Por John Marulanda*
Pocos ejércitos, si alguno en el mundo, y con certeza
ninguno en América Latina, puede presentar estadísticas más estremecedoras que
el colombiano en las décadas recientes.
Catarsis
Según el informe Catarsis, entregado a la JEP, justicia diseñada en Cuba por
el secretario del Partido Comunista español, 5.707 militares fueron
desaparecidos, 18.841 asesinados fuera de combate y 316 secuestrados, con corte
a 2016. De las 269.573 víctimas militares que registra el informe preparado por
el ejército y varias universidades, la JEP hasta ahora solo ha reconocido a
320.
Después de Afganistán, Colombia llegó a ser el país con más
minas antipersonales sembradas en el mundo. Como consecuencia del empleo por
parte de las FARC de estas armas prohibidas en el tratado de Ottawa de 1997,
7.829 víctimas son militares, pero solo 2.195 están reconocidas en el Registro
Único de Víctimas. 71,9 % de los militares afectados, aún no pueden acceder a
un sistema de reparación integral.
Por otro lado, según el consejero presidencial para la
Estabilización y la Consolidación, a 13 mil exnarcos terroristas farianos cuyas
garantías asignadas en el acuerdo habanero vencían en agosto de 2019, esta
administración se las prorrogó por tiempo indefinido. Es el proceso más
garantista de todos los procesos de reincorporación en el mundo, asegura el
funcionario, mientras en Colombia hoy se asesinan diariamente un promedio de
dos miembros de la fuerza pública, por la espalda y en estado de indefensión.
Y la guerra política
Los resultados operacionales de las fuerzas militares y de
la policía, son aprovechados retóricamente para desprestigiar las
instituciones, minar su moral y entorpecer su operatividad. Los bombardeos, por
ejemplo, legales y legítimos a la luz del DIH, son “asesinatos de niños” y
cínicamente se exculpa a los terroristas del reclutamiento y presencia en sus
campamentos de menores de edad. Imposible negar los “falsos positivos” por
parte de miembros de la institución, pero la JEP especula con unas 6.400
ejecuciones extrajudiciales, sin nombres, fechas, lugares, como lo denuncia la
candidata María Fernanda Cabal, una mujer de carácter. Este número arbitrario
recuerda los 1.000 muertos de las bananeras de García Márquez (que no fueron
más de 17, pero “había que llenar un vagón…”) y los 30 mil desaparecidos
durante la dictadura en Argentina (inventados, no como frivolidad sino como
política, como confesó el exmontonero Luis Labraña). Ya se sabe: lucha política. La
creación de una sala especial para militares dentro de la JEP, es más urgente
que nunca y ayudaría a aliviar la desconfianza que la gran mayoría de
colombianos siente hacia esa ilegítima supracorte profariana.
En reciente sentencia, la Corte Constitucional autorizó el
linchamiento público de varios comandantes militares, con un afiche titulado
“¿Quién dio la orden?”, pregunta que de por sí, indica la incertidumbre de la
situación. Sin un proceso legal completo, sin ser condenados en firme, se
intenta estigmatizar ante la opinión pública los militares allí señalados,
mientras los autores confesos de crímenes de lesa humanidad campean en el Congreso
sin cejar en su lucha por el poder político, en paralelo con sus colegas que en
la selva y con el apoyo de Venezuela, arrecian el terrorismo armado.
A pesar de esta campaña la institución militar del país
neogranadino sigue siendo estadísticamente la más apreciada en el sentir
nacional. En una reciente encuesta entre jóvenes, en un importante diario
bogotano, a la pregunta “Qué tanta confianza tienen en…”, la respuesta fue,
tratándose de jóvenes, sorprendente: primero las iglesias con el 43%, seguidas
en segundo lugar por el Ejército con el 42%.
Siendo la institución con mayor confianza y, por ende, con
mayor piso político en el país, la evidente falacia política de su maldad puede
pasar una cuenta de cobro muy dura, como lo seguimos advirtiendo.