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En los 1078 días que lleva este Gobierno
no ha habido uno solo en el que no se haya violado deliberadamente la
Constitución y la Ley, con frecuencia en materia gravísima, y rutinariamente en
cada proyecto de ley, decreto, o con la conducta personal del gobernante.
Nada ha pasado porque “la Ley no
grita cuando es violada” (según Talleyrand, gran experto en la materia), y
porque guardan silencio quienes deben gritar en su defensa: jefes políticos,
congresistas, militares, fiscales, magistrados, periodistas. Muchos de ellos
han estado sobornados, y otros, pusilánimes, han guardado “prudente” silencio,
dejando la oposición solamente a un puñado de impotentes comentaristas
patrióticos, al margen de los grandes medios.
La dirigencia política se limita a gruñir,
muy de tarde en tarde, para contrarrestar los abusos de un gobierno que distrae
la opinión con diarios escándalos grotescos (siendo el último y el peor, hasta
ahora, el del pasado consejo de ministros, con todo y alocución del fantoche).
Los otros poderes son neutralizados con
mermelada, mientras sus amigos armados controlan creciente parte del
territorio, convertido en santuario de la hoja de coca..., cuando las fuerzas
militares, además, son desmanteladas. Todo lo anterior, sin que griten las
leyes.
Las buenas gentes, desinformadas por la televisión
y otros medios embadurnados o constreñidos, o ignoran la gravedad de la
situación, o se resignan a padecerla, porque están huérfanas de líderes aguerridos
en la conservación del Estado de derecho.
Afortunadamente, la tragedia que vive el
país está amenizada por la aparición de docenas de candidatos presidenciales
espontáneos, sin votos ni rumbo.
Marchamos, entonces, hacia unas
elecciones inciertas en todo sentido, porque el gobierno prepara el autogolpe
para imponer una nueva Constitución por fuera de la Carta, que permita un
modelo comicial madurista.
El país, indudablemente, está polarizado
entre un gobierno con “la voluntad de poder y la astucia táctica” de la
que carecen los dirigentes políticos frente a una opinión desarticulada
dispersa, atomizada y al garete, pero a la que se le dice que hay que confiar
en la posible actuación in extremis de la mismas “sólidas instituciones”,
que hasta ahora no han hecho nada para sostener el “imperio de la Ley”.
Ilustrativo el reciente episodio de una
Corte-sana constitucional que priva al Consejo Nacional Electoral de la
facultad de investigar al presidente, y de una Comisión de Acusaciones que se
apresta a absolverlo, ¡porque delegó el manejo de la campaña en un señor, ignoró
la procedencia de los fondos y la violación de los topes, sin actuación suya
dolosa...!
Hace un mes, el asesinato frustrado del
senador Uribe Turbay hizo descender sobre Colombia una cortina de silencio
sobre todos los escándalos, mientras una Fiscalía de bolsillo, de manera
diligente, va alejando de la planeación político-revolucionaria la
responsabilidad del magnicidio, que se atribuye entonces a un grupúsculo
guerrillero.
Si el próximo 28 de julio, el doctor
Uribe Vélez es sentenciado, ¿gritará la Ley por esa aterradora violación?
***
Ya sabemos lo que Petro estuvo haciendo
en Manta. ¿Por qué nadie le exige que nos presente la fotocopia del manuscrito
de esas magistrales 38 páginas?
