Ha pasado
inadvertida para muchos la orden que impartió el sujeto que funge como
presidente de los colombianos al Consejo Directivo de la Unidad de
Regulación Financiera (URF) de eliminar la posibilidad de que las
administradoras de fondos de pensiones (AFP) puedan invertir los ahorros de los
colombianos en el mercado internacional.
Esta alternativa ha
sido juiciosamente utilizada con el fin de buscar la mayor rentabilidad y el
menor riesgo de pérdidas para este patrimonio que es de los pensionados, no del
Gobierno, y que debe ser preservado para que pueda cumplir con el pago mensual
de las pensiones sin demeritar su cuantía.
Tiene esta artimaña
el recóndito objetivo de respaldar los bonos de deuda pública que, en forma
desenfrenada, está emitiendo el régimen en su loca carrera por acaparar toda
clase de recursos, aunque no le pertenezcan, para derrocharlos en la campaña pretendiendo
atornillarse al poder en las próximas décadas.
Somos los
pensionados un sector silencioso, con escasa participación en las decisiones
que nos afectan, lo que nos coloca en una peligrosa situación de desprotección
de nuestra subsistencia y nuestro patrimonio.
El torpe y
malintencionado manejo de las finanzas públicas está conduciendo al país al
mayor descalabro económico de su historia. Ya la deuda pública llegó a
cifras jamás alcanzadas, y estamos contratando deudas con tasas de interés que
solamente pagan países en bancarrota. El desmesurado e irracional aumento
del salario mínimo y el esperpento inconstitucional de la emergencia
económica comienzan a generar cierre de empresas, reducción del empleo,
elevación de la inflación, afectación a los presupuestos de los entes
territoriales y un peligroso déficit de tesorería en las arcas del Estado.
Como si lo anterior
fuera poco, se incluyó un impuesto confiscatorio al patrimonio, una
verdadera expropiación por cuotas. Cada año debemos pagar al estado alcabalero
un 5 % del valor de nuestro patrimonio, lo que equivale a decir que en 4 años
el Gobierno se apodera del 20 % de nuestras pertenencias.
Es especialmente
gravoso para los pensionados que solo disponen de un ingreso, la mesada que
reciben y gastan en su propia subsistencia y la de su familia, ¿Cómo vamos
a pagar el impuesto al patrimonio? Es, además, un tema de justicia. La mayor
parte del patrimonio del pensionado lo constituye su vivienda, que adquirió con
su esfuerzo de toda una vida, y pagó impuestos sobre sus ingresos como
empleado. ¿Por qué razón nos van a expropiar lo que conseguimos con tanto
esfuerzo?
Solución: la salida de esta monumental injusticia, de una vez y para siempre, es que
nos unamos alrededor de nuestros comunes intereses. Dejemos a un lado
los gustos políticos y las manipulaciones del régimen y de tantos candidatos en
trance de ser elegidos; abandonemos la indiferencia por la política pues si así
lo hacemos, seguiremos siendo las víctimas de lo que otros decidan por
nosotros.
Si actuamos “todos
a una, como en Fuenteovejuna”, seremos capaces de cambiar nuestro destino y
el de Colombia. Se los garantizo como un pensionado más y lo demuestro: somos 5
millones de pensionados, Si sumamos la pareja más 2 personas a cargo por
jubilado (hijos, nietos familiares), tendríamos un potencial de 20 millones
de personas dispuestas a intervenir en la vida pública para hacer valer
nuestro derecho a la subsistencia y a nuestro patrimonio.
América Latina está
dominada ahora por dos grandes tendencias: la de quienes queremos la
seguridad y el orden, y la de quienes buscan el totalitarismo de Estado,
la intervención estatal violando los derechos fundamentales de la persona
humana. Propongo que acompañemos el movimiento denominado “Defensores de la
Patria” que lidera el doctor Abelardo de la Espriella. No hay
espacio para medias tintas ni posiciones tímidas que solo conducen a que los malvados
se aprovechen de nuestra debilidad. Acompáñanos en esta lucha. ¡Alerta,
compañero pensionado!
