Por John Marulanda
Si son comunes los
asesinatos de cristianos en Oriente Medio y África, ya es tiempo de entender
que en América central existe un país con una dura persecución contra sus
practicantes católicos. Se trata de Nicaragua. El nuncio apostólico Waldemar
Stanislaw Sommertag fue expulsado en marzo; unas 18 monjas de la Asociación
Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta abandonaron el
país; 9 sacerdotes y otros colaboradores permanecen incomunicados en la cárcel
de El Chipote; Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, se encuentra reducido
a prisión en su residencia familiar en Managua; 8 radioemisoras y 3 tele
canales cristianos fueron cerrados y un sin número de fieles han sido detenidos
e interrogados por las fuerzas policiales de Ortega y su esotérica esposa
Rosario Murillo.
Ante el pedido de 17
organizaciones opositoras, el reciente llamado papal a una charla entre el
gobierno y la iglesia católica nicaragüense fue claro, aunque repetitivo: "Quiero expresar mi convicción y mi
deseo de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las
bases para una convivencia respetuosa y pacífica" dijo Francisco en su discurso del pasado
domingo.
Lo anterior
palidece frente a la cruda realidad de la ausencia de Colombia en el Consejo Extraordinario
de la OEA que condenó la histórica reacción del gobierno nicaragüense frente a
las críticas sazonadas del púlpito católico. Con 27 votos afirmativo, 1 en
contra, 4 abstenciones y dos ausencias, las de Colombia y Nicaragua, la sesión
extraordinaria del Consejo culminó con una condena generalizada a la tiranía de
Ortega-Rosario por “hostigamiento” y violación a los derechos humanos.
El recientemente
designado embajador en ese país, exparlamentario León Fredy Muñoz, fue retenido
en el aeropuerto José María Córdoba, el 31 de mayo de 2018, con 146 gramos de
cocaína. Un delincuente frente a las leyes actuales y quien ya está llamado a
responder por su delito por la Corte Suprema de Justicia. El embajador ante la
OEA, magistrado Luis Ernesto Vargas, tampoco apareció en el evento, siendo la
colombiana una de las más nutridas delegaciones de país alguno. La cancillería
explicó que la no presencia de estos personajes se debió a que no tenían el
reconocimiento oficial como representantes diplomáticos de Colombia ante las
autoridades de la embajada de Nicaragua y de la OEA. Vanas justificaciones y
débiles argumentos frente a un severo riesgo contra nuestra soberanía pues, si
como dijo el presidente electo habrá que cumplir el fallo de la Corte de la Haya
sobre los nuevos límites marítimos en el Caribe, las cartas parecen estar jugadas
frente a sus compinches de Nicaragua y Venezuela.
En la actualidad
existe un litigio pendiente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
del 16 de septiembre del 2013, para una delimitación de la Plataforma
Continental Extendida, más allá de las 200 millas. El otro, del 26 de noviembre
del 2013, por supuestos incumplimientos al fallo del 2012, ya fue aclarado por
la mencionada Corte.
El ex embajador de
Estados Unidos en el país centroamericano, Arturo McFields, hizo una
declaración pertinente: “Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una
carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en
contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos
de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo
extraordinario”.
Y el empresario cristiano brasileño Leandro
Ruschel dijo: “Haciendo aún más claro su alineamiento con el movimiento
totalitario de extrema izquierda en América Latina, Petro ordenó a sus
diplomáticos abstenerse de la sesión de la OEA prevista para condenar los
crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua”.
“La posición de
Colombia frente a la situación en Nicaragua, al abstenerse de condenar la
aberrante y violación sistemática de derechos humanos del gobierno de Ortega,
es una gran vergüenza…”, trinó el 14 de agosto el excandidato presidencial
colombiano Sergio Fajardo.
Y tras esa timidez,
va la cesión de soberanía como lo ha hecho el país desde 1810, entregando un
54% de su suelo a diferentes nacionalidades, inclusive a la nicaragüense.