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El recientemente designado ministro de Defensa, Iván
Velásquez, es una muestra de lo que espera a la mayor empresa del país:
Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional. Las reacciones han sido
emocionales frente al nombramiento de Velásquez, que nos cogió por sorpresa a
todos, aunque como dicen, en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.
Dos precisiones: la institución de mayor confiabilidad en
el país, según las encuestas, son las Fuerzas Militares. Baste recordar las
demostraciones de admiración y cariño en las horas de la mañana, el 20 de julio,
durante el desfile militar, para contrastar con la algarabía congresional,
entidad que junto con los partidos políticos están en la última escala de las
mismas encuestas; y la Policía Nacional de Colombia no es policía militarizada,
como cacarean los petristas: es “…un cuerpo civil, armado…” dice
la constitución; que imite los uniformes y los grados militares es otra cosa.
El País, periódico de la izquierda española, aclaró que
Velásquez es “el hombre encargado por el presidente Gustavo Petro de
desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina”.
Sobran los
comentarios.
La Asociación Colombiana de Oficiales de las FFMM en Retiro,
ACORE, ha iniciado aproximaciones con el nuevo Mindefensa, para intentar
conocer sus intenciones, después de que ha sido expulsado de Guatemala por su
imprudencia y que ha denostado con más frecuencia de la debida contra la
Policía y en grado menor contra los militares. Su visión, sus proyectos y las
líneas políticas que marcarán el rumbo de los militares y los policías, son
claves para entender desde ya cuáles serán sus actitudes al respecto.
Por supuesto que se esperaría que el ministro de la Defensa
actúe con la magnanimidad que proclama en un reciente tuiter, aceptando
de hecho que su experiencia en el Crimen Organizado Transnacional le permitirá
judicializar a los militares involucrados en corrupción, casos conocidos de los
cuales no están exentos suboficiales, soldados y patrulleros.
Velásquez pasará a la historia como el funcionario que
sacará a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, para trasladarla: a.) a
otro ministerio ya existente, como el de Gobierno, lo cual reiniciaría un
proceso de politización de nuestros queridos patrulleros o b.) al anunciado nuevo
Ministerio de la Paz y Seguridad Social, lo cual implicaría un gasto excesivo
de recursos y funciones. La eventual división del Ministerio de Defensa en dos viceministerios,
el de Defensa para los militares y el de Seguridad Social para los policías y
otras organizaciones de fuerza, plantea un nuevo escenario en donde los
militares y policías retirados de Acore, Acorpol, Fecolsure, Acosipar y las
demás organizaciones de retirados, tendrán mucho que opinar, comentar y decir.
Exigen los retirados, eso sí, que, de manera pragmática, se
mantengan las asignaciones de retiro ganadas en buena ley, tanto como el
respeto por las tradiciones, rituales y procedimientos que datan de 212 años de
antigüedad y que constituyen el corazón de la moral institucional, regada con
la sangre de héroes anónimos desde 1810. Cualquier alteración a los símbolos
patrios, a los himnos, a las reglas ceremoniales y otros rituales, serán
mirados como una afrenta.
Dicho lo anterior, no es menor importante aclarar que la fuerza
pública colombiana en general es civilista y con seguridad que el domingo 7 de
agosto, rendirá los honores correspondientes al presidente electo, ceremonia de
la cual estaremos ausentes, naturalmente.
Los probables diálogos con las bandas criminales como el ELN,
las FARC, el Clan del Golfo, están siendo analizados con perspicacia y
prudencia por los retirados, como se hizo con los diálogos de La Habana, a lo
que hay que añadir los comentarios, críticas y observaciones de los
suboficiales, agentes, soldados y civiles pensionados del sector defensa, que
se han comunicado con la opinión pública a través de una articulación de 53
estructuras de retirados que insisten en observar toda la fenomenología
militar, policial, de seguridad y defensa del país. Creemos que dialogar con
esas organizaciones narcoterroristas, le traerá problemas de seguridad no solo
a Colombia sino también a nuestro vecino Venezuela, que las ha acogido y
repotenciado con cocaína y minería ilegal, nombrándolas retaguardia estratégica
de la revolución.
Adendo: el nuevo comisionado de Paz, Danilo
Rueda, es director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que en
su página web declara: “La existencia de diversas organizaciones armadas
guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la
rebelión armada reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y en los Derechos de los Pueblos, en tratados de humanistas y de iglesias en el
mundo”. Rueda fue protagonista, junto al hermano del primer mandatario
electo, de una visita de 6 horas a los presos de La Picota, cuando se les
ofreció el “perdón social” del que habló el presidente elegido. “Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. (…) De hecho,
la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en
Medellín era un señor Danilo Rueda…”, aseguró “el Tuso Sierra” en agosto de
2020. Así van las cosas por Colombia, gemelo de Venezuela.
