Por José Alvear Sanín*
Es
bien conocido el destino de la rana dentro de una vasija a la que se le aplica progresivo
calor. Su primera sensación es de bienestar, como si hubiera salido el sol,
pero a medida que aumenta la temperatura, el animalito va perdiendo el sentido,
hasta que llega la muerte, si una mano no interviene para sacarla a tiempo.
Este
símil se aplica a la Colombia actual, que se debate en la inmensa charca del
derecho colombiano, al que diariamente se le añaden leyes, decretos,
sentencias, resoluciones, conceptos, que aumentan la temperatura de esas aguas
fétidas. No todos esos actos jurídicos tienen la misma carga térmica, el mismo
propósito revolucionario, pero entre tantos sobresalen las continuas
violaciones de la Constitución, perpetradas por los órganos que deberían
defenderla.
A
partir del desconocimiento del resultado del plebiscito, estamos viviendo
dentro del golpe de Estado permanente o, como diría el doctor Jesús Vallejo
Mejía, en un régimen de facto. En
realidad, la Carta ha sido suplantada por un tal “acuerdo final”, que no es
tratado internacional, ni reforma constitucional, ni ley de la República, que
fue rechazado por el pueblo, pero birlando todos los postulados
internacionales, fue “aprobado” mediante una simple proposición como aquellas
con las que “se saluda a un visitante, se discute el orden del día o se une el
Congreso a la celebración de las ferias que en el país abundan”, como lo acaba
de resumir magistralmente Fernando Londoño Hoyos (junio 2/ 2019).
El
increíble resultado de esa seguidilla de gravísimas violaciones de la
Constitución es el régimen supraconstitucional que nos rige y maniata al
gobierno. Si este no se anula, condena a la República a morir ahogada en el
pantano o cloaca de aguas turbulentas y purulentas, donde al calor
revolucionario de sus enemigos, se van adormeciendo su conciencia y su
capacidad de reacción, porque cada decreto, cada ley, cada nueva sentencia
dentro de este “nuevo derecho” torcido, tóxico y delictual aumenta la
temperatura que conduce al sopor agobiante y letal de la agonizante democracia.
Ahora
una digresión: para terminar el canal de Panamá, Ferdinand de Lesseps se vio
obligado a pagar enormes sobornos, lo que no impidió la quiebra de su compañía.
El juge d´instruction le preguntó por
qué razón no había acudido a los ministros, y el viejo empresario respondió que
¡eran los ministros quienes exigían los sobornos!
Afortunadamente,
el gobierno de Duque, al contrario del anterior, no acostumbra sobornos, pero a
quien pregunte por qué no se acude a las “altas cortes” para que cesen las
violaciones de la Constitución, habrá que responderle que son precisamente esos
pomposos tribunales los que violan sistemáticamente la Carta, las leyes, el derecho
internacional y los principios jurídicos fundamentales, teleguiadas para
colaborar en la “hoja de ruta” marxista-leninista establecida por Timo y Santos,
para conducir el país a un estado castrista.
La
concatenación de sentencias inauditas de la JEP, el Consejo de Estado y la
Corte Suprema, para resolver en una semana todo lo requerido para que el
Honorable Representante Santrich pueda posesionarse no es, desde luego, la más
grave violación de todo el derecho, porque está dentro de la línea que sigue la
magistratura desde que colaboró en el robo del plebiscito y el establecimiento
de todas las normas requeridas para la implementación del AF. Esta actuación es
apenas lo que se esperaba desde hace un año; y lo grave es que ya el país
empieza a acostumbrarse a la presencia de ese individuo en el Congreso. Así
sube un grado más la temperatura…
Como
todos los mecanismos constitucionales y legales para romper la camisa de fuerza
tropiezan con las omnipotentes cortes, que se han arrogado el manejo supremo
del Estado hasta llegar a afirmar que la Carta es lo que ellas dicen, la
República no tiene esperanza distinta de la aparición de un brazo poderoso que
la saque a tiempo del hirviente albañal en el que se ahoga.
No
hay tiempo para más inútil carreta.