El profundo dolor
que nos embarga por el horroroso atentado en contra del senador Miguel Uribe
Turbay no puede impedirnos pensar con serenidad sobre el futuro de nuestro
país, agobiado por la violencia y el terror bajo el yugo del corrupto
régimen social comunista.
Entendemos que la
mayoría de los colombianos, atribulados por el impacto del miedo y la
impotencia frente a la tiranía, se refugien en un solo clamor por la unidad
frente a esta infame tragedia y en la oración, tabla insustituible de
esperanza para nosotros los creyentes.
Lo que no podemos
es callar frente a la hipocresía de quienes ahora condenan el execrable
atentado, a pesar de haber mantenido una permanente hostilidad contra quienes
se oponen a su dañina gestión, tildándolos de nazis, fascistas, oligarcas,
asesinos y hampones. Como expertos en la lucha revolucionaria, conocen que es esta
la mejor vía para incendiar los ánimos y conseguir la reacción violenta de los
más fanatizados.
Su discurso de
odio y de estigmatización a todo el que no comulgue con sus demenciales
iniciativas se ha ido intensificando ante la derrota del proyecto de
consulta popular en el Congreso, el rotundo fracaso del paro nacional
convocado para el 28 y 29 de mayo, el abandono de sus huestes que ya ni
con amenazas de despido a los funcionarios ni con el pago de gratificaciones a
los marchantes salen a respaldar tan desprestigiado Gobierno, y la profusa sucesión
de escándalos que involucra a 12
funcionarios del régimen y a entidades como el Congreso, el Ministerio de
Hacienda, la Unidad de Riesgos, y muchas más.
Como es bien
sabido, la izquierda radical, fiel a la cartilla marxistaleninista, no tiene
ningún freno moral, ético o legal para utilizar todas las formas de lucha,
todos los medios ilícitos, inclusive el asesinato, para aferrarse al poder.
Su condena a la violencia no deja de ser una simple trampa, una mentira más,
una herramienta de uso común para mantenerse en el poder. Ya se intuía este
desencadenamiento de la violencia desde las amenazas de Petro al Congreso,
“libertad o muerte”, o su aparición en la plaza pública con una espada y la
bandera de la muerte. A buenos entendedores, pocas palabras bastan. Ya no
le queda a Petro otro argumento para continuar en el poder distinto al del terror,
tarea a la cual ha dedicado gran parte de su perversa existencia.
¿Cómo
atajar este proceso de descomposición ahora que el tirano se ha quitado la
máscara?
Ciertamente no nos
es permitido en esta hora de angustia y de dolor permanecer impasibles, como si
no nos importara la destrucción del país. Todo el mundo habla de defender la
institucionalidad, pasando por alto que la mayor parte de las instituciones están
al servicio del aprendiz de dictador. Quien debe tomar la iniciativa y levar a
cabo la recuperación del orden, la convivencia, la normalidad es cada uno de
nosotros. Es la oportunidad para lograr esa ansiada unidad que parecía
lejana, coartada por la ambición y el egoísmo imperante por encima de los
intereses de la patria.
¿Cuál
es la solución a tan tremendo desafío?
1. Reunámonos
alrededor del juicio por indignidad que cursa en la Comisión de Acusaciones
de la Cámara por violación de los topes financieros, infracción que acaba
de reconocer el Consejo Nacional Electoral en proceso adelantado contra el presidente
de Ecopetrol, Ricardo Roa. Presionemos a los congresistas para que cumplan con
su deber de tramitar el juicio con celeridad y tener en cuenta la decisión que
en la materia ha tomado el Consejo Nacional Electoral, con la llamada a juicio
puede ser separado del cargo el infractor.
2. Solicitemos a
los partidos políticos y precandidatos opuestos de verdad (no de palabra) al
régimen petrista se unan en un “frente patriótico”, coalición electoral
que solicitaría al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de una
consulta popular para la designación de un candidato único de la coalición,
por el cual votarían todos los colombianos que no estén de acuerdo con la
continuación del régimen castro chavista de Petro. Existe ya un proyecto para
constituir la coalición con la participación de un grupo significativo de
ciudadanos, en el cual se incluyen dirigentes empresariales y gremiales,
veteranos y reservistas de la fuerza pública, grupos activistas en las redes y
en las marchas de protesta contra Petro, grupos de damnificados con las
funestas decisiones y omisiones del régimen, etcétera.
