Por José Alvear Sanín*
A pesar de mi analfabetismo digital, entiendo
que sin hardware no puede funcionar el software. Para un lego como yo, su
relación se parece a la del árbol con sus hojas y frutos. El Evangelio me
recuerda que el malo no da frutos buenos (Mateo 7, 17). Si los árboles malos no
se cortan de raíz, siguen produciendo frutos perjudiciales.
Ahora bien, uno de los peores problemas de
Colombia es la creciente corrupción. Desde que tengo uso de razón me impresiona
la rutinaria presentación de proyectos de ley y la expedición de miles de
decretos, resoluciones, circulares, etcétera, anticorrupción. Por ese motivo he
llegado a pensar que toda esa producción legislativa y normativa es inútil.
Centenares de veces he escrito que lo que debe hacerse, más bien, es nombrar
funcionarios honestos y bien preparados, pero esa costumbre no va con muchos
nominadores. Generalmente se designa para complacencia de los caciques; y los
que no son pícaros suelen ser ineptos. Es doloroso reconocer el bajo nivel
general de la gran mayoría de los empleados públicos. La mediocridad y la
ineptitud no son freno a la picardía y el chanchullo. Todo lo contrario…
Hay sectores especialmente corruptos, como el
de la justicia, que por definición debe ser íntegra e incorruptible; y los
gobiernos municipales, a partir de la elección popular de alcaldes. Y no
olvidemos las corporaciones de elección popular.
Las sucesivas “reformas” son paños tibios que
no pasan en un Congreso poco interesado en moralizar. La última reforma
judicial, tan mediocre y anodina como la propia ministra del ramo, tuvo el
triste final que merecía.
Si los políticos quisieran luchar contra la
corrupción, tendrían que atacar las causas del problema, en vez de seguir
disfrutando de sus efectos.
Dejemos de lado la inmunda JEP, para hacer algunas
consideraciones sobre la justicia. Desde la colonia es tan lenta como ineficaz,
especialmente en lo penal, donde no se resuelve ni siquiera el 3% de los
asuntos. ¡Se dice que la vida profesional de un litigante equivale a la
duración de tres procesos! Y como la demora es la mayor injusticia, desde
tiempo inmemorial se “lubrica” a jueces y auxiliares para que finalmente se
resuelva un negocio…
Me parece que bastaría con leyes que permitan
destituir e inhabilitar de por vida a todos los jueces que tengan “atrasado el
despacho”. Una justicia expedita que falle dentro de los términos es la mejor
garantía para los ciudadanos, y por eso la tolerancia secular de la morosidad,
pereza e impreparación de los jueces es la mayor corrupción.
Por otro lado, no existe asunto jurídico que no
pueda resolverse con cinco o seis páginas bien razonadas, pero los falladores
excogitan sentencias kilométricas. En la Corte Constitucional, por ejemplo, se
registran sentencias de centenares de páginas que constituyen la peor “literatura”
imaginable, y con esa basura se justifican los más grotescos exabruptos. La
ignorancia y la verborrea suelen ir de la mano.
Y como si algo faltara, en los últimos años
domina el sesgo político. Si el negocio interesa a la izquierda se resuelve en
semanas, mientras los demás asuntos duermen un sueño que no es propiamente el
de los justos. Esta corrupción de orden ideológico es tan grave como la
venalidad, pero esto no se puede ventilar por ser “políticamente incorrecto”.
Por tanto, habría que retornar a la justicia
apolítica de antaño, cuando ella no era botín burocrático y clientelista,
aunque jamás fue expedita.
Antes de la elección popular de alcaldes y
gobernadores, el presidente escogía a los segundos y estos a los primeros. Las
quejas y las equivocaciones eran investigadas y sopesadas. El presidente sacaba
a los gobernadores inadecuados. Y los gobernadores, a los alcaldes pícaros o
inútiles. Ahora, en cambio, los elegidos locales son reyezuelos pródigos y
prácticamente inamovibles, que llegan pobres pero suelen salir ricos de
municipios arruinados y endeudados.
Las maquinarias territoriales son perpetuas e
invencibles. Del desastre administrativo no se libran ni las grandes ciudades.
Recordemos los gravísimos daños que Garzón, Moreno y Petro han causado en
Bogotá; o las lamentables alcaldías de Fajardo y Salazar en Medellín, pero
nadie propone derogar la funesta elección popular de esos funcionarios, porque
de los negociados locales se derivan los más jugosos ingresos y el ascenso de
los caciques a legisladores y hasta candidatos presidenciales.
Como todos los comicios se han vuelto
increíblemente costosos, con deplorable frecuencia los elegidos quedan
hipotecados a quienes los financian, o venden sus votos para recuperar la
“inversión”.
Entonces, mientras no se ataque este mal de
raíz, para volver a la política como actividad altruista y hasta ruinosa, no
podrá haber moralización. Como la política-negocio ha derrotado el servicio
patriótico, tendremos que volver más tarde sobre este asunto, que tampoco se
ataca de raíz. Como remedio se ha ensayado la financiación pública de las
campañas electorales, pero esto ha resultado contraproducente, porque el erario
acaba pagando el despilfarro y la irresponsabilidad. ¡El más lamentable, pero
no único ejemplo, es el de Petro, que mientras ha defraudado miles de millones
al Distrito, se aferra a 16.000 millones de reposición de gastos de campaña!
Sigue teniendo vigencia el programa de Núñez,
“Regeneración total o catástrofe”.
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Esta columna no aparecerá durante las próximas
semanas por viaje de su autor.
