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Para unos, entre gobierno y ELN hay crisis;
para otros, apenas un malentendido. Pero en ambos casos se lamenta ese aparente
tropiezo en el proceso hacia la “paz total”, cuando lo preocupante es la
decisión de entregar el país, mediante ese subterfugio, a cinco “estructuras
violentas”.
Desde luego, el proceso con el ELN es el más
aterrador. Así como entre FARC y Juan Manuel Santos había completo
entendimiento desde antes de iniciar conversaciones en La Habana, es presumible
que entre el ELN y Petro haya completo acuerdo desde antes de Caracas, o de
cualquier otro lugar del mundo donde se reúnan.
Los seis años de simulacro de discusiones eran
necesarios para hacer creer que se “negociaba”, en vez de entregar el país
inmediatamente. Requería Santos tiempo suficiente para socavar y debilitar a
las fuerzas armadas con el frecuente cambio de sus cúpulas, y para completar la
toma mamerta de las “altas cortes”.
Ahora hay que hacer creer al país que entre el
gobierno y el ELN hay diferencias, cuando tanto el uno como el otro están
identificados como actores revolucionarios de obediencia castrista. Por esa
razón es preciso disimular, para que ambas partes aparezcan como contrapuestas,
cuando en realidad tienen un objetivo común. Lo que no sabemos es cuántas tretas
más y cuántos meses serán necesarios para hacer bien creíble el inexistente
contrapunto entre ambos actores de la conjura.
Tanto el expresidente Pastrana —cuya franqueza
denunciando las verdaderas motivaciones de Petro es laudable—, como María
Isabel Rueda —columnista siempre bien informada—, consideran que el proceso con
el ELN terminará en acuerdo para reunir una Constituyente.
Esta hipótesis es probable pero no
necesariamente concluyente. Para convertir a Colombia “legalmente” en un Estado
marxista-leninista, aunque una Constituyente sumisa y complaciente es un buen
mecanismo, hay algo más expedito, otra “supra constitución” (como la que
lograron las FARC en el tal “acuerdo final”), con el fin de completar lo que
falta para el absoluto triunfo “jurídico” de la revolución.
Después de la aprobación, en 2016, mediante una
mera proposición en las Cámaras del “acuerdo” con las FARC (de 312 páginas),
negado por el pueblo, el Artículo 374 de la Carta quedó como el vago recuerdo
del Estado de derecho. Cuando este regía, la Constitución solo se podía
reformar por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por Referendo. En
cambio, con el “acuerdo final” se modificaron centenares de normas legales,
violando en todos los casos la Constitución, para beneficiar la subversión y
paralizar al Estado. Ese espurio “acuerdo” inconstitucional, auténtico macro golpe
de Estado, ha sido aplicado rigurosamente tanto por su autor, Santos, como por
Duque, y ahora por Petro.
Repito que no sabemos cuántos meses tardará en
producirse el acuerdo Petro-Gabino, ni de cuántos centenares de páginas
constará, pero no ignoramos que irá mucho más allá de lo convenido por
Santos-Timo. Será otra supra constitución, radical e inflexible como sus dos
autores, pero no será sometida al azaroso proceso plebiscitario. Bastará con una
proposición untada de mermelada para que otro Congreso prevaricador hunda a
Colombia definitivamente en el abismo revolucionario.
Después de surtida esa horrenda trapisonda, los
cambios constitucionales y legales (empezando por la Presidencia vitalicia de
Petro) tendrán lugar en la República Popular, Democrática y Bolivariana de
Colombia, hermana de Venezuela y Protectorado Cubano.
***
¡Desde luego, también habrá mini supra constituciones
para complacer a las otras cuatro “estructuras” invitadas a la “paz total”!
