Por Antonio Montoya H.*
Si observamos la historia reciente, el gobierno
colombiano tuvo que estructurar un área jurídica, denominada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, que se encarga de la defensa de sus intereses económicos, frente a las
miles de demandas que se presentan día a día, buscando obtener indemnizaciones,
mediante fallos judiciales, porque consideran que hay responsabilidad de
quienes ejercen actividad pública y por ello se debe compensar económicamente
esas falencias.
Dia a día, en los periódicos regionales y
nacionales se dan como noticia importante algunos de estos fallos y el monto de
las condenas, sin analizar en detalle como surge el proceso y lo que en el fondo
se da para buscar este beneficio vía sentencia judicial.
Miles de ejemplos podríamos poner, pero hay
unos más importantes que otros para analizar el porqué de esas reclamaciones y
cuándo sí deben operar. Las sumas de dinero que salen del bolsillo de los
contribuyentes colombianos suben como espuma porque tenemos una justicia
paternalista que, si bien estudia el drama humano y es lógico y normal, debe ir
más allá y estudiar el tema de la responsabilidad como consecuencia fundamental
para condenar.
A cifra de marzo de 2019, dadas por el propio
gobierno, existen hoy cuatrocientos seis mil (406.000) procesos en curso, con
los cuales los demandantes pretenden obtener fallos a su favor por el orden de
trescientos ochenta y cinco billones de pesos, y por lo menos el 40% de esa
cifra corresponde a intereses, algo escandaloso y desproporcionado. Es un
despropósito buscar en todos los casos indemnizaciones del Estado, cuando la
responsabilidad es del propio demandante, pero, argumentando la ineficacia del Estado,
obtienen sentencias a su favor.
Para simplemente enumerar, tenemos demandas por
temas como el de las conocidas pirámides,
que es el propio usuario quien coloca el dinero buscando interés mayor al de la
banca y sin pagar retenciones, y luego, cuando el dinero se pierde, la
responsabilidad es del Estado, absurdo, pero así sucede.
Por
desplazamiento forzado, argumentando la inexistencia de presencia del
Estado y muchos de los demandantes, no han estado en esos lugares de conflicto
y violencia.
Salud y
pensiones,
cuando se interviene a estas entidades que abusan del usuario, lo maltratan,
dilatan la atención médica y por ello, como consecuencia son intervenidos. Los intervenidos,
por supuesto, pasan a demandar al Estado.
Por
accidentes en las vías nacionales, transitan por allí a grandes
velocidades, alicorados y luego del accidente el que paga es el Estado
argumentando mala señalización de vías. Hoy mejora sustancialmente la
señalización vial precisamente como consecuencia de estas demandas.
Por energía, tenemos el
caso de Electricaribe, que abusó de los usuarios de la Costa Atlántica colombiana.
No cumplen, se pierde el dinero, no hacen mantenimiento, tienen fallas
constantes en el servicio, son intervenidos y luego demandan al Estado buscando
indemnizaciones, lo cual no tiene presentación.
Podríamos continuar detallando una a una las
fuentes de demandas y hallaríamos el
secuestro, por falta de seguridad, los casos de fallecimientos en la red privada de EPS; inundaciones, deslizamientos, cuando a pesar de la prohibición de
construcción al lado de los ríos y quebradas se construye, y luego viene la
avalancha, trayendo consigo muerte y dolor, ante lo cual, no falta la
respectiva demanda.
No puedo afirmar que no existirá eventualmente
responsabilidad del Estado, pero, debemos admitir que se dan muchas demandas
buscando aprovecharse de las falencias del Estado para beneficiarse
indebidamente.
En buena hora el Estado, está actuando,
defendiéndose y contraatacando, porque una cosa es el derecho legal y cierto, y
otra buscar la responsabilidad del Estado en todos los casos. Hay
responsabilidades compartidas, otras del usuario y habrá otras del Estado, por
ello, en un proceso justo, donde se vea la defensa real y efectiva de los
recursos públicos, se evitarán abusos de muchos abogados que están atentos a
obtener pequeñas ganancias demandando al Estado.
