto que una sociedad
permita funcionarios abusivos, llenos de prepotencia y poder. Requerimos
hombres con humanismo, que ayuden y que eviten el dolor, y que sean cumplidores
de la norma, pero respetando la dignidad.
