.jpg "Andrés de Bedout Jaramillo")
La solicitud del desmonte ordenado de la EPS SURA,
a la Superintendencia de Salud, con todo el profesionalismo y claridad, demostró
la imposibilidad de mantener la operación con una UPC insuficiente para atender
la salud de los colombianos y más cuando ya se han generado unas pérdidas de más
de $400.000 millones de pesos. Queda en el Gobierno nacional la muy grave equivocación
en que han incurrido al no realizar siquiera los estudios que permitan los ajustes
en la UPC en pro de la sostenibilidad del sistema, escudados en una supuesta corrupción
generalizada, que han querido disque mitigar a punta de intervenciones gubernamentales
que solo han ayudado a deteriorar en forma más acelerada todos los indicadores de
servicio, financieros y jurídicos, y que están llevando al siguiente paso, la liquidación
de las EPS intervenidas.
Las intervenciones han demostrado al Gobierno que,
con la UPC actual, no es sostenible el sistema, es más, así lo están diciendo a
todo pulmón, los agentes interventores designados por el Gobierno nacional, presumo,
con algún asomo de así sea un escaso conocimiento en materia de salud y administración.
Lo más triste de todo es que ya llegamos al punto
de no retorno, la crisis inducida, logró su objetivo inicial, desmotivar totalmente
al sector privado en las inversiones en salud, quebrar EPS e IPS privadas y públicas,
forzando a que todo el sistema de salud pase a manos del Estado, con las consecuencias
de mala calidad en el servicio. Hemos pasado de una salud que estaba funcionando
bastante bien, con un régimen subsidiado que tenía por igual a todos los colombianos,
por el deterioro del sistema en general este beneficio solo continuará para los
pocos colombianos que además de los aportes obligatorios a salud, puedan pagar planes
complementarios y pólizas de salud prepagada.
Personalmente pienso que las entidades de control
deberían actuar frente a este perverso, irresponsable y dañino despropósito gubernamental
que desafortunadamente logró su cometido y acarreará seguramente multimillonarias
demandas contra el Estado colombiano, que nos tocará pagar a todos.
Reconstruir el sistema de salud destruido tardará
mínimo, según los expertos, más de 15 años, partiendo de la generación de unas condiciones
de seguridad y estabilidad que permitan animar y motivar nuevamente al sector privado
en las inversiones en salud, que permitan la rentabilidad que garantice la sostenibilidad
del sistema con la calidad y los indicadores que tuvimos hasta hace dos años atrás.
Cuando llegó Petro, con su ministra Corcho y luego con su ministro Jaramillo, se
empezó a demoler aceleradamente el sistema contributivo que subsidiaba la atención
en salud de más del 90% de los colombianos, incluidos, por supuesto, a los más pobres
a través del Sisben. Con la insistencia de SURA, que ha sido ejemplo de eficiencia,
optimización y calidad en el servicio en el ámbito nacional e internacional, en
retirarse, advirtiendo que está en causal de intervención gubernamental y en altísimo
riesgo de muy próximo incumplimiento en los pagos de sus obligaciones con proveedores,
el sistema de salud construido durante 30 años se termina en Colombia.
No fue necesaria la reforma a la salud para aniquilar
el sistema, solo sirvió para mantenernos distraídos, mientras el chu chu chu, hacía
carrera, no pagando a las EPS lo adeudado y no ajustando la UPC.
Lo único cierto es que, de salir la reforma como
está planteada, se reafirmará la estatización de la salud, como ya está sucediendo,
y no se dará ninguna señal que permita animar otra vez la participación de la inversión
privada en el sistema de salud colombiano.
Protégenos Señor de las malas intenciones de nuestro
nefasto y dañino presidente, que ya acabó con el sistema de salud de los colombianos,
tiene en muy malas condiciones a Ecopetrol, empresa soporte económico del país,
y ahora quiere seguir con los servicios públicos domiciliarios, a los que ya les
ha asestado golpes letales.
