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Lo que los comunistas entienden por “reforma
agraria”, repartición de las tierras productivas como paso previo a la
colectivización, es un dogma de imperativo cumplimiento.
Nunca consideran la posibilidad de una reforma
agraria productiva como, por ejemplo, las de la Rusia postsoviética o la de la
China después de Mao, que devolvieron la libertad empresarial al campo, ni la
importancia ecológica de las tierras incultas, ni la aparición de una
“agricultura inteligente” para hortalizas, con alta tecnología, donde el
terreno es lo de menos, porque se cultiva en invernaderos, galpones y terrazas
urbanas.
Hay que erradicar, en cambio, el ánimo de lucro
y la iniciativa privada. A los agricultores eficientes se los despoja de las
tierras, bien sea de manera violenta o mediante la expropiación, que ahora en
Colombia se llama “democratización”, para no emplear ese asustador vocablo.
La “reforma” de la minagricultura, Cecilia
López Montaño, consiste en elevar arbitrariamente los impuestos prediales para
estimular la explotación de predios incultos, de manera que los propietarios,
desesperados, le vendan al gobierno al precio que este fije, a cambio de bonos
basura, en realidad, porque serían de muy bajo interés y a largo plazo, de
manera que la inflación se los coma en poco tiempo. En esas condiciones se hace
reforma agraria a bajo costo.
Ese es el principio explícito de la “reforma
agraria” de Petro, para no hablar de la amenaza adicional sobre cultivos que no
correspondan a “la vocación ecológica” de los terrenos, definida por los
burócratas del Ministerio.
Pasar de esas amenazas a la compra masiva de
tierras no es muy difícil, pero demanda algún respeto por formalidades,
tramitología y cierto tiempo. Precisamente por esos escollos avanzará otra
“reforma agraria”, implícita, expedita e inexorable, que consiste en la
invasión y ocupación de predios productivos, bien sea por grupos indígenas, o
por “movimientos campesinos”, además sin costo para el fisco.
Ese procedimiento, ya bien ensayado en el
Departamento del Cauca, donde no fue combatido por el gobierno anterior, ahora
empieza a tomar mayor ímpetu, sobre todo porque Petro ha dicho que la solución
en esos casos es el “diálogo”, y la ministra agrega que “la paz prima sobre
el derecho de propiedad”.
Uno de los primeros nombramientos de Petro
recayó en Rangel Giovani Yule Zape, líder indígena de las organizaciones que
promueven la ocupación de tierras productivas, y protagonista de actos
terroristas ejecutados en Cali durante el llamado “estallido social”, en el que
su minga estuvo presente.
Más que un nombramiento, lo del señor Yule fue
el anuncio de la tolerancia con la que el gobierno responderá a la violencia
para constituirla en modo adquisitivo de dominio.
Por otra parte, la ministra también ha dicho
que lo de las tierras indígenas improductivas no se tocará, ni con reforma ni
con impuestos, así los resguardos de 720 pequeñas comunidades (4% de la
población) ocupen 30 millones de hectáreas, ¡superficie comparable a la de
Alemania!
Es bien claro entonces que la reforma petrista
avanzará simultáneamente, tanto por la vía lenta de la López Montaño como por
la rápida de Yule Zape. Lo único que les importa es cumplir con el imperativo
agrario marxista-leninista, injusto, regresivo, improductivo y colectivista,
que ocasionará inexorable hambruna, como fue en la URSS, la China de Mao, y
desde siempre, en la famélica Cuba de Castro y en la pobre Venezuela.
¡Queda el consuelo de que cuando ya no haya
comida, la importemos, para cocinarla con gas venezolano!
