La entrega parcial
del país a las FARC estaba convenida, incluso desde antes de que Santos se
posesionara. No hubo negociación entre gobierno y guerrilla. En cambio, el país
fue sometido a un simulacro de seis interminables años, con el fin de hacer
creer que había habido un difícil tira y afloje para llegar a compromisos
mutuos y “lograr la paz”.
A través de esos
largos años se organizó una operación para eliminar la posible resistencia de
las fuerzas armadas a la entrega del país, para lo cual se decapitaron seis
sucesivas cúpulas militares, hasta lograr una débil y complaciente, mientras se
completaba la ocupación del poder judicial por conjurados y los medios eran
amansados con copiosa mermelada. Cumplidos esos procesos no fue difícil robarse
el plebiscito.
En resumen: una
parte lo cedió todo y la otra lo ganó todo, porque el “acuerdo final” es una
supraconstitución que somete al país al monitoreo de las FARC. Ellas disponen
del sigiloso Cesivi, para autorizar o vetar las decisiones del gobierno. La
impunidad la garantiza la JEP, que además ejerce vindicta contra el ejército.
La Comisión de la Verdad falsifica la historia y su versión se impartirá en
todas las escuelas y colegios, donde también imperará la ideología de género.
Curules sin votos. Eliminación de antecedentes judiciales. Enormes partidas
para el sostenimiento del Secretariado. Docenas de emisoras. Salarios y
“emprendimientos” para los “exguerrilleros”. Eliminación de la erradicación
aérea y del glifosato, amén de estímulos para los narcocultivos. Inhibición de
la fuerza pública para intervenir. Nula reparación de las víctimas, a las que
además se ignora, etcétera, etcétera, etcétera.
Es claro que el ELN
entrará a gozar de todo lo ya concedido a las FARC, dentro de lo que podríamos
llamar “la cláusula de la guerrilla más favorecida”. ¿Qué más pueden
pedir?
Para negociar se
requieren partes enfrentadas en sus posiciones y pretensiones, lo que no se
dará en la pretendida confrontación Gobierno-ELN.
El Pacto Histórico
se presenta públicamente como una organización de fachada formada por una
coalición de matices de extrema izquierda, pero en realidad es un mecanismo
político dirigido desde Cuba a través del partido comunista clandestino, cuyo
“politburó” ha ejecutado metódicamente, durante largos años, el plan estratégico
que ha llevado al poder a Petro con el fin de cambiar el modelo económico,
jurídico y social. El ELN y las FARC son elementos primordiales dentro del
engranaje que actualmente ejerce la totalidad del poder político en Colombia.
En esas condiciones
es claro que entre Petro y Gabino no hay discrepancia. Con el ELN, entonces, ya
todo está convenido, y por lo tanto veremos un nuevo simulacro de negociación,
que avanzará sincronizadamente con el Gobierno hasta que “estalle otra paz”, no
sabemos dentro de cuántos meses.
El ELN seguramente
exigirá más decisión en lo del decrecimiento de la industria extractiva, del
cual han sido precursores volando oleoductos y anegando en crudo tantos ríos.
También reclamará mayor rapidez en la “reforma agraria integral”, presionando
por un más amplio componente colectivista en ella y exigiendo tolerancia y
estímulo de las invasiones de haciendas productivas, para lograr la más
expedita forma de desposeer a los odiados terratenientes.
El odio del ELN por
la ganadería, la inversión extranjera, las compañías petroleras y la libre
empresa, es virulento, mientras en el ejecutivo es solapado, como su titular.
En el fondo, Gobierno
y ELN están identificados ideológicamente, sin fisuras, y en consecuencia, a
todo lo que pida esa guerrilla se accederá frente a su convidado de piedra.
La entrega será
total. Esa, y no otra, será la “paz total”.
