Por
Antonio Montoya H.*
En meses pasados tuve la oportunidad de ver, en un programa de televisión nacional, a los señores que dirigen los tres grandes entes de control y de investigación de Colombia como son la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General, juntándose para anunciar con bombos y platillos la acción conjunta para luchar contra el delito. Contaron cómo cada una de ellas tiene funciones propias y determinadas, aunque con un objetivo común, claro y definido que no es otra cosa que buscar que los funcionarios públicos y las empresas privadas, desempeñen con rectitud y probidad sus gestiones, al igual que sus empleados en el cargo que desempeñan y que tengan un adecuado comportamiento como empresas contratistas. Con base en ese parámetro de trasparencia, se investiga, juzga y condena o absuelva cuando se pruebe o no que su accionar es contrario a derecho.
Existen
hoy denuncias múltiples desde todos los lugares del país por sospechas de la
existencia de firmas de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, de otros
otorgados a dedo y de muchos de ellos suscritos con empresas fachadas con sobre
costos. Por ello espero que rápidamente concluyan esas investigaciones, que
entre otras cosas son bastante fáciles de investigar y se concluya en condenas
que ratifiquen la inequívoca vocación de las tres “ías”, combatir la corrupción
y el detrimento en el patrimonio público.
Además
solicito que de igual forma en que se juntaron para decirnos que abrían
investigaciones, comuniquen esas decisiones y digan quiénes son los
funcionarios corruptos y quiénes son las empresas que se prestaron para ganar
dinero con la necesidad de los ciudadanos que en horas de dificultad añoran
esas ayudas.
Nadie
en Colombia, puede desconocer la entrega absoluta que ha tenido el presidente y
sus ministros en la atención a la crisis que se nos vino por causa de la
pandemia; trabajan con denuedo día y noche, nos informan el avance de las
acciones que pretenden mitigar la crisis y con ello prorrogar las medidas o flexibilizarlas.
Pero de ahí surgen demasiados decretos que pretenden beneficiar a miles de
personas, a empresas y a vastos sectores de la economía nacional. Por ello la
importancia de los entes de control, que deben estar prestos a garantizar que
las ayudas prometidas lleguen al lugar donde se destinen, que no existan sobrecostos
en los contratos de mercados, ayudas médicas y que se eviten tanta
intermediación que hace que el dinero se diluya y se pierda en la maraña de la
corrupción.
En
días recientes se expidió un decreto para ayudar a los autores, artistas y
gestores culturales en los diversos departamentos y municipios y aún, en muchos
de ellos, no se entregan los auxilios, han surgido asociaciones que no existían
antes de la pandemia para pegarse de esos beneficios y evitar que lleguen al
destinatario real, se envían las certificaciones de las sociedades informando
quienes son los artistas y muchas no las tienen en cuenta y se entrega a
quienes no corresponde.
Otro
decreto importante es el que se expidió para ayudar a mantener el empleo en las
empresas. Debe tener seguimiento porque es una suma representativa y ayuda a
enfrentar problemas a quienes pretenden contribuir con que la economía no
colapse. Ese auxilio por trabajador facilita mantener su ingreso, pero aquí no
se ha utilizado todo porque no se ha solicitado, entonces debe protegerse que
esos funcionarios vean allí una fuente de enriquecimiento.
Son muchos los riesgos, por ello el presidente, y los colombianos de bien requieren la ayuda de las “ías”, para velar y proteger los dineros y recursos públicos. Así podrán vanagloriarse de que efectivamente colaboraron para evitar el crecimiento de la plaga de la corrupción en plena crisis económica y de pandemia.