Por Pedro Juan González Carvajal*
Muchas veces, insisto, los
colombianos confundimos los conceptos de desarrollar, de desatrasar y de
reconstruir.
Hace centurias, los indígenas
Sinúes tenían controladas las abundantes aguas de los ríos San Jorge y Sinú que
han impactado históricamente al hoy llamado territorio de La Mojana.
Lamentablemente agricultores y
ganaderos se han encargado a través del tiempo y ante la mirada impertérrita de
las autoridades, de rellenar con tierra los canales denominados como Los
Esteros de San Esteban, los Camellones del Río San Jorge y Caño Carate (Considerados
por la Unesco como Patrimonios de la Humanidad) para habilitar tierras
labrantías y potreros, lo cual ha dejado desprotegidos a los habitantes de la
zona y hemos tenido que reconocer que este pedazo de la Patria se ha convertido
en una zona de alto riesgo en épocas invernales, por lo cual debemos aplicar
recursos del escaso presupuesto para tratar de manejar unos impactos que los
aborígenes ya tenían resuelto.
Ni qué decir en Canal del Dique,
iniciado por nuestros aborígenes y “ampliado” por los colonizadores españoles.
No hemos podido o no hemos querido realizar un verdadero proyecto de
repotenciación y mantenimiento de esta magna obra para que esta infraestructura
continúe prestando sus servicios y no sea vista como una catástrofe potencial para
sus vecinos ribereños.
Se anuncia con bombos y
platillos la reconfiguración de una organización que se encargue del mercadeo
de los productos agropecuarios de los pequeños productores campesinos, función
que hace decenios cumplía el Idema, que lamentablemente se convirtió en un nido
de ratas, y en vez de acabar con las ratas, al iluminado gobierno de entonces
le dio por cerrar la empresa.
Todos no quejábamos del mal
servicio del sistema de salud en cabeza de las EPS y de los atropellos que se
cometían en la atención de pacientes, sobre todo los más vulnerables. Para no
caer en ese berenjenal, se buscó el esguince de la medicina prepagada por parte
de los más pudientes (evidenciando el descontento), y hoy que la nueva Ministra
de Salud propone un sacudón al sistema, salen defensores y contradictores de
oficio a defender lo antes criticado… mmm… ¡Inconsecuentes!
La educación superior es un
servicio público desarrollado por agentes públicos y privados. En números
redondos tenemos casi 300 instituciones de educación superior, de las cuales 50
son de élite y las otras 250 ubicadas a lo largo y ancho del país, todas con
licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, lo
cual desdibuja la referencia despectiva de “universidades de garaje” ya que el
Ministerio aprobó su creación, le ha dado registros y tiene toda la potestad de
vigilancia permanente. Si se quiere aumentar cobertura y garantizar equidad en
los territorios, es con esas 250 entidades con las cuales se debe contar, -pues
tienen sedes, experiencia, flexibilidad, horarios especiales-, para las cuales
debe haber un programa de apoyo en lo económico, una categorización por tamaños
y capacidades en los temas de acreditación de calidad, un respeto real por la
pomposamente denominada “autonomía universitaria”, lo cual es insignificante
para lo que debería ser, y un cambio estructural de los procesos y
procedimientos que desarrollan las diferentes instancias de autoridad
educativa, para que conceptos como oportunidad y pertinencia no sean golpeados
por las demoras tradicionales de estos entes administrativos.
Los sueños, las ideas, los
diseños de las múltiples obras de infraestructura en todos los frentes que
requiere el país, no nacen en medio de conversaciones entre amigos, sino a
través de la historia, donde diferentes personajes e instituciones se han
ocupado de los asuntos de su territorio en algún momento del tiempo.
Para el caso de Antioquia se
destacan nombres como Mon y Velarde, José María Villa, Francisco Cisneros,
Gonzalo Mejía, Diego Calle Restrepo, Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverri y
Andrés Uriel Gallego , entre otros tantos ilustres personajes, e Instituciones
como la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, la Facultad de Minas, El Plan
Estratégico de Antioquia -Planea- La Gobernación de Antioquia, el IDEA, La Alcaldía
de Medellín, Empresas Públicas de Medellín y algunos otros entes territoriales
y organizaciones privadas que han dejado plasmadas, registradas y almacenadas sus
propuestas bajo la figura que se conoce como “Banco de proyectos” que está a
cargo de las Unidades de Planeación y donde existen, a través del tiempo,
infinidad de proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Persona o entidad
que proponga obras sin haber validado sus ideas con lo que albergan este “Banco
de proyectos”, es un desordenado o es un corrupto inconsciente, pues esos
proyectos tuvieron costo en su momento y además no tiene sentido inventar la
rueda. Hay que ir, investigar, revisar, verificar y obviamente actualizar esos
proyectos a las realidades del hoy, antes de tomar decisiones.
En Medellín, tenemos el
ejemplo del Metro del cual, sin duda, nos sentimos orgullos. Sin embargo, no
podemos olvidar su traumática construcción llena de demoras y sobrecostos entre
otras razones por no respetar el diseño original y lógico que debería
conducirlo por el borde del río en franja destinada para ese fin. A la hora de
la verdad, como suele ocurrir, primaron los intereses de algunas personas a
quienes les interesaba que entrara al centro de la ciudad para poder vender a
alto valor sus predios. Ahora, aparentemente, se corregirá ese error con la
construcción del tren del río que se hace indispensable para contrarrestar la
inevitable saturación del Metro.
Y relacionado con el tema
anterior, es inevitable mencionar el grave error histórico de haber permitido
la extinción del sistema de ferrocarriles que ahora se procura recuperar. Los
sistemas ferroviarios han sido motor de desarrollo en los países más avanzados
del planeta y Colombia, que tuvo un buen sistema, lo dejó morir, de nuevo y en
parte, por intereses de empresarios de otros medios de transporte a los que no
les convenía esta competencia.