Nadie puede negar que el gobierno hoy necesita
dinero en enormes cantidades para seguir funcionando y evitar un colapso
social, pero el camino escogido, el de una reforma desesperada y desesperante,
constituye un recurso extremo que destruye la clase media, esteriliza la
economía y pavimenta la llegada de Petro.
El ministro de Hacienda nos informa que tiene
caja para cinco o seis semanas. ¿Cree que con esa insólita amenaza, el
Congreso, despavorido, va a votar su proyecto? Si su Ministerio tiene
centenares de funcionarios de altísima competencia, ¿cómo es posible que el
titular no haya, con antelación de un año o siquiera de ocho meses, previsto lo
que se venía como efecto de la pandemia?
Un ministro zahorí —aun sin los cartones del
actual— podría haber adelantado oportunas negociaciones para reducir,
reprogramar, refinanciar y modular la deuda externa, con el propósito de precaver
el amenazante default al que estamos abocados.
No obstante, los gastos imprevistos pero
necesarios debidos a la pandemia, el gobierno no recortó el enorme despilfarro
estructural que caracteriza el gasto público a partir de 2008.
A diciembre 31 de 2020, la deuda pública
externa llegó a US $89.699 millones, cifra superior en US $15.864 millones,
registrada doce meses antes.
Por su lado, a 31 de diciembre de 2020 la deuda
pública interna alcanza 390 billones de pesos.
La amortización de ambas deudas está
presupuestada para 2021 en 70.5 billones de pesos.
El servicio de la deuda externa pública es del
orden de US $6.000 millones (unos 22 billones de pesos), y el de la deuda
interna pública es de unos $49 billones.
Si el hueco negro de la Tesorería es de unos $90
billones en el presente año, hay que actuar rápida y eficazmente. Por tanto,
nadie entiende que se pueda subsanar con los $25 billones de una reforma que no
le van a aprobar al gobierno.
Hay necesidad entonces de tomar medidas
extremas, pero sin hacer explotar el modelo económico y social. Posiblemente ha
llegado el momento de “quemar” reservas internacionales. Estas alcanzan la suma
de US $52.995 millones. Si el país prepaga unos US $40.000 millones, podría
reducir algo así como US $3.000 millones el servicio de su deuda externa, aliviando en cerca de diez billones de
pesos la Tesorería.
Pero como este alivio no sería suficiente, el
país tiene que enfrentar la realidad y tomar determinaciones como:
1. Dejar
de contraer nuevo endeudamiento diferente al requerido para mantener estable el
monto y el perfil de la deuda externa pública.
2. Rebajar
los gastos del Estado siquiera en un 20-25%.
3. Detener
el explosivo crecimiento de la deuda pública interna.
Todo lo anterior es difícil. Requiere voluntad
política. El imprescindible ahorro puede
comenzar por los diez billones anuales que cuesta complacer a las FARC con
gastos absolutamente innecesarios.
Si seguimos gastando, gastando y gastando,
todavía podremos aplazar el default, cada vez más oneroso, por algún tiempo,
hasta que lleguemos a una situación como la de Grecia o Argentina, con
imposición de ajustes más brutales aun que los propuestos por el actual
gobierno.
También es posible que el país no requiera
financiación después de agosto 2022, cuando Petro cambie el modelo, repudie la
deuda pública externa e interna, y nos permita disfrutar de las alegrías de la
emisión incontrolada del socialismo del siglo xxi.
Estamos expuestos al peor de los aterrizajes,
pero, sin embargo, hay muchos optimistas que piensan que la pandemia mundial
también es económica y que, por tanto, estamos en vísperas de un nuevo y
benévolo orden financiero y monetario global, para dejar atrás tanto dolor y
ruinas…
Esta visión económica idílica es propia de la
política - ficción en que vivimos, donde, como esto no es Venezuela… ¡aquí no
pasará finalmente nada!
