Por John Marulanda*
Durante
los ocho años que el ejército estuvo acuartelado, dizque preparándose para la
paz, Colombia volvió a ser el mayor productor global de cocaína y el crimen
organizado internacional sentó reales en su suelo. La trama criminal del
narcotráfico, que involucra todas las mafias del mundo y conforma una poderosa
y sofisticada fuerza monetaria y política, toca todas las élites del poder
económico, gubernamental y mediático del mundo.
Destruir
el principal producto con que mercadea el crimen organizado internacional, es
una tarea que afecta la mafia mundial que provee placer y dinero a millones de
norteamericanos y europeos.
Los
soldados colombianos combaten contra esa hidra riquísima, corruptora, con
amigos y clientes en las altas esferas nacionales e internacionales, bien
armada y equipada, violenta y que controla vastas zonas en Catatumbo, Arauca,
Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. Nuestros militares, instruidos en Derechos
Humanos, enmarcan sus operaciones dentro de lo establecido en el Protocolo II
Adicional a los Convenios de Ginebra y tienen el mandato gubernamental de
privilegiar las desmovilizaciones sobre las capturas y bajas, y utilizar la
fuerza letal en el marco del DIH, cuando se den hechos objetivos y claramente
establecidos. Y para gusto de sus enemigos, no tienen fuero. Con esas
referencias, proponer objetivos y ejercer presión para su cumplimiento, es
legítimo y legal. Sin embargo, el Derecho Operacional, actualizado en 2015,
quedó en entredicho con el sistema jurídico supraconstitucional (JEP) preparado
en La Habana con inconfundible sabor comunista y además, desafortunadamente, no
existe una Ley de Seguridad y Defensa que armonice lo operacional, con lo legal
y lo político, lo que da lugar a artículos ambiguos y desbalanceados como el
del señor Casey quien especula sobre el renacimiento de las ejecuciones
extrajudiciales, vendiendo miedo y desconfianza, generando incertidumbre.
¿Qué
buscan el NYT con su artículo malicioso y HRW con sus infundios contra el mando
militar? ¿Proteger a los colombianos? ¿O hay intereses subterráneos para que
nuestro ejército merme su ofensiva y vuelva a los cuarteles, para que no dañe
el negocio? Digan lo que digan, enemigos, malquerientes y oportunistas, el
Ejército Nacional sigue siendo la institución de mayor confiabilidad por parte
de los colombianos. Y actuará normativamente en la compleja misión de recuperar
regiones en la donde delincuencia globalizada, FARC, ELN y carteles
multinacionales, durante ocho años, montaron sus imperios. Quien se equivoque
en esta misión, será castigado por el pueblo, más que por la descalabrada
justicia colombiana.
