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La inesperada salida de más de 50 oficiales de alta
graduación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se hizo como con
la varita que utilizan los baristas para quitarle espuma en exceso a su
producto. “Descremar el café”, dicen. No en vano, ahora se habla de barrida sin
que nadie proclame una masacre laboral, como se haría en otros campos
empresariales. Total, todos estos señores oficiales tienen una buena pensión
que para nada les afecta su supervivencia cotidiana. En tal ejecutoria, como lo
dijo el propio presidente, “las decisiones tienen grados de injusticia, no son
perfectas”, pues no todos los llamados a calificar servicios están involucrados
en investigaciones penales, administrativas o disciplinarias. Sería largo y
dispendioso hacer la relación con sus “pecadillos” de los que salieron, algunos
de ellos aún en periodo de prueba, pero desde Acore (Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) se señaló en privado y por
adelantado, la relación de algunos de los defenestrados.
Argumentar que los nuevos comandantes militares y de policía
no tienen la experiencia de sus antecesores en inteligencia y contra el crimen
organizado transnacional, es una presunción. El que no sabe aprende,
aprendieron desde la escuela militar y ahí están los suboficiales que todo lo
conocen. No es tan difícil, aunque táctica y estrategia requieren cierto
esfuerzo de aprendizaje. Un caso excepcional es el de sanidad, al cual
dedicaremos algunas líneas posteriormente.
Por otra parte, impartir la orden pública de que cualquier
masacre o atentado contra alguno de los líderes sociales conlleve una anotación
en la hoja de vida, que hoy en día se hace, de los comandantes
jurisdiccionales, debe realizarse previa investigación, fácil o compleja, corta
o larga. Si bien se aprendió desde la escuela militar que el comandante es
responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus subalternos, es claro que los
recientes incidentes mortales que afectan a los llamados “líderes sociales” no
forman parte de la responsabilidad de unidades militares sino de sicarios
motorizados en su guerra por las rutas de salida de la cocaína hacia el Pacífico
o hacia la frontera colombo-venezolana y por el control de los cultivos
prohibidos. Con la ONU estamos de acuerdo, pues es el deber prioritario de
militares y policías en todo el país preservar la vida de los ciudadanos.
La pregunta subsiste: ¿En dónde están las alertas tempranas
de la Defensoría del Pueblo y de la Personería local? ¿Con qué criterio
operacional actuará un comandante militar frente a las mencionadas alertas? Lo
del presidente es una orden general, confusa y que llama a engaños. Ante una
orden poco clara, amenazante si se quiere, que rememora a algunos comandantes
militares o policiales atrabiliarios e ignorantones, no queda otra opción
diferente a la de acatar la instrucción y que alguien de confianza ¿ministro de
Defensa? le hable al oído al presidente. Desafortunadamente, el nuevo
funcionario ministerial no goza de toda la simpatía y solidaridad de los
cuerpos armados de Colombia. De ahí a que se desarrolle una campaña política
que, junto con la propuesta de reforma constitucional, alargue el periodo
presidencial a 6 años, da para pensar que estamos siguiendo el advertido mismo
patrón socialista que hace furor por estos días en la región, de convertir la fuerza
pública en una guardia pretoriana para garantizar la seguridad de los ahora
dueños del poder. Como en la Venezuela de la “brisa bolivariana”.
Ayer por la tarde el ministro de Defensa y su presidente,
pospusieron la ceremonia de reconocimiento a los generales de las Fuerzas
Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en un desplante
histórico e inaceptable de un primer mandatario a los mandos militares y
policiales.
