Acaba
de concluir en Bogotá la V Cumbre de presidentes de los Estados Miembros del
Tratado de la Cuenca Amazónica (OTCA), antesala de COP30 a celebrarse a finales
del presente año en Belém de Pará, donde se debatió la carta que los países
amazónicos van a jugar para proteger la mayor selva y pulmón del mundo. En
términos tangibles, el mayor logro de la V Cumbre fue establecer las reglas de
juego para que, finalmente, opere un mecanismo de cogobierno de los pueblos
indígenas dentro de la OTCA. Otro compromiso para resaltar de esta Cumbre fue el
respaldo al lanzamiento de un fondo para proteger el bioma amazónico,
garantizar la participación de los indígenas en la toma de decisiones de la
organización y la inauguración de un centro internacional de inteligencia
policial en Manaos, Brasil.
La
Amazonía noroccidental, en su mayor parte territorio colombiano, compartido con
Ecuador, Perú y Brasil es una región que cumple una función estratégica vital dentro
del gran bioma amazónico. En la cuenca hidrográfica del río Putumayo y en parte
del denominado Trapecio Amazónico se conforma la conexión entre las altas
montañas andinas y la planicie amazónica. Justamente estas dos subregiones, las
más vulnerables por su valor ecosistémico y geopolítico de la Amazonia, se han
convertido en territorios en disputa por múltiples actores al margen de la ley,
atraídos por actividades ilegales, que compiten por la extracción de los
recursos naturales (forestales y mineros), generando una crisis
multidimensional que amenaza no sólo la vida y el equilibrio ambiental, sino
también la democracia, la seguridad climática y la estabilidad regional.
La
profesora Dolors Armenteras directora del grupo brasilero de Investigación
Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas (Ecolmod), señala que “si
se pierde la conectividad entre los Andes y la Amazonia baja, se rompe el
delicado equilibrio de procesos vitales como el ciclo del agua, el transporte
de nutrientes y las migraciones de especies, tanto terrestres como acuáticas,
fundamentales para la salud ecológica de toda la región, y sin duda del planeta.
El
informe “Amazonía en disputa. Seguridad climática y conflictos
socioambientales en la Amazonía noroccidental”, presentado por la V Cumbre
de la OTCA, hace un llamado urgente a los Estados, la sociedad civil y la
comunidad internacional a actuar de manera decidida ante una realidad crítica[1]. Según el presidente Lula
da Silva, en la Amazonía operan hasta 17 organizaciones criminales compitiendo
por el control del territorio. Justamente las dos subregiones atrás mencionadas
(Cuenca del río Putumayo y Trapecito Amazónico) son las que enfrentan mayores y
crecientes presiones por la expansión de actividades extractivas.
La
realidad de una Amazonía en disputa remite a un escenario de confrontación
territorial multisectorial. No se trata únicamente de un conflicto entre
actores legales e ilegales, sino de una lucha por el significado mismo del
territorio, su uso, su gobernanza y su futuro. Según la OTCA, en el centro de
esa disputa confluyen los siguientes conflictos:
Disputas
ambientales. Enfrentamientos
entre actores con intereses, valores o modelos de desarrollo contrapuestos, en
contextos de desigualdad, debilidad institucional y presiones extractivas sobre
uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Estas disputas, provocan pérdida
de bosque afectando su capacidad de regulación climática y su capacidad de
absorción de carbono.
Disputas
de capital. Conflictos
estructurales entre diferentes formas de acumulación, inversión y extracción de
valor en los territorios amazónicos, en los que actores legales, ilegales e
híbridos compiten por controlar tierras, recursos, rentas y circuitos
logísticos. Estos conflictos convierten el territorio en mercancía y giran
alrededor de los recursos de la Amazonía, incluyendo minerales estratégicos,
tierras raras, el agua, el oro, la fauna y la flora, así como la riqueza
biológica del bioma. La demanda internacional por commodities juega un
papel central en estos conflictos, que se acentúan sobre las zonas fronterizas
y su funcionalidad geográfica en términos de corredores y rutas que conectan la
Amazonía con los mercados internacionales.
