Según lo establecido en nuestra Constitución
del 91, en Colombia tenemos un sistema de democracia representativa, lo
que significa, que supuestamente, son el presidente, los gobernadores, los
alcaldes, las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales,
además de senadores, representantes, diputados y concejales, los que deben
representar los diferentes estamentos de la sociedad, que votó por ellos. Estas
personas, elegidas con nuestros votos, se supone deberían estar en contacto
permanente con el pueblo (indígenas, negritudes, desempleados, centrales
obreras, estudiantes, comerciantes, industriales, gremios, ambientalistas, etcétera,
pero desafortunadamente este mecanismo de representación democrática, de
participación ciudadana, no está funcionando correctamente, por haberse perdido
el norte de lo que significa la prevalencia del interés general sobre el
interés particular. Es que el estatus económico, social y político de nuestros
presuntos representantes esta tan elevado, que los aísla en una burbuja que les
impide vivir, sentir y compartir, con y como el común de los colombianos.
Todos
nuestros supuestos representantes, están de acuerdo con el paro, pero dicen no
representarlo, porque por lo general siempre está acompañado de hechos
vandálicos y violentos, que por supuesto rayan en el código penal y afectan la
paz y tranquilidad que nos merecemos la gran mayoría de los colombianos. Es
como si el país estuviese en manos de un poco de bandas de delincuentes
dispuestos a, por la violencia, destruir todo lo construido para el bienestar
de toda la sociedad. Y nuestros supuestos representantes nada pueden hacer, ni
siquiera se les ocurre nada.
Este
tipo de actitudes, obedecen a que la democracia representativa no está
funcionando por estar dedicada a la búsqueda de intereses personales, tanto de
quienes nos representan, como de los vándalos violentos que nos quieren
exterminar, para poder perpetuar a sus anchas, el caos y el desorden, del que
solo se pueden aprovechar unos pocos. Es muy raro que sean los sectores que
tienen sus senadores, sus representantes, sus concejales, sus diputados, sus
alcaldes, sus gobernadores, sus JAC y sus JAL, los que están marchando. La
mayoría lo hace pacíficamente y unos pocos ejercen la violencia, aprovechan las
marchas, apoyadas por todos, rechazadas por todos y que nos afectan a todos.
Mejor dicho, se trastocaron los valores, el interés general es el de mantener
el caos, amparados en una actitud, débil e hipócrita de nuestros supuestos
representantes, bien pagados, dotados de camionetas blindadas, escoltas y
equipos de asesores.
Hemos
acostumbrado tan mal a nuestros supuestos representantes con sueldos,
camionetas y escoltas, que el mejor negocio es el de buscar por todos los
medios una elección popular en un supuesto cargo, que los coloque en prelación
frente a los demás colombianos; prueba de ello son los miles de candidatos que
participan en la contienda de la supuesta representación popular.
La
señal que están dejando es la de representar sectores y no representar a nadie,
para que, ingenuamente, el pueblo crea que va a ser tenido en cuenta,
haciéndose sentir, perjudicando y perturbando el interés general, como
quien dice: el cambio social se logra incomodando y destruyendo a la sociedad,
pero resulta que la sociedad no se va a dejar, la paciencia se está acabando.
Ante
tanta violencia, desorden y confusión, no puede ser posible que ahora la fuerza
pública no pueda cumplir con su función constitucional de defender la vida y
los bienes de la sociedad, defensa que tienen que hacer buscando a los vándalos,
a los violentos dentro de los pacíficos marchantes, quienes terminan sirviendo
de idiotas útiles de los que se quieren quedar con el botín del Estado.
Cuando
hay una emergencia sanitaria, acompañada de una emergencia social y política,
es la oportunidad para que nuestros dirigentes de las ramas legislativa,
ejecutiva y judicial, además de los organismos de vigilancia y control, se
pongan a tono con la situación que vivimos, mostrando que son colombianos, como
lo somos todos, iguales ante Dios, la patria y la ley; ya no vale la pena
seguir obrando en contravía del grito enfurecido e interminable de todos los
colombianos, que reclaman un comportamiento más acorde con la realidad, que
permita recuperar confianza en las instituciones, para que estas funcionen en
pro del interés general.
Yo no
sé si en las reuniones del presidente con los congresistas, los partidos
políticos, los magistrados de las diferentes cortes y organismos de control,
han tratado el tema de sus altos salarios y beneficios, para plantearle a los
colombianos algo más racional, más acorde con la situación real que vivimos. Cómo
sería de bien recibido y cómo ayudaría en la búsqueda de recuperación de confianza
en las instituciones, una decisión de autorreducción de salarios y prestaciones
de congresistas, magistrados, diplomáticos y de todos los funcionarios del Estado,
cuyas ganancias rayan en la exageración, aun en épocas de bonanza, y que ya los
colombianos no somos capaces de seguirles pagando.
Sería
muy saludable para Colombia, altos funcionarios que se conecten y compartan,
que se comporten como colombianos comunes y corrientes, saliendo de la burbuja
que los tiene atrapados para alcanzar un posible contacto con la realidad,
acercándolos al pueblo. Ellos no escuchan, porque ni siquiera lo ven y las
necesidades de los colombianos no dan tregua, como para seguir aguantando la
ineficiencia e ineficacia de nuestros supuestos representantes, lo que ha quedado
al desnudo durante esta crisis económica, política y social. El descrédito de
los partidos y movimientos políticos y por ende de las instituciones del Estado,
es total, los sentimos muy lejos de nosotros, al común de los colombianos. No
nos están prestando los servicios y menos la representación para la que fueron
establecidos. La desconexión es total, lo que hace más difícil la recuperación
de confianza en las instituciones.
No
puede ser que la Unidad de Protección tenga más de 3.000 carros, en su mayoría
de alta gama, blindados y yo no sé cuántos escoltas, ni cuántos conductores,
sin ningún aparente control eficaz. Lo único claro es que eso es una
sinvergüenzura que se debe acabar. Todos debemos estar en igualdad de
condiciones frente a los innumerables riesgos que a diario tenemos que
enfrentar los colombianos, a excepción de los protegidos, nuestros supuestos
representantes. Si se hace un estudio de costo beneficio, pierden el año, hasta
delinquen en los carros suministrados por el Estado. El que quiera carro que lo
compre o que lo rente y si quiere escoltas, que los contrate de su propio
bolsillo.
El
pueblo no quiere más protegidos, a costas de los desprotegidos y más cuando
esos protegidos, como que no son los que nos representan.
Que el
Espíritu Santo, toque los corazones de nuestros políticos, los ilumine para que
tomen rápidamente las medidas de autocontrol que les permita ser y sentir como
cualquier colombiano, sacándolos de la burbuja que ellos mismos crearon para
beneficio propio y de sus cercanos.
