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Con
la infame sentencia condenatoria, anunciada ya por la juez, contra el expresidente
Álvaro Uribe Vélez, se inicia una nueva etapa (¿definitiva?) en el avance de la
revolución colombiana. A partir de tan monstruoso prevaricato, ese proceso se
radicaliza, porque el poder petrista se asienta ahora sobre las sólidas bases
del terror y el regicidio.
El
asesinato frustrado del doctor Miguel Uribe Turbay inicia el reinado del
terror, y la condena del doctor Álvaro Uribe Vélez equivale al regicidio.
A
partir del 7 de junio de este año fatídico se nos ha notificado, de manera
inequívoca, que la oposición política implica un riesgo mortal permanente. Por
tanto, no es de extrañar que, después de lo de Fontibón, el silencio reine
sobre todos los escándalos, corruptelas, mentiras y violaciones de la
Constitución y la Ley, por parte del Gobierno, y que su titular pueda no solo
exhibir, ahora con mayor desfachatez, su estado mental alterado, sino que
también pueda avanzar con mayor determinación y sin tapujos hacia la toma del
poder absoluto, a través de la reelección que propone, en público y a voz en
cuello, su nuevo segundo al mando, el soez de Saade[1].
Si
con el primer atentado se ha logrado amedrentar tanto al país político, es
posible que no se perpetren por ahora otros magnicidios, pero llegará luego la
ocasión en la que, después de otro, el gobernante “se vea obligado” a asumir
todos los poderes y a aplazar las elecciones, hasta que se recupere la
normalidad democrática..., y luego vendrán la nueva Carta, impuesta por los
comités populares municipales (soviets), y la “paz total”, de acuerdo
con el ELN.
Ahora
bien, después del terror viene el regicidio, porque la anunciada sentencia
contra Uribe Vélez no es cosa distinta de la decapitación simbólica de quien
encarna, mejor que nadie, nuestre ancien régime de imperio de la Ley,
tridivisión de poderes, supremacía de la Carta y responsabilidad moral de
quienes encarnan las instituciones.
Con
la próxima sentencia, que será proferida sin pruebas o contra ellas, el gran
expresidente será convertido judicialmente en un vulgar delincuente común, para
demeritar totalmente la concepción del Estado de derecho que, desde la Real
Audiencia, con los naturales cambios históricos, viene siendo inspirada por las
ideas de legitimidad y deber ser, porque si ya todas las instituciones están
tomadas por delincuentes, corruptos, esbirros, prevaricadores y perjuros,
desaparece para siempre la ingenua confianza en las “sólidas instituciones” que
harían imposible el golpe de Estado y la caída del país en el abismo.
En
esas condiciones, ¿qué sigue, diferente de un régimen similar o peor que el de
Venezuela?
No
estamos ante un “error judicial”, sino que hemos tenido que presenciar el primer
juicio político estalinista de nuestra historia, cerrado en un juzgado
municipal, probablemente con una motivación redactada por especialistas que no
estaban agobiados por el trabajo rutinario y urgente que caracteriza los
despachos penales[2]
La
infamia hiere tanto a la patria como a su inocente víctima, pero como “la Ley
no grita cuando es violada”, los escándalos de las semanas venideras seguirán
ocultando al país, como viene sucediendo desde hace tres años, la marcha
triunfal de la revolución narco-comunista en Colombia.
[1] Ahora, más envalentonados, Petro y Saade anuncian medidas para la
toma del espectro electromagnético, y la consiguiente censura y supeditación de
los medios, inevitable en un régimen comunista totalitario; y este dúo, además,
ya no vacila en entregar a Maduro la soberanía sobre tres departamentos,
seguros de que ningún órgano procederá contra ellos por traición a la patria.
[2] Un acucioso conocedor de la IA observa que ese instrumento podría
determinar hasta dónde escribió la juez las interminables y farragosas
consideraciones, con los sofismas correspondientes, y qué parte de ese falaz
mamotreto le fue suministrada...