Disputas
del crimen organizado.
Las economías ilícitas y los grupos que las regulan imponen normas y reglas
para controlar territorios y poblaciones de su interés. Esta imposición se
traduce en una gobernanza de facto, en donde la violencia se convierte en una
forma de castigo y en donde se generan vínculos entre las economías ilícitas,
las economías lícitas y las economías informales. La competencia por el control
o la regulación de las economías ilícitas y sus enclaves se traduce en un
incremento de la violencia o de otras formas de control social, como la
extorsión.
Disputas
comunitarias. Se trata
de conflictos entre actores sociales del mismo territorio o región,
generalmente pueblos indígenas, comunidades campesinas, colonos, ribereños o
afrodescendientes, que compiten o entran en tensión por el uso, acceso, control
o reconocimiento de derechos sobre la tierra, los recursos naturales, las
formas de gobernanza local o las relaciones con actores externos. Estos actores
comunitarios, que juegan un papel central en la protección y conservación del
bosque, son muchas veces deslegitimados en procesos de decisión estatal y
empresarial.
Disputas institucionales. Este conflicto se
genera por la competencia entre diferentes formas de estatalidad, compuestas
por instituciones muchas veces fragmentadas, superpuestas y contradictorias,
que oscilan entre la protección formal y la captura corporativa y estatal.
Estas disputas incluyen la administración de justicia, la regulación ambiental,
el poder local o el control fronterizo; campos en los que intereses privados
logran poner las instituciones públicas a su servicio, provocando un proceso de
erosión democrática sin precedentes.
Tampoco
se presentan de manera aislada unas de otras, pues en el ámbito territorial se
dan en el marco de una superposición de territorialidades, actores, recursos,
capacidades e intereses, donde se manifiesta la complejidad de la crisis de la
Amazonía. Más allá de la clasificación analítica, el abordaje de estas
disputas, y de la disputa por la Amazonía en general requiere un abordaje
integral y multiescalar. Este entramado de territorialidades produce un mapa
cambiante de conflictos socioambientales, donde las fronteras entre lo legal y
lo ilegal, lo público y lo privado, lo político y lo criminal, son
constantemente redefinidas.
La
Amazonía Noroccidental es un territorio en disputa por múltiples razones
interrelacionadas, que van desde intereses económicos y geopolíticos hasta
dinámicas criminales, tensiones sociales y desafíos ambientales. Su importancia
estratégica y su vulnerabilidad la convierten en uno de los escenarios más
críticos para la seguridad ambiental, climática y humana en el siglo XXI, el
cual no es ajeno a la creciente polarización política y a la competencia
internacional entre las grandes potencias. Comprender la relación entre esas
disputas permitirá encontrar la forma apropiada de fortalecer las capacidades
de los gobiernos amazónicos, la sociedad civil, y las organizaciones
regionales, para desarrollar acciones dirigidas al control de la criminalidad
organizada en la región, así como a la mitigación de sus impactos ambientales.
Mientras la polarización frente a temas como el cambio climático aumenta en los
foros internacionales, y las negociaciones políticas sobre responsabilidades y
compromisos de los diferentes Estados avanzan lentamente, la pérdida de
superficie boscosa y de biodiversidad en la Amazonía continúa acelerándose.
Esperemos
que los gobiernos de la región noroccidental de la Amazonia - Colombia,
Ecuador, Perú y Brasil, la COP30 - y la comunidad internacional se responsabilicen
de un gran proyecto internacional para salvar la Amazonia de su inminente
destrucción, a que la están precipitando los grupos al margen y la ley. Las demás
acciones, tales como empoderar a las comunidades indígenas de la gobernanza de
sus territorios, están supeditadas a que la institucionalidad recupere el
control de la de la Amazonia Noroccidental.
Amagá (Antioquia), 25 de agosto de 2025.
