Por José Alvear Sanín*
Nuestro
comercio de exportación ha sido siempre más bien débil. De la monoexportación
cafetera, que hizo posible el despegue inicial de nuestra economía, pasamos por
varias etapas hasta llegar a la actual y dominante de los combustibles, porque
hasta septiembre de 2022 estos representan el 56.2 % de nuestras exportaciones
legales, es decir US $ 24.779 millones, frente a un total de US $ 43.823
millones.
Al
lado de los combustibles, las exportaciones menores son, principalmente,
manufacturas, 19.7 % y productos agropecuarios, 20.6 %.
En
2022 las exportaciones de petróleo y carbón aumentaron 84.9 % sobre el año
anterior, mientras las exportaciones menores crecieron un 34 %.
No
ha sido entonces malo el año 2022 en la parte visible de nuestro comercio
exterior, que se divide actualmente en dos sectores. La realidad es que bajo
Petro se perfila un antagonismo alarmante: El sector minero-energético, legal,
dinámico, en buena parte de propiedad estatal, sostén de la Tesorería y
generador de la mayor parte de las divisas reconocidas, es aborrecido por el Gobierno,
que lo estigmatiza mientras con sus políticas estimula implícitamente el
renglón ilegal, invisible y criminal de los narcóticos.
Nadie
sabe cuánto vale la exportación de cocaína y otros psicotrópicos, ni qué parte
de sus astronómicos ingresos regresa a Colombia.
Partamos
de la base de que las exportaciones de petróleo todavía superan las de cocaína,
pero también existe la posibilidad de que pronto, a medida que marchiten lo
minero-energético, el sector narcóticos se convierta en la principal fuente de
divisas del país.
En
términos generales la devaluación del peso —terrible para el país—, solo tiene
un aspecto favorable, la posibilidad de que ocasione aumento de las
exportaciones agropecuarias y manufactureras, porque el volumen de las
exportaciones de crudo y carbón no es sensible a la tasa de cambio.
No
debemos tampoco desconocer que la devaluación favorece especialmente a los
exportadores de narcóticos, el valor de cuyos insumos es pequeño, y su
rentabilidad, por tanto, inmensa, crecerá aún más. Ya lograron de facto la legalización.
Si
la cocaína es menos nociva que el carbón, el petróleo y las gaseosas, ¿por qué
no legalizarla? ¿Convendría sustituir los dólares del petróleo por los de la
cocaína?
Con
estos y otros planteamientos perversos, la presión por convertir el
narcotráfico en una actividad normal es alarmante. Si eso se logra, Colombia se
convertiría, al lado de Afganistán y Myanmar, en un completo narcoestado,
execrado justamente por el resto del mundo.
Ahora
bien, los exportadores de cocaína, que con la devaluación han visto un
astronómico incremento de sus ingresos en divisas fuertes, no están interesados
en la revaluación del peso. Al contrario, mientras más se devalúe nuestra
moneda, mayores utilidades dará su infame negocio.
Por
lo mismo es probable que para ellos sea preferible no aumentar mucho el
tonelaje exportado mientras siga la incesante devaluación del peso colombiano,
gracias a las obsesiones del Gobierno, que deliberadamente los favorece
mientras golpea los sectores legales de la economía con reformas tributaria,
agraria, laboral y sanitaria, que en nada impactan las actividades de los
narcóticos y la minería ilegal.