Por José Alvear Sanín*
Desde el inicio de esta cuarentena se hizo
notorio que muchos alcaldes estaban comprando toneladas de alimentos a precios
por libra superiores a los que se obtenían al detal en las tiendas de barrio.
Ante la gravedad de esta nueva modalidad, la
señora vicepresidente propuso la organización de un “grupo elite” para
investigar y obtener, de manera expedita, las pruebas necesarias para sancionar
penalmente a esas “ratas de alcantarilla”, pero esa oportuna iniciativa fue
impedida por la triada de fiscal, contralor y procurador, burócratas
clientelistas y santistas, los personajes menos confiables en sus respectivos
cargos, expertos, eso sí, en investigaciones tan exhaustivas como inútiles.
El pasado 20 de abril, en un artículo
respaldado por excelente investigación, La
Silla Vacía analiza 48 contratos cuyos sobrecostos, al parecer, equivalen a
una suma suficiente para atender los auxilios requeridos actualmente por 68.000
familias… Y esto, probablemente, es solo la punta del iceberg.
Por otro lado, dentro los diarios episodios pintorescos
que ofrece, voluntaria o involuntariamente, se presentó a la alcaldesa de
Bogotá en su conyugal compra de mercado, que causó indignación no solo por la
violación de las regulaciones que esa señora redacta y reclama con estridencia,
sino por el mal ejemplo para los ciudadanos.
Con prontitud digna de mejor causa la Fiscalía
se ocupó de esa contravención, simple asunto de barandilla, como si se tratase
de un delito, por puro afán publicitario. Finalmente, la primera pareja
capitalina reconoció la falta y parece que pagó la multa, humilde suma para un
hogar que recibe más de cien millones de pesos mensualmente del erario, pero
nadie inició proceso al fiscal por extralimitación de funciones… ¡Por algo
estamos en el universo mediático!
Si un medio digital puede averiguar tanto
detalle oscuro de alcaldes de pueblo, ¿cómo es que las “ías” nunca ven nada? O
peor: ¿será que su labor es selectiva y obediente a criterios políticos?
Es evidente que la alcaldesa de Bogotá es
hiperactiva, exhibicionista, imprudente, conflictiva, competitiva, arbitraria, agresiva,
contradictoria e incontinente verbal. Diariamente ofrece shows a un país ávido
de entretenimiento en medio de la obligada reclusión, pero este loable afán de
distraer al pueblo no ha sido entendido por tantos columnistas, que
unánimemente censuran a la locuaz funcionaria, cuyo creciente y merecido
descrédito en los círculos que leen prensa no la afecta en los demás estratos.
Mientras disponga de presupuesto para repartir mermelada a los medios de radio y
tv, y mientras pueda ejercer su inagotable capacidad demagógica, tiene
asegurado un porvenir aterrador para la república.
Por tanto, conviene analizar los primeros meses
de su gestión descobalada y delirante, de la cual dan indicios más que
preocupantes los contratos que la opinión empieza a conocer, como los $6.000
millones para adquirir espacios publicitarios en radio, prensa, tv, Facebook y
Twitter y los $1.280 millones destinados a evaluar la percepción ciudadana de
su gestión, así como los que reflejan su munificencia con personas, como los
$227 millones por un contrato de seis meses con un individuo que le donó $33
millones para su campaña. Y los $273 millones para la twittera Larissa Lozano y
los $111.6 millones para Juliana Vernaza, los $95 millones para Selma Asprilla,
los $90 millones para Carlos Amaya, los $44 millones para el hermano de Antonio
Navarro Wolff, etcétera, etcétera.
Pero si en Bogotá llueve, en el resto del país
no escampa. En Medellín, a última hora fue abortado un contrato celebrado entre
la Alcaldía de Medellín y una papelería para la compra de 1´350.000 tapabocas,
por $2.641 millones, pero parece que no fue el único. Dicen que hace parte de
una pintoresca serie de adquisiciones multimillonarias.
Desde la Colonia se dice que la justicia es
para los de ruana. Por eso se teme que las investigaciones de las “ías” sean
únicamente para los alcaldes de ruana, mientras los burgomaestres de primera
clase pueden seguir dilapidando el tesoro para su engrandecimiento político
personal, fletando medios, pagando asesores de imagen y sosteniendo canales
locales de tv para inflarlos.
***
La declaración de Sergio Fajardo según la cual
está dispuesto a encabezar una coalición de todas las fuerzas contra Álvaro
Uribe en la elección presidencial de 2022, indica la más baja motivación,
porque el odio no parece ser la mejor bandera para lograr el desarrollo del
país, ni el expresidente aspira a volver al solio. Pero además, esa
manifestación es inocente y prematura, porque Claudia López no lo va a llevar a
la presidencia ese año, para que él, a su vez, se la asegure en el 2026. Entre
ella, Petro y Fajardo, la pelea por el primer puesto en esa elección
presidencial será a muerte.
***
Aunque menos impreparados que la generalidad de
los congresistas, los magistrados tampoco merecen los ingresos astronómicos que
reciben hoy por haber convertido la justicia en una institución tan
desacreditada justamente como las cámaras. ¡Y ahora, la corte suprema compra 51
camionetas Toyota (de $266 millones c/u) por $13.276 millones. ¿Por qué las
raposas togadas no pueden conducir sus carros particulares ni montar en bus?
