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La inédita y reciente declaración de la presidenta
en ejercicio del Perú, Dina Boluarte, señalando al actual presidente de
Colombia como persona no grata en dicho país, es una confirmación a Keiko
Fujimori y al Congreso del nuestro vecino. Petro, quien indignado reclamó en la
Celac del pasado 24 de enero sobre la destitución de Castillo, volvió a decir
que la policía del hermano país se había comportado como nazi, a raíz de su
incursión a la Universidad de San Marcos. Y lo declaró pocos días después que 7
policías fueran masacrados en una emboscada de remanentes de los “terrucos”
(terroristas) de Sendero Luminoso en Picharí, Cusco, reconocidos “porteadores”
de cocaína hacia el Pacífico (VRAEM) o hacia Brasil vía Loreto. Repitió la
acusación que en su momento hizo contra el propio Estado colombiano: Estado
nazi. Lo mismo dice Putin de Ucrania.
Desde la guerra con el Perú en 1934, Colombia no
había tenido un comportamiento político tan errático, especialmente con sus
vecinos limítrofes. Nunca se criticaron los generales golpistas peruanos Juan
Velasco Alvarado (1968) y Francisco Morales Bermúdez (1975) aunque sí se
recibió asilado al expresidente Alan García en 1992.
Las dos visiones políticamente opuestas de Fujimori
y Boluarte refuerzan la posición del Comité de Relaciones Exteriores que el 10
declaró: “Expresamos nuestro rechazo a
las inaceptables expresiones (…) que constituyen una ofensa a nuestra Policía
Nacional del Perú (…)”. El 15, Keiko Fujimori le espetó a través de medios
al primer mandatario colombiano, funcionario a quien rotuló de guerrillero: “le
voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú”. El 18, el Congreso
en pleno, junto con
la declaración de persona non grata, exhortó a los ministerios de Interior y
Relaciones Exteriores a llevar a cabo "las gestiones necesarias"
para garantizar que Petro "no ingrese al territorio nacional".
Y el pasado 19, la presidenta Dina Boluarte le dijo
a Petro que “no se meta donde no lo han llamado” y se dedique a “gobernar
a Colombia”.
Mientras Petro está embarcado en una Paz Total que
persiste en hacer agua, Castillo implementó el Pacto Ciudadano entre la
Comisión Nacional para el Desarrollo, Vida sin Drogas (Devida) y cocaleros,
para la erradicación “voluntaria y progresiva” de cultivos ilegales. En
su pasada charla, en diciembre, en Lima, en la Alianza Pacífico, esa
“flexibilización” de la lucha antidrogas de los últimos meses podría ser la
explicación de algún tipo de convenio entre los dos más grandes productores de
cocaína en el mundo y de la furia de Petro.
El embajador plenipotenciario de Colombia en Perú,
no se ha pronunciado al respecto, aunque la Cancillería de Colombia lo hizo el
pasado domingo 19, interpretando “…que este es un acto de carácter político del órgano legislativo del
Perú, que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica
relación con la hermana nación”.
No solo del Congreso, señor Canciller. Tanto de la
izquierda como de la derecha hay reclamos justificados contra Gustavo Petro
Urrego, quien se encuentra en medio de una turbulencia política y social.
